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En los últimos 11 años han asesinado a 30 agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en distintos estados del país, principalmente en Guerrero, Guanajuato y Michoacán.
La mayoría de los crímenes ocurrieron durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, con 16 casos; mientras que en la administración de Andrés Manuel López Obrador suman 14 homicidios.
Mediante una solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía informó que del total de homicidios de agentes de la FGR, únicamente tres están en etapa judicial, —con lo cual 90 por ciento están impunes—.
El año más letal para esta institución fue 2021, con seis uniformados asesinados, según los registros de diciembre de 2012 al mismo mes de 2023.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía, los municipios de Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero; Celaya, en el estado de Guanajuato; y Torreón, en la entidad de Coahuila, concentran el mayor número de asesinatos de elementos de la FGR, con un total de 12.
Casi todos los crímenes fueron en contra de agentes de investigación y ministerios públicos federales asignados a las delegaciones de la dependencia en las diferentes entidades de la República.
También ocurrieron tres homicidios contra dos comandantes, uno en Veracruz y otro en San Luis Potosí; además del delegado de la institución en Guerrero, asesinado el 12 de septiembre de este año, como lo informó El Sol de Acapulco.
El pasado 5 de diciembre, en San Luis Potosí, dos agentes de la FGR fueron atacados por hombres armados, cuando recorrían la capital de la entidad. Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras el otro resultó con heridas de gravedad. Con este homicidio suman dos casos en los últimos tres años en el estado, de acuerdo con El Sol de San Luis.
El aumento de homicidios de agentes de la Fiscalía entre 2021 y 2022 obedece al fin de la política de “abrazos, no balazos” que López Obrador aplicó al inicio de este sexenio, explicó el analista y experto en seguridad pública David Saucedo.
Dicha estrategia de seguridad consiste en una especie de tregua con los grupos criminales, pero, ahora, por presión de Estados Unidos, ha cambiado, por lo que la FGR hace más labores de investigación para lograr detenciones de criminales de alto rango y aseguramientos de droga, explicó.
“La FGR comenzó a hacer labores de investigación que se reflejaron en decomisos y detenciones que causaron una reacción del crimen organizado frente a este viraje del gobierno federal. No solo contra personal de la Fiscalía, sino también de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”, declaró a El Sol de México.
A decir del especialista, uno de los puntos débiles de la FGR es la falta de presupuesto para algunas de sus delegaciones en estados con mayor índice delictivo, como Guanajuato, Michoacán y Guerrero, lo cual se reflejaría en la falta de investigación.
Para el próximo año, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, recibirá un presupuesto de 19 mil millones de pesos, mientras que Secretaría de la Defensa Nacional obtendrá 259 mil millones de pesos y la Marina 71 mil millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.
Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, 58 por ciento de la población tiene la percepción de que la FGR es corrupta. De más de dos millones de carpetas de investigación iniciadas en 2022, solo cuatro por ciento llegó a los juzgados, según el censo sobre Procuración e Impartición de Justicia del Inegi 2022.
El diputado federal por Morena y secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Hamlet García Almaguer, reconoció, en entrevista con este diario, que los homicidios de agentes de la FGR impactan de manera directa el actuar de los funcionarios de esa dependencia.
Agregó que se necesita protección y seguridad para funcionarios de la FGR, con el fin de que cumplan sus labores contra la delincuencia. “Respecto a la judicialización de los casos, es algo que le corresponde directamente la Fiscalía General de la República, la investigación de estos delitos cometidos contra sus integrantes es su responsabilidad”.
El legislador jalisciense dijo que se requiere coordinación entre la Federación y los estados, así como inversión en las dependencias de seguridad y justicia, para evitar este tipo de delitos de alto impacto e impunidad en los mismos; como ejemplo, puso el modelo de la Ciudad de México.
“Al gobierno de la Ciudad (de México), con la doctora (Claudia) Sheinbaum, no se le adjudicaron los homicidios u otros delitos de alto impacto a la Federación, tomó el toro por los cuernos e invirtió recursos; por ejemplo, la ciudad pasó de 15 mil a 60 mil cámaras en cuatro años, es una de las inversiones más grandes que se ha tenido a nivel nacional”.
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