Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Sin un registro exacto del número de fosas clandestinas que hay en México y la crisis de personas desaparecidas hoy el país enfrenta una crisis humanitaria donde mujeres han tenido un papel protagonista en la búsqueda de sus familiares, son las Madres Buscadoras a quienes el Estado vuelve a violentar lo cual aumenta su agonía por encontrar a sus hijas e hijos.
Hoy, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay un total de 116 mil 302 personas desaparecidas, de las cuales 27 mil 323 son mujeres y existe un subregistro que impide conocer con certeza cuántas mujeres son encontradas con vida, cuántas sin vida y las razones de su desaparición. La mayoría de las víctimas son menores de edad.
La normalización de este fenómeno ha encauzado a una insensibilidad colectiva que es necesaria deconstruir, con 100 mil personas desaparecidas desde el 2006 (Registro Nacional de Personas Desaparecidas), hablamos de una crisis humanitaria devastadora que se relaciona con otras violaciones como el feminicidio, la trata de personas, el abuso, la tortura y la desaparición forzada.
Los hallazgos de fosas clandestinas son el recordatorio primario de que lo sucedido en México es una espiral de actos atroces que se acompañan de negligencia y es que, no sólo se trata de los miles de personas desaparecidas, sino también, de las personas que yacen al interior de las instituciones forenses en el anonimato mientras sus madres les buscan; restos óseos que el Estado termina por derivar a la fosa común sin averiguaciones previas.
El caso de Virginia de la Cruz acontecido en el Congreso de Zacatecas expone la pobre articulación de las autoridades para frenar esta crisis de personas desaparecidas y el nulo interés en resarcir los daños de la violencia que atraviesa a las familias que buscan a sus seres queridos.
Desde hacía 8 meses que Virginia buscaba José, su hijo, recorriendo las calles y terrenos en busca de su paradero; las autoridades poco avanzaban en la investigación y para ella, se convirtió en una rutina asistir y llamar al servicio médico forense (Semefo) por si recibían el cuerpo de José. La respuesta durante esos meses fue negativa.
José desapareció un 23 de noviembre, por lo que Virginia, quien se desempeñó como policía al servicio del estado zacatecano durante toda su vida, sabía bien el protocolo a seguir e interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. Nadie advirtió que la negligencia y lo inhumano anida dentro de las instituciones sin importar cuánto se sigan los protocolos que pautan los mecanismos de búsqueda del Estado.
El cuerpo de José llegó a la Semefo una semana después de desaparecer; nadie se comunicó con Virginia que durante ocho meses más, dedicó sus días a trabajar, buscando, recorriendo Zacatecas, preguntando y haciendo uso de todo recurso que le permitiera encontrar un indicio de dónde o cuál fosa clandestina pudiese albergar los restos de su hijo.
Escucharla narrar todo lo vivido, lo indolente de las personas que trabajan en el servicio forense y las luchas sistémicas que tuvo que resistir sólo por errores burocráticos, demuestra que el esfuerzo estatal para detener las cadenas del dolor de las madres buscadoras es muy pobre.
No solo son escuetos los esfuerzos de las Fiscalías para brindar información certera de esta crisis de fosas clandestinas, sino también, lo son los protocolos de atención, la falta de sensibilidad y la poca coordinación de las instituciones para producir metodologías que clasifiquen, ordenen, investiguen y den un seguimiento concreto a todos y cada uno de los cuerpos – restos óseos que terminan en las manos de las instituciones forenses.
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De acuerdo con Quinto Elemento Lab, desde el 2006 a diciembre del 2019, Semefo acumuló por lo menos, 38 mil 891 cuerpos y restos óseos que nunca fueron reconocidos por sus familias y que terminaron en un proceso de inhumación para finalmente, ser llevados a la fosa común.
Con el caso de Virginia de la Cruz, se evidencia la probabilidad de que, no se trató de que los restos «no fueron reconocidos», sino al igual que lo sucedido en Zacatecas, la Semefo no dio aviso a las familias de que la institución poseía restos que podrían empatar con las características de sus seres queridos en situación de desaparición.
Abriendo así, la viabilidad de que, hasta la fecha, existan miles de familias y mujeres buscadoras que siguen en la lucha por encontrar a sus hijas, hijos, esposos, padres o hermanos; personas que, desde hace años –e incluso década-, se encuentran en la fosa común del servicio forense.
“Mi hijo ha estado en el Semefo desde el 30 de noviembre. ¡Tenían toda la información para localizarme: ADN, dirección, todo y nunca me llamaron! Yo seguí insistiendo, preguntando por mi hijo, y nunca me dieron razón!” (Virginia de la Cruz)
Es importante señalar que, en Zacatecas el extitular y el titular de la Semefo ya han sido removidos de sus puestos, tras quedar expuesto una serie de irregularidades que se gestaban al interior de la institución, hoy, es la investigadora forense Rubí Sánchez Noriega quien queda al frente. Y se refirió, que se iniciará un proceso penal en contra de las personas que resulten responsables, zanjando así, hasta el momento, la justicia para José y Virginia de la Cruz.
De las fosas comunes a las fosas clandestinas: Un sistema que opera en impunidad
Las fosas clandestinas existen como un recurso para ocultar crímenes, pero también, el informe Violencia y Terror: Hallazgos sobre las fosas clandestinas de la Universidad Iberoamericana y Artículo 19, sustenta que son colocadas cerca de comunidades «un ocultamiento parcial» que podría tener la intención del hallazgo y que tiene por objetivo, incitar al terror civil, asegurar el poderío del crimen organizado por encima de otros grupos rivales y evidenciar la impunidad del Estado.
