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CDMX.– “Antes hablaba el Presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el Ministro (Arturo) Zaldívar el Presidente de la Corte y díganme cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra ‘corrupción’ o ‘nepotismo’ la actual Presidenta de la Suprema Corte” Norma Piña, reclamó el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días, en medio del conflicto que mantiene el Poder Judicial de la Federación (PJF), que por años ha estado exento del escrutinio al que se le ha sometido ahora por sus lujos, opacidad y abusos.
Fue precisamente en la Presidencia de Arturo Zaldívar que el Poder Judicial llevó a cabo, al menos en el discurso, una campaña para combatir el nepotismo que el propio Ministro reconoció, junto con la corrupción, como dos de los principales lastres en los órganos de impartición de justicia. Ya en 2017, un estudio elaborado por el Consejero de la Judicatura Federal Felipe Borrego Estrada, quien en el pasado se desempeñó como Diputado panista, daba cuenta de cómo era generalizada la contratación de familiares en los Circuitos judiciales.
“Nuestro imaginario percibe a la corrupción como algo necesariamente asociado al soborno o al peculado. La verdad es que posee otras manifestaciones. Todas las contrataciones que realice el Gobierno, incluidas las de los puestos laborales, deben atender a criterios de objetividad, transparencia y eficiencia. Circuitos judiciales en los que porcentajes sorprendentemente altos de funcionarios poseen parientes (algunos llegan al 66.03 por ciento) hablan no sólo de tendencias nepóticas, sino de potenciales redes clientelares que son, en sí mismas, conductas reprochables desde el punto de vista de la correcta administración de los haberes públicos”, planteaba en su “Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”.
Como botón de muestra describía en ese entonces como en todos los circuitos de justicia del país los titulares de los mismos y otros servidores públicos tenían a familiares trabajando.
Por ejemplo, destaca el documento, en el Décimo Sexto Circuito de Guanajuato identificó un total de 82.61 por ciento de titulares que tenían a familiares en el circuito; y en el Trigésimo Circuito de Aguascalientes Borrego Estrada identificó que este porcentaje era del 81.25 por ciento.
E incluso, cuando se consideró el universo completo de servidores públicos que tenían familiares en dichos espacios, el Trigésimo Segundo Circuito de Colima obtuvo un porcentaje de 66.03 por ciento. Es decir, dos terceras partes de los trabajadores de dicho órgano tenían a algún familiar trabajando con ellos.
El único estado en el cual hubo un menos del 10 por ciento de servidores públicos con familiares trabajando fue Oaxaca, con sólo un 7.35 por ciento de incidencia.
EL PLAN INTEGRAL DE COMBATE AL NEPOTISMO
Precisamente esto llevó a que Zaldívar impulsara toda una estrategia que llevó a la implementación del Plan Integral de Combate al Nepotismo. En su último informe de actividades, Zaldívar reportó que en 2019 se readscribieron 98 juzgadores federales por causa de nepotismo; en 2020, a 43 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares; en 2021, a 19 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares y 23 por tener familiares dentro del mismo órgano jurisdiccional, y en 2022, a 10 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares y a 4 titulares por tener a familiares en el mismo órgano jurisdiccional, generando un total de 197 readscripciones en cuatro años, “cifras que dan cuenta de la magnitud del fenómeno y de la firmeza que existe para erradicarlo”.
Las cifras de adscripción contrastan con el número de titulares de circuito y otros servidores públicos que tenían a familiares trabajando, según el estudio de 2017, pero sobre todo con las sanciones que se han impuesto por esta situación.
El Consejo de la Judicatura Federal sólo tiene registrada desde 2018 en su Plataforma de Transparencia (PNT) una sanción por nepotismo, la cual se impuso en 2020 al Magistrado de Circuito Victor Manuel Méndez Cortez por haber contratado como secretaria de Tribunal en el propio órgano jurisdiccional a la esposa de su hijo, según consta en la denuncia 209/2012.
“Se estima acreditada la conducta que se analiza, en la medida que en este último nombramiento de base otorgado a la referida secretaria el Magistrado denunciado a pesar de que estaba impedido para conocer ese acto al tener la obligación de abstenerse de intervenir”, establece el documento con el cual se le suspendió sin goce de sueldo por tres meses.
Sin embargo, existen documentos en la misma página del CJF como el Procedimiento Disciplinario de Oficio 17/2018 que resolvió en el 2019 contra tres magistrados de tribunales del Tercer y Primer Circuito, ya que se pusieron de acuerdo para contratar a 31 familiares suyos. La sanción determinada fue una amonestación pública.
