Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- La acusación de la oposición contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por desacato, al no retirar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación, es una clara muestra de lawfare, es decir, una persecución judicial que la derecha utiliza en América Latina para atacar a líderes y mandatarios de izquierda. En México, su antecedente más notable ocurrió en 2004 con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno de la capital.
Así lo consideraron analistas políticos consultados por SinEmbargo, quienes indicaron que esta “guerra judicial” está detrás de la intención de declarar a la Presidenta Sheinbaum en desacato, tras la decisión de la Jueza Nancy Juárez, quien emitió un amparo que impide la publicación del decreto de Reforma al Poder Judicial.
Juan Carlos Monedero, cofundador del partido de izquierda español Podemos, recordó que esta situación evoca el desafuero que enfrentó Andrés Manuel López Obrador en 2004, donde se utilizó la figura del desacato para deslegitimar su liderazgo.
Para el politólogo español, esto es parte de una estrategia orquestada por sectores de la derecha que, tras perder las elecciones, recurren a jueces “prevaricadores” para intentar bloquear el avance de los gobiernos progresistas.
“Lo estamos viendo en Colombia, lo hemos visto en Argentina, en Ecuador, lo hemos visto en Brasil y también está ocurriendo aquí en Europa, un lawfare que siempre, invariablemente, cuenta con jueces que no tienen problemas en prevaricar y también con medios de comunicación que convierten en un gran escándalo ese tipo de denuncias”, señaló Monedero en entrevista con SinEmbargo.
Y añadió: “Esta jueza (Nancy Juárez) está prevaricando y, si los órganos judiciales correspondientes no le hacen ver que está prevaricando, porque la Constitución y la ley hablan muy claro que no hay posibilidad de amparo ante reformas constitucionales, insisto, porque es de sentido común, porque la Constitución está por encima de los jueces y el poder constituyente está por encima de la Constitución”.
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La periodista Alina Duarte consideró, a su vez, que desde 2018, cuando Morena ganó la Presidencia, se ha observado un patrón sistemático de ataque judicial y mediático contra figuras políticas afines a la izquierda.
“Lo que estamos viendo hoy, con este llamado a nombrar en desacato a la Presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda es muestra de todo un aparato que está operando de manera sistemática y constante desde hace muchísimos años. Este último episodio, yo diría, sí se puede considerar lawfare”.
En contraste, Aníbal García, investigador del Observatorio Lawfare en México, señaló que la situación en México difiere notablemente de los casos de “lawfare” observados en otros países de la región, como Argentina y Brasil, e incluso, aunque tiene similitudes con el caso de López Obrador en 2004, lo que está ocurriendo, según dijo, dista mucho de ser lawfare.
Expuso que en otros países, en donde sí se ha aplicado es porque la judicialización ha sido utilizada como una herramienta para debilitar a gobiernos progresistas, mientras que en México la judicialización de la política se manifiesta en una serie de amparos que han impedido la implementación de reformas que propuso el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El especialista explicó que, a diferencia de los casos de Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa, donde se ha buscado descalificar a líderes políticos, en el caso de México no existe un intento explícito de eliminar candidaturas.
Dijo que en el caso de México, el caso podría ser considerado “lawfare” si la Suprema Corte decide atraer el caso en busca de la destitución de la Presidenta Sheinbaum. Sin embargo, el especialista aclaró que este proceso aún no está en marcha y que la solicitud presentada por la Jueza de Veracruz carece de viabilidad.
“En el caso de México no llegamos ni de cerca a ese tipo de aspectos; lo que sí tenemos es una fuerte incidencia del Poder Judicial, una fuerte judicialización de la política en el sentido de toda la serie de políticas, leyes y reformas del expresidente Andrés Manuel que no pasaron. De hecho, sí hay una judicialización de la política en contra de un proyecto político de nacimiento, y hasta ahí está el caso de México”, detalló.
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La politóloga española Arantxa Tirado ha explicado que la llamada guerra jurídica, conocida también como lawfare, se viene produciendo en América Latina desde el desafuero del ahora presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en 2004 fue acusado de desacato a una resolución judicial cuando fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, un episodio que buscó minar sus aspiraciones para la Presidencia en 2006.
“Es un procedimiento que se viene produciendo en la región, yo diría que incluso desde tiempos del desafuero a Andrés Manuel López Obrador en 2004, y que luego hemos encontrado diferentes casos donde se repiten unas pautas que serían los requisitos para hablar de lawfare, que sería una persecución judicial, armar causas con mayor o menor suspenso, generalmente con poco sustento por temas que pueden ser peregrinos, pero singularmente por una lucha contra la corrupción”, explicó Tirado en una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas a finales de diciembre pasado.
Monedero hizo hincapié en que el desacato, como figura jurídica, ha sido desechado en países como España, donde se considera un vestigio de un tiempo en que los jueces se creían dueños de la justicia.
El especialista comparó la situación con lo sucedido en Colombia y Brasil, donde el lawfare ha sido una herramienta recurrente para deslegitimar a líderes como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.
En este contexto, calificó de preocupante que la jueza Juárez actúe de manera contraria a la Constitución, impidiendo que una reforma constitucional avance.
“Esta jueza (Nancy Juárez) a mí me recuerda muchísimo y tristemente al juez Moro, que fue el que encarceló a Lula con una acusación falsa, lo sacó de la pelea judicial y después fue recompensado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia Interior”.
