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El Grupo de ayuda humanitaria “Las Patronas”, condenó la muerte de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua y exigió a las autoridades mexicanas un alto a la criminalización en contra de las víctimas y el cese al encarcelamiento, a las detenciones arbitrarias y la violencia contra las personas en movilidad.
En un comunicado “Las Patronas” -un grupo de mujeres que desde 1990 brinda ayuda humanitaria a migrantes– también demandaron mayor sensibilidad y consideración por parte de las autoridades luego de que más de 30 personas fallecieron en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua la noche del lunes 27 de marzo, esto como consecuencia de un incendio que fue ignorado por las autoridades.
Ante ello, el gobierno mexicano ha emitido un mensaje responsabilizando a las personas migrantes sobre lo ocurrido, al respecto, “Las Patronas” aseguraron que hechos como este únicamente son responsabilidad del Estado y se registran cuando este “no asume la responsabilidad de mantener las Instalaciones de las estaciones migratorias con las condiciones mínimas para asegurar la protección de la integridad de las personas migrantes”.
Exigimos cesen la criminalización de las personas migrantes, pues el despliegue de cuerpos militares en las rutas migratorias, el encarcelamiento, las detenciones arbitrarias, secuestros, robos, desapariciones, asesinatos, extorsión y otras violaciones a los derechos humanos vulneran y ponen en riesgo la vida de las personas en tránsito”.
Por ello “Las Patronas” pidieron la realización de una investigación inmediata con entera transparencia e interposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el acompañamiento de organizaciones de defensa de las personas migrantes con el fin de aclarar los eventos ocurridos y castigar a los culpables, “para que no se minimice lo sucedido y se encubra a los involucrados”.
Además detallaron como urgente la elaboración de políticas públicas, programas, acciones e instalaciones con base en el respeto a los derechos humanos; con asesoría y participación de organizaciones de defensa a los migrantes, organizaciones internacionales, albergues y personas migrantes con el fin de lograr una movilidad digna, humanizada y menos riesgosa.
Organizaciones como Mexiro AC también condenaron los mensajes del gobierno mexicano y el guatemalteco por deslindarse de las responsabilidades de las muertes de las personas migrantes en Ciudad Juárez ”así como la criminalización de estas poblaciones vulnerables que buscan los derechos más básicos”.
Por su parte el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) aseguró que la actual política de contención genera las condiciones para que tragedias como estas ocurran, tal como sucedió en 2020 en Tabasco, cuando incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 69/2020.
En esa ocasión se ingresó a un espacio a más de 150 personas pese al alto riesgo de contagio por COVID-19. Como protesta las y los migrantes incendiaron colchonetas, derivando en la intoxicación y muerte de una persona.
Entonces la CNDH concluyó que se contó con “elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos al trato digno y a la protección de la salud de más de 50 personas”.
Pese a dicho señalamiento “no existieron garantías de no repetición y hoy nuevamente su política de contención mató” a personas migrantes, acusó IMUMI.
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