Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- De carácter combativo y militar, la Guardia Nacional se consolida como uno de los sellos distintivos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en los últimos 5 años, el bastión de la 4T en materia de seguridad continúa enraizándose con más fuerza con tareas de carácter civil y con ello, inflando el poder militar que violenta a la sociedad mexicana, agudizándose aún más, cuando de mujeres se trata.
La propuesta de formar la Guardia Nacional surgió como una respuesta a la percepción generalizada que las fuerzas policiales locales y estatales eran insuficientes y con frecuencia, estrechaban relaciones con grupos del crimen organizado; ante tan incontrolable erosión social, la Guardia Nacional apareció en el panorama como respuesta clave para actuar de manera transparente contra el crimen a lo largo y ancho del país.
Como dato primario, recordemos que el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Guardia Nacional un 28 de febrero del 2019, y fue formalmente establecida el 26 de marzo de ese mismo entonces con la publicación de la Ley de la Guardia Nacional en el Diario Oficial de la Federación.
Desde ese entonces, la GN ha estado involucrada en diversas operaciones de seguridad a nivel nacional, colaborando con otras instituciones del gobierno mexicano e incluso, supliendo funciones de otras fuerzas como la policía estatal y local, siendo así que, un grupo castrense y de combate, terminó por convertirse en una institución que ha desdibujado la línea de sus funciones.
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¿Realmente es constitucional que en esos 5 años la GN haya comenzado a ocupar espacios civiles? En un mapeo informativo, se encuentra que, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución, las Fuerzas Armadas sólo pueden cumplir con su deber militar y bajo ninguna circunstancia, ejercer funciones de otro caracter.
A mediados de los 90 se aprobaron algunas tesis jurisprudenciales, entre ellas, una que apuntaba a que, las fuerzas armadas podían intervenir en situaciones extraordinarias donde la autoridad civil lo demande, siendo esto último, el paraguas donde se refugia la Guardia Nacional, a pesar de no cumplir cabalmente con lo establecido en la tesis jurisprudencial.
Ante las últimas declaraciones de Claudia Sheinbaum, se apuntala a que la Guardia Nacional cobrará aún más poder tras ser añadida a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que la dotará de un poder extraordinario para intervenir en la vida pública, ampliar el fuero militar y otorgar a la GN mayores facultades en la investigación de delitos. Esto sin mencionar que, tras esta acción,
Entretanto, se espera que esta propuesta presidencial comience a caminar el próximo 1 de octubre, encendiendo así, las alertas de las organizaciones civiles y personas defensoras de los derechos humanos, pues en los últimos cinco años, la GN ha simbolizado la bandera de la represión y la violencia.
La utopía de la seguridad… ¿con militares?
La Guardia Nacional ostenta el mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, -aún más que sus pares como el Ejército Mexicano-. Según reporta el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Dererchos Humanos, la GN ha sido señalada por mil 56 personas siendo el delito de tratos inhumanos y violación a los derechos humanos, las principales causas de las denuncias.
Otra institución que arroja datos alarmantes es la Fiscalía Especializada en Tortura, quien reporta que hasta el 2021 se cuentan con 2 mil 125 averiguaciones previas que implican a las Fuerzas Armadas.
Una condicionante reiterativa en esta información es la impunidad, pues de acuerdo con una investigación impulsada por la Unesco y la ONEA, de 33 mil 750 expedientes presentados a nivel federal ante el poder judicial por tortura, homicidio, lesiones y abuso de autoridad, solo se logró una sentencia condenatoria en 172 casos, una muestra mínima que representa apenas el 0.5% y que deja al 99.5% en total impunidad.
Son las mujeres, niñas y adolescentes, quienes quedan entre el fuego de las fuerzas castrenses, que, aunque el Estado les cuelga medallas por sus capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos, no hay secreto oculto en señalar que dentro de las fuerzas armada prevalecen -y se cimenta históricamente- en valores patriarcales, de misoginia y machismo. En este sentido, se señalan los siguientes casos:
Valentina Rosendo Cantú: Mujer guerrerense e indígena agredida físicamente y sexualmente por un grupo militar en 2002, cuando tenía apenas 17 años.
Ernestina Ascencio : Mujer indígena de 73 años originaria de Tetlatzinga, Veracruz. Tras ser encontrada cerca de un campamento de Infantería, la mujer señaló a la fuerza castrense como responsable; presentaba desgarre vaginal y anal. Tras días en el hospital, la mujer de la tercera edad perdió la vida; el Estado y la CNDH informó que su muerte se debió a una gastritis crónica.
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Magdalena Saavedra; Originaria de San Luis Potosí, fue secuestrada por parte de las fuerzas armadas; recibió tortura y abuso sexual por alrededor de 11 horas. Fue liberada sólo después de firmar un documento que responsabilizaba a los zetas y al cartel del pacífico
De acuerdo con un informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), esto no es un caso aislado, sino un modus operandi de las Fuerzas Armadas, pues la organización tiene registro de otras 29 mujeres que, entre 2006 y 2015, enfrentaron la misma situación de Magdalena.
A raíz de estos casos documentados diversos organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano retirar a las fuerzas armadas de las labores de seguridad e invertir en la capacitación correcta de los cuerpos