Ciudad de México.– Televisa y TV Azteca, que aún mantienen el dominio televisivo en México gracias a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) les renovó sus concesiones por 20 años más antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, afrontan su peor ciclo financiero y de credibilidad por la calidad de sus contenidos, sobre todo en sus barras de opinión y noticieros.
Así lo muestran las estadísticas de Nielsen, Investigación de Mercados INRA, HR Ratings y el último reporte del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford (junio 2024), este último con mediciones relevantes sobre la desconfianza de los usuarios en los medios tradicionales. Por ejemplo, el 30 por ciento de los encuestados desconfía de N+ (Televisa) y Latinus, seguidos de TV Azteca y Aristegui con 23 y 22 por ciento cada uno.
En contraste, se observa una nueva tendencia en las audiencias: el uso de las redes sociales para informarse de las noticias.
“La cantidad de mexicanos que usan TikTok para informarse subió 3 puntos porcentuales y está en 18 por ciento. Gerardo Vera, de 19 años y estudiante de Derecho, aprovecha la plataforma para contar historias a las generaciones jóvenes; empezó a cubrir noticias en las redes sociales con apenas 12 años, y ahora tiene más de 2 millones de seguidores. Gerardo produce diariamente videos que procuran, en sus propias palabras, ‘democratizar el conocimiento público’, y se le han reconocido sus esfuerzos por mantener la imparcialidad”, se lee en el reporte del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford.
Otra métrica que confirma la crisis de credibilidad en los medios tradicionales es el sondeo realizado por el Observatorio Mexicano de Medios, donde un 52.8 por ciento de las personas entrevistadas consideró que la información proporcionada por la televisión no es confiable. El uso de este medio como fuente de noticias varía significativamente según la edad, siendo menos utilizada entre los jóvenes (11 por ciento), mientras que la radio (5.56 por ciento) y los medios impresos (2.78 por ciento) tienen una presencia mínima en este grupo.
El politólogo y economista Mario Campa, quien recientemente abordó en su columna el tema de la sobrerrepresentación en los medios de comunicación, destacó en entrevista que en México “un puñado de mulmillonarios controla a un poder mediático alejado del interés general”.
“Televisa históricamente ha estado ligada al poder presidencial, por ejemplo, Emilio Azcárraga Milmo estuvo muy conectado al PRI, y TV Azteca, el mismo Raúl Salinas declaró que fue él quien le dio un préstamo a Ricardo Salinas para comprar la televisora”.
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En esto coincidió Jorge Enrique Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), quien agregó que estas dos televisoras, que están obligadas a ofrecer contenidos de calidad para todo tipo de audiencias, han obstaculizado este derecho debido, en parte, a la laxa regulación del IFT
“Ellos van a defender su modelo de negocio que está basado en publicidad y está apoyado en contenido que no tiene demasiada calidad. Durante 11 años, desde la reforma que reconoció el derecho de las audiencias, han obstaculizado ese derecho y además han encontrado que el IFT tiene poco interés por ser más estricto en la defensa del derecho de las audiencias”.
A pesar de la mala calidad de sus contenidos, que en ocasiones excede los límites del respeto a las audiencias, ambas televisoras siguen gozando de publicidad oficial por parte del Gobierno federal.
Si bien en 2018 los contratos en publicidad se redujeron, Televisa continuó entre los favoritos y, al corte de 2022, un total de 450 medios recibieron recursos de publicidad oficial, 10 de ellos acapararon el 52.88 por ciento del presupuesto, representando mil 283 millones de pesos. El “top 3” de medios (Televisa, TV Azteca y La Jornada) recibió casi el 30 por ciento del total, reportó Artículo 19.
Estas dos grandes televisoras seguirán operando en México por 20 años más debido a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones renovó sus concesiones en noviembre de 2018, a pocas semanas de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En el caso de Televisa, la renovación fue para el canal de las Estrellas, Canal 5, Canal 9 y Foro TV. El IFT detalló en un comunicado de noviembre de 2018 que las 225 estaciones de televisión con las que cuenta la empresa han tenido varias renovaciones.
Las concesiones a Televisión Azteca y Televisora del Valle de México incluyeron las redes nacionales de los canales 1, 7 y 40, lo que implicó para el grupo empresarial una licencia para seguir operando 178 canales en todo el país.
UNA EXTORSIÓN ABONA A CRISIS DE TELEVISA
Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló desde su máxima tribuna que Televisa intentó “extorsionar” a Rocío Nahle García, Gobernadora electa de Veracruz, al pedirle 200 millones de pesos para no sacar a la luz información de presuntos actos de corrupción en la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
“Aprovecho de una vez para decirlo porque le pedían 200 millones a Rocío Nahle en Televisa porque tenían un paquete de información sobre la refinería. […] Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo y hay constancia de lo que estoy diciendo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina el pasado 6 de agosto.
Más tarde, Rocío Nahle confirmó que un personero de Bernardo Gómez, co-presidente Ejecutivo de Grupo Televisa, fue quien durante la campaña electoral al Gobierno de Veracruz le exigió 200 millones de pesos para no publicar un reportaje sobre supuestos actos de corrupción de su familia.