Es la asociación civil, la academia y las madres buscadoras quienes ejercen el trabajo de documentar las fosas clandestinas en nuestro país y arrojando datos aproximados de la crisis que sucede en México, un contrapeso informativo importante con respecto a lo reportado por órganos gubernamentales como Comisión Nacional de Búsqueda a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) la PGR o Fiscalías.
Los vacíos y discordancias informativas abundan, pero también, las estructuras del Estado se muestran deficientes, entre vaivenes y renuncias, el combate a la crisis de personas desaparecidas en México parece no avanzar, por el contrario, se recrudece.
Una advertencia de crisis y acciones poco concretas
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México fortalecer el RNPDNO y no permitir que la herramienta terminara siendo obsoleta, íes existe gran preocupación internacional en lo que respecta a la crisis de desapariciones y fosas clandestinas de nuestro país.
«Los estados deben asegurar el registro adecuado, preciso y confiable de personas desaparecidas, de cuerpos y restos óseos que contribuya a una adopción de medidas para una realización de búsqueda eficaz», se lee en un comunicado oficial de la CIDH.
Aunque esta crisis humanitaria se ha gestado desde hace años en México, el tema ha pasado a la mesa de órganos internacionales luego de que la extitular del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, Karla Quintana denunciara hace 5 años ante la CIDH lo incontrolable de la crisis de personas desaparecidas.
«Este caso llega ante la Comisión, porque nosotros, como representantes de las víctimas solicitamos esta audiencia. Es muy importante subrayar que nunca, el estado mexicano había reconocido públicamente que hay una crisis en materia de derechos humanos»,señaló Karla Quintana para Milenio Noticias.
En esa audiencia, Karla Quintana refirió que las desapariciones en México no se trataban de un fenómeno aislado, sino de una violencia estructural que había sido atendida nulamente por parte de las autoridades federales. Además, explicó ante la CIDH que México debía fortalecer sus fiscalías, protocolos y comisiones de búsqueda.
En 2023, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentó su renuncia señalando que sería «irrevocable» y que haber trabajado por las familias mexicanas había sido un honor.
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En respuesta, activistas y madres buscadoras como Cecilia Flores señalaron, no sólo a Karla Quintana, sino a todo el órgano de búsqueda: «Siempre fueron más efectivas unas palas que sus cientos de millones de pesos gastados y ejércitos burocráticos».
Colectivas como Sembrando Comunidad de Guanajuato y las sonorenses Colectiva 10 de marzo, cuestionaron el desempeño de Karla Quintana, explicando que nunca se presentó una metodología de búsqueda adecuada y tampoco existieron bitácoras de búsqueda que apoyaran a las familias y madres buscadoras en su trabajo.
Los tropiezos por parte de las instituciones gubernamentales y del poder judicial han sido evidenciados a lo largo de los años por parte de las organizaciones y colectivas civiles. Entre ellas, Artículo 19 y Data Cívica, que encontraron que la PGR, actualmente Fiscalía General de la República, había mentido de manera reiterada sobre el número de fosas clandestinas encontradas en los últimos años; la información no es homogénea y se dan cifras diferentes en los mismos periodos de tiempo.
Una lucha civil
En 2023 la Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas, una herramienta que permitiría ofrecer información accesible y oficial, sin embargo, Artículo 19 refirió que aunque este primer avance resulta importante, es ineficiente, pues no muestra la cantidad de restos óseos recuperados en dichas fosas, no muestra información de todas las fiscalías (sólo de aquellas que abren sus datos).
Además, al abrir el mapa de la CNB, se encuentra que la última fecha de actualización es del 2 de agosto del 2023.
Otra herramienta estatal importante es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sin embargo, esta masa de información que promete mantenerse actualizada, muestra deficiencias importantes, como por ejemplo, las señas particulares, fotografía, datos relevantes de vestidura e incluso nombres de todas estas 323 mil 823 personas, no están contenidos en este registro; no es información abierta.
Siendo así, que una cartografía de fosas clandestinas propiciada por el Estado, que sea completamente transparente y al servicio de la población civil, no existe hasta el día de hoy y tampoco se tiene certeza del número de fosas clandestinas.
Es la población civil y las madres buscadoras quienes se acuerpan ante estos vacíos informativos y escuetos esfuerzos de las comisiones de búsqueda. Con algunos mapas, información y cifras, son quienes constituyen un acercamiento sobre los focos rojos de fosas clandestinas.
Mujeres como «Las buscadoras de El Fuerte» que rastrean fosas clandestinas en Sinaloa; utilizan palas, una camioneta compartida y sus sentidos como el olfato para detectar el olor a descomposición en los campos sinaloenses.
Recientemente, colectivas de búsqueda de Jalisco y Sonora encontraron, en menos de una semana, 3 fosas clandestinas ubicadas en la colonia jalisciense Loma del Sur, tras una excavación profunda dentro de un pozo ubicado en una casa abandonada las colectivas acompañadas por Cecilia Flores encontraron las fosas que albergaban diversos cuerpos en bolsas.
En esa entidad, la CNB registra 176 fosas clandestinas del 2018 a 2023, sin embargo, el Gobierno de Jalisco muestra en datos oficiales 199. Una diferencia de 22 fosas y que expone la discordancia estatal.
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