“Con pleno conocimiento y mala fe, mediante una triangulación, evadieron el cumplimiento del artículo 72, párrafos segundos y tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, pues a partir de un acuerdo de voluntades simultáneamente otorgaron nombramiento a sus familiares, lo que atenta contra el profesionalismo y excelencia propios del cargo”, cita el documento.
LOS CASOS DE “FAMILIA JUDICIAL”
Pero años antes de esto, ya se había identificado irregularidades dentro del Poder Judicial después de que alguien interpusiera una denuncia en el 2009 en la cual señalaba que algunos magistrados de Circuito y jueces de Distrito habían apuntado a puestos a familiares suyos.
Esto resultó en las primeras acciones para detener en el nepotismo, después de que la Comisión Nacional de Ética Judicial emitiera en agosto de 2009 una recomendación en la cual pedía que el CJF estableciera una norma “en donde prohíba expresamente a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito el nombramiento como subordinados en los órganos judiciales donde son titulares, de personas con las cuales tengan interés personal, familia o de negocios, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado y parientes civiles”, según retoma el doctor Carlos Hugo Tondopó Hernández en su texto “La ‘familia’ del Poder Judicial de la Federación. Genética, nepotismo o incomprensión de la garantía de igualdad en la elección del oficio en la función jurisdiccional”.
Cinco años después, el rotativo La Jornada publicó el caso de una “familia judicial” que se formó en Jalisco después de que un Ministro en retiro y 25 magistrados integraran a sus familiares a distintos puestos públicos en los tribunales del estado. El diario citó que el Ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano ubicó a su sobrino José Antonio Aguirre Camacho, como titular de la administración regional de la judicatura federal en Jalisco; así como múltiples magistrados colocaron a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, sobrinas y sobrinos en distintos tribunales.
En otro caso, en 2013, fue acusado el Magistrado Lorenzo Palma Hidalgo, fallecido en 2020, de haber colocado hasta a seis familiares en el Poder Judicial Federal, entre ellos su hijo Óscar Palma Valdivia, en el Tercer Tribunal Colegiado Civil, en donde hasta la fecha labora como Secretario de Tribunal, de acuerdo con información de Transparencia.
En una solicitud de información disponible en la PNT con fecha del 8 de julio de 2021, se requirió la resolución dictada dentro del procedimiento seguido contra el Magistrado Guillermo del Castillo Vélez en 2019 después de que se señalara que su esposa Isela Rojas Olvera trabajaba con un sueldo millonario en el mismo tribunal de Morelos.
A ello, el CFJ indicó que no se podía dar a conocer “la existencia o inexistencia de procedimientos de responsabilidad administrativa sustanciados en contra de la persona servidora pública” porque eso, sostuvo, “vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia”.
La historia de nepotismo en el Poder Judicial no acaba ahí, pues tan sólo en enero de 2020, el Consejo suspendió al Magistrado José Miguel Trujillo Salceda mientras abría una investigación en su contra por acoso sexual y laboral, emitir amenazas de muerte, y nepotismo.
En tanto, una investigación identificó que el Magistrado duranguense Héctor Flores Guerrero había integrado a 17 miembros de su familia en su lugar de trabajo, entre los cuales se encontraban sus hijos, hermanos, cuñadas, primos, sobrinos y hasta concuños. Igualmente, dio a conocer los casos de otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California que tenían 11 parientes cada uno en los tribunales.
Y el Magistrado Manuel Suárez Fregoso, por ejemplo, ha sido señalado por estas prácticas pues Karina Paola Suárez Pérez, identificada como su hija, labora en el Poder Judicial de la Federación. En una solicitud de información el Consejo de la Judicatura Federal negó a transparentar cualquier posible conflicto al sostener que “el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, sólo radica en integrar un sistema de registro con el objeto de advertir, prevenir y, en su caso, investigar posibles prácticas de nepotismo y conflictos de interés por parte de las personas servidoras públicas adscritas al Consejo de la Judicatura Federal; no así para convertirse en un registro de consulta pública”.
La misma negativa del Consejo de la Judicatura ha persistido al momento de ser cuestionado sobre el vínculo entre el Magistrado en retiro Tomás Gómez Verónica y el actuario Roberto Tomás Gómez Guevara, quien también es identificado como su hijo; y sobre la relación filial del Magistrado Óscar Naranjo Ahumada y la Secretaria de Tribunal Mariana Rodríguez Ahumada. En estos casos, el Consejo de la Judicatura ha determinado la confidencialidad de la información.
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