Redacción El Coahuilense
CDMX.- El Gobierno de México inició una investigación bajo las reglas del T-MEC por una presunta violación a los derechos laborales de los trabajadores de Industrias Tecnos, empresa fabricante de cartuchos y uno de los proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En comunicado conjunto, las secretarías del Trabajo y de Economía explicaron que la revisión surge de una petición del gobierno de Estados Unidos hecha el 24 de junio pasado, por presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la empresa.
Según el Sindicato Independiente de Productos Metálicos, la fabricante de municiones les ha negado a los empleados la posibilidad de asociarse, motivo por el que de 2022 a la fecha han sido despedidos 300 personas, acusaron representantes de la organización de trabajadores en una conferencia de prensa el pasado 1 de julio en Cuernavaca.
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Industrias Tecnos, dueña de la marca Aguila Ammunition, es una empresa mexicana que produce cartuchos de armas de fuego cuya planta está ubicada en Cuernavaca, Morelos.
“Proveemos a instituciones nacionales y contamos con más de 200 distribuidores en México. Nuestros productos se venden en 28 países, principalmente en los Estados Unidos, gran parte de Centro y Sudamérica, Europa y Asia”, dice la página web de la marca Aguila Ammunition.
La empresa surgió en 1961 de la fusión del grupo Cobre de México, Banco Nacional Mexicano y Remington Arms Company, esta última, compañía de origen estadounidense, bajo la dirección de los hermanos Israel y Pablo Brener. En 1970 la asociación tomó el nombre Industrias Tecnos y creó la marca Aguila Ammunition, que comenzó las exportaciones de cartuchos a América del Norte y Centroamérica en la década de los 90, según su página de internet. En diciembre del año pasado, León Brener-Hellmund fungía como su consejero presidente.
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El 8 de junio de 2021 un comando robó siete millones de cartuchos útiles calibre .22 Long Rifle (LR), así como 9 milímetros, 40, 38 especial, .410, 7.62 y calibre 12 de un cargamento de Industrias Tecnos.
El asalto ocurrió cuando dos tractocamiones transportaban las municiones por el municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato. El embarque se dirigía a Texas.
Una semana después, la Sedena informó que el asalto pudo ser cometido por uno de los cárteles más poderosos del país. En ese entonces, la zona era disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
La dependencia también investigó al Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), encargada de custodiar los vehículos, por presuntas irregularidades, según el CNSP.
“Hasta el momento, se sabe que la empresa de seguridad privada que monitoreaba el cargamento que fue robado era CUSAEM y que no se siguieron los protocolos de seguridad que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SCT2/2009 para el traslado de mercancías de alto riesgo, al tratarse de un material armamentístico”, dice un comunicado interno del Consejo fechado el 16 de junio de 2021.
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