“Fue un funcionario y me contactaron a través de una persona que estaba trabajando en el tema de redes y estrategia con nosotros. Vino un funcionario de México”, expuso Nahle en exclusiva con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Rocío Nahle no quiso revelar el nombre del ejecutivo de Televisa que la contactó para pedirle el pago del dinero, pero señaló que esta persona viajó hasta Veracruz para tener un encuentro con ella.
—¿Quién? ¿Cómo se llama? —se le preguntó.
—Es un alto funcionario.
—¿Bernardo Gómez?
—Es por ahí, no es él, pero es por ahí. Trabaja muy cerca con él.
“Después de la reforma electoral de 2007, que prohibió pagarle a las televisoras para publicitar a algún candidato, perdieron claramente un modelo de negocio y eso nunca les ha gustado a los medios porque eran como 3 mil millones de pesos los que recibían cada tres años. No dudo que las televisoras hayan querido tener beneficios de algún candidato, pero lo cierto es que la información sobre Nahle ya era muy conocida y al parecer no influyó en los electores. De tal manera que la campaña de la televisora no tuvo los efectos”, opinó Enrique Bravo, presidente de la AMEDI, sobre la presunta extorsión hacia la Gobernadora electa de Veracruz.
En 2022, Grupo Televisa presentó N+, una oferta multiplataforma de contenidos en español que además de agrupar todas las operaciones actuales de Noticieros Televisa, amplió su alcance mediante un canal de streaming y producciones de documentales y periodismo de investigación para “generar historias que conecten con diversas audiencias y les permitan estar informadas”, según contó Daniel Badía, director general de N+ en una entrevista con Forbes publicada el 28 de marzo de 2022.
Es precisamente en esta multiplataforma donde en mayo de 2024 se publicaron una serie de reportajes que ligaban a la familia de Rocío Nahle con presuntos actos de corrupción. La empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean (Ciudad de México, 1968) retransmitió estas investigaciones el pasado 7 de agosto reiterando que la información estaba sustentada en testimonios, pero no desmintió la extorsión de 200 millones de pesos a cambio de que no publicarlos.
Este escándalo de Televisa se suma a otros dos que ha tenido la empresa en los últimos años: el “FIFAgate” y la detención de Eduardo Fernández.
En el llamado “FIFAgate”, la televisora fue condenada a pagar 95 millones de dólares, luego que fuera demandada por un inversor estadounidense por sobornar a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en 2018, 2022, 2026 y 2030.
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Respecto a Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el año 2022 denunció ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso De Angoitia, y el de administración y finanzas, Salvi Foch, recibieron mil millones de dólares por vender infomerciales a partidos políticos y a algunos gobiernos estatales, así como al federal, en ese entonces presidido por Enrique Peña Nieto.
Según la denuncia, Televisa lavó 40 mil millones de dólares entre 2008 y 2011.
No obstante, la empresa ha negado estos señalamientos y presentó una denuncia penal en su contra por el delito de extorsión agravada, la cual llevó a la captura del exfuncionario en Madrid, España, el pasado 23 de febrero.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Eduardo Fernández intentó extorsionar a Televisa con 250 millones de pesos en venganza porque los directivos dejaron de ser los clientes de una de sus empresas de servicios financieros: Diversity, la cual es objeto de una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos por reportes financieros engañosos.
El expresidente de la CNBV en el sexenio de Ernesto Zedillo aún sostiene las acusaciones contra directivos de Televisa.
En cuanto a su contenido de entretenimiento, esta semana un episodio de violencia de género dentro de su reality “La Casa de los Famosos México” desató las críticas de usuarios y un exhorto por parte de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México.
Mediante un comunicado difundido en X, la dependencia pidió a Rosa María Nola, productora del reality show que se transmite a través de televisión abierta por Televisa y por la plataforma ViX, evitar en lo sucesivo este tipo de actitudes.
“Me dirijo a usted respecto a lo sucedido en el programa de televisión ‘La Casa de los Famosos México’, durante la noche del pasado martes 6 de agosto, cuando el participante Adrián Marcelo ejerció violencia de género en contra de la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos, prejuicios, discriminación y violencia contra las mujeres debido a que, de forma reiterada, desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz, situación que además fue difundida a través de las redes sociales”, se lee en el comunicado de la Secretaría difundido el pasado 8 de agosto.
La dependencia destacó que dado el nivel de penetración que tienen en la sociedad mexicana, los medios de comunicación deben tener en cuenta la responsabilidad para con su público y la transmisión de los mensajes: “Los medios de comunicación masiva, como parte de la sociedad mexicana, son responsables de fomentar una cultura que elimine estereotipos e imágenes que atenten contra la dignidad de las mujeres, así como propiciar y difundir la cultura de no violencia contra las mujeres y de igualdad”.
Estos escándalos donde Televisa se ha visto involucrada, aunados a la crisis de contenidos que viene sorteando en los últimos 10 años, ha resultado en la caída de sus acciones, que en lo que va de 2024 han perdido el 84.13 por ciento de su valor, llegando a valer 7.26 pesos cada una.