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Por su parte, Alina Duarte mencionó que el lawfare no se rige necesariamente por criterios constitucionales, y eso es lo que lo convierte en una herramienta peligrosa para desestabilizar gobiernos. Al igual que Monedero, comparó la situación actual con casos de otros países de América Latina.
“Una de las características de este llamado ‘lawfare’, o de esta guerra judicial o judicialización de la política, es que no necesariamente terminan siendo constitucionales estos ataques, sobre los cuales se ejerce un intento de deslegitimar, perseguir, derrocar o desestabilizar a los gobiernos. Lo hicieron en el caso de Dilma Rousseff y el caso de Lula da Silva en Brasil. Incluso también los más de 40 cargos en contra del expresidente Rafael Correa tienen muchas similitudes, que es que no necesariamente tendrían que ser ni lógicas ni constitucionales”, destacó la periodista especializada en política de América del Sur.
Incluso, Juan Carlos Monedero calificó este lawfare contra Sheinbaum como la gestación de un golpe de Estado blando.
Lo anterior al destacar que el actual amparo otorgado por la Jueza Nancy Juárez para frenar la publicación de la Reforma Judicial es una muestra clara de que el poder judicial en México está intentando usurpar el rol del poder legislativo.
“En un país, en una democracia, sea México o sea España, donde el poder judicial usurpa el lugar del poder legislativo, eso es un golpe de Estado, aunque lo hagan con togas y birrete y no lo hagan con tanques, pero son golpes de Estado”, dijo.
Al ser consultados sobre si esta situación pone en riesgo a la Presidenta Sheinbaum, Monedero fue claro al afirmar que la derecha está utilizando todos los recursos posibles para debilitarla, y que esa siempre ha sido su intención.
“La derecha va a tirar todos los dardos, todas las flechas que pueda, a ver si alguna se clava y hace daño y mata, y por tanto, yo creo que no hay que ser ingenuos. Ellos van a probar diferentes estrategias y, si alguna funciona, pues ahí se van a agarrar, se van a enganchar con todas sus fuerzas”, dijo.
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Y añadió: “la oposición lee la transición de López Obrador a Claudia como un momento de debilidad, […] y entonces lo que está haciendo la oposición es aprovechar estos meses de acomodo […] entonces ellos están aprovechando estos meses, donde se están acomodando las cosas, para golpear y hacer daño, porque el objetivo de la derecha nunca fue derrotar a Claudia – por eso buscaron una candidata tan torpe como Xóchitl Gálvez – el objetivo de la oposición siempre fue debilitar a Claudia para que tuviera una legislatura muy, muy golpeada que les permitiera a la oposición, en el próximo sexenio, tener mejores resultados”.
Respecto a la evolución de esta situación, Alina Duarte advirtió que la radicalización de las acciones del poder judicial, donde, según ella, los miembros del poder judicial no ocultan su intención de llevar sus acciones a las últimas consecuencias, debería generar preocupación tanto en el círculo presidencial como entre la población.
“El tema de la llamada radicalización, que incluso ellos mismos manejan, miembros del poder judicial, de las medidas que puedan llegar a tomar y que, incluso, no tienen empacho ni se ruborizan al hablar de medidas que evidentemente tienen un corte político, más allá de lo jurídico, es algo que debería prender las alertas, no solamente en el círculo presidencial, sino en la población de México”, dijo.
Monedero destacó la importancia de no subestimar estas maniobras judiciales: “Yo creo que no hay que despreciar ninguno de estos movimientos, porque, aunque nos pueda parecer ridículo, si uno mira el artículo, creo que es el 66, donde dice claramente que no puede haber amparo ante una reforma constitucional, y esa señora insiste. Puede parecer algo ridículo, pero también parecía ridícula la acusación a Lula da Silva, donde el juez dijo: ‘No tengo pruebas, pero tengo la convicción’”.
Los especialistas destacaron la importancia de que los ciudadanos defiendan su voto y hagan frente a estos intentos de golpe blando. Ambos subrayaron que el poder constituyente, es decir, el pueblo, está por encima de los jueces y de la Constitución.
“Estamos ante un juego muy muy perverso no basta solamente con votar sino que después hay que defender el voto y por eso decía que esta señora (jueza Nancy) está pasando por encima de la constitución y hay que recordarle que la Constitución está por encima de ella y si se olvida, hay que recordarle que por encima de la Constitución está el poder Constituyente que tiene que decirle a estos jueces prevaricadores que México no es su rancho, que México no es su finca, que México no es un cortijo donde ellos pueden lo que les dé la gana”, destacó Monedero.
“Yo creo que ya no hay nada que esperar. Están ya en ese punto en el cual han radicalizado sus discursos, han radicalizado sus acciones por encima de la Constitución, y han radicalizado las campañas también dentro de los medios. Se le llama golpe blando, pero de blanco no tiene nada. Entonces, yo creo que hay que estar muy alertas, porque bajar la guardia, tanto de un lado como del otro, no va a ser opción. Ellos —el poder judicial— están muy empecinados en llevar esto hasta las últimas consecuencias, y del otro lado ya hay mucha concientización por parte de las bases, sobre todo del obradorismo, que están dispuestas a manifestarse, salir a las calles y seguir denunciando que hay una colusión directa de grupos electorales e ideológicos de la derecha y la ultraderecha con un poder judicial que, como ya lo hemos visto en varias situaciones, está actuando de manera muy peligrosa”, agregó Duarte.
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