Los datos de Grupo Televisa SAB Unit (TLVACPO) revelan que de 2019 a lo que va de 2024, el valor máximo de cada acción fue de 53.59 pesos, por debajo de su máximo histórico de 122.93 pesos alcanzado en mayo de 2015; mientras que el mínimo ha sido de 7.26, como se muestra en la siguiente tabla.
“Las caídas de audiencia en los noticieros de Televisa han sido brutales, han perdido millones de televidentes. Hoy pasan muchos días sin que nadie se entere de lo que pasa en esos noticieros porque ya hay otras opciones y esto ha provocado que ellos mismos hagan cambios de conductores”, mencionó el politólogo Mario Campa.
TV AZTECA TAMBIÉN EN DECLIVE
La situación de TV Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego (Ciudad de México, 1955), no es mejor que la de su rival Televisa.
Desde el último lustro, con el boom del streaming y antes de la COVID-19, ha ido reportando una caída en ingresos por publicidad, lo que ha orillado a la empresa, entre otros ajustes, a apostarle a shows de telerrealidad deportiva como “Exatlón”, a concursos como “Masterchef” y a proyectar novelas turcas compradas en vez de producirlas como la icónica “Mirada de Mujer”.
“En el caso de TV Azteca, ha dejado de ser rentable desde muchos años atrás, pero Grupo Salinas compensa esas pérdidas con sus otras empresas, como Elektra y Banco Azteca, de tal manera que la televisora se convirtió en una plataforma publicitaria de los otros negocios”, detalló el presidente de la AMEDI.
TV Azteca fue suspendida por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde junio de 2023 por retraso en sus reportes financieros (su acción quedó en 50 centavos). Además enfrenta una deuda por 400 millones de dólares que podría orillarla a un juicio por bancarrota en Estados Unidos.
El 21 de abril de 2023, tras declarar pérdidas en 2022, el Consejo de Administración de TV Azteca se ajustó así: Rafael Rodríguez, director general para renovar las ideas del hijo Benjamín Salinas; Jorge Luis Zúñiga Montiel, director general de finanzas para maximizar la rentabilidad de la programación y José Luis Delgado Molina, abogado para enfrentar un posible juicio de bancarrota en EU.
Semanas después, el 10 de mayo, el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México ordenó a la empresa no presentar al público información relativa a su situación financiera “con el fin de no causar incertidumbre”, lo que también notificó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Bolsa Mexicana de Valores.
Por haberse tardado en publicar su informe del primer trimestre del año, lo que violó la Ley del Mercado de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores avisó a los inversionistas que suspendería la cotización de las acciones de la emisora: “Con fecha 28 de abril y 2 de mayo, recibió el aviso de extemporaneidad para la entrega de la información financiera trimestral […] correspondiente al primer trimestre de 2023 por parte de la emisora TV Azteca”, les notificó.
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En su reporte del cuarto trimestre de 2022, publicado de manera extemporánea el 27 de marzo de 2023, TV Azteca reportó una caída de 55 por ciento en sus beneficios.
La deuda de la televisora en español trascendió hasta Estados Unidos, país al que exporta contenido. Tres de sus acreedores solicitaron en marzo del 2023 la entrada de la compañía al Capítulo 11 del Código de Bancarrotas estadounidense para que se proteja legalmente y reestructure sus obligaciones, pero TV Azteca se ha negado a reestructurar su deuda por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024-2027.
En agosto de 2023, el medio especializado en finanzas Bloomberg informó que la televisora de Ricardo Salinas Pliego y un grupo de bonistas buscarían llegar a un acuerdo mediante una mediación ordenada por el tribunal para evitar que enfrente este juicio de quiebra en Nueva York. Sin embargo rechazaron la oferta de pago porque el conglomerado habría ofertado 45 millones de dólares y los tenedores requerían que la entrega fuera por 105 millones de dólares.
Los tenedores, entre los que se encuentran Plenisfer Investments, Cyrus Capital y Sandpiper, poseen en conjunto bonos de deuda de TV Azteca por 400 millones de dólares y han estado en disputa por largo tiempo.
Además de estos litigios, las empresas de Grupo Salinas adeudan más de 63 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La cifra se compone de más de 53 mil millones de pesos correspondientes a juicios fiscales —como parte las auditorías ejecutadas a cuatro empresas por el SAT entre 2008 y 2018— y más de 10 mil millones de pesos por créditos fiscales.
Para los expertos, esta debacle de Televisa y TV Azteca irá en progreso si las televisoras se niegan a adaptarse a las nuevas generaciones.
“Las audiencias jóvenes, desde mi punto de vista, ya las perdieron las televisoras, tienen una audiencia de más de 40 años y no se han dado cuenta de que las personas somos más críticas. El problema es que, aunque todavía siguen recibiendo ingresos, están perdiendo audiencias y eventualmente se van a tener que convertir en plataformas”, explicó Jorge Enrique Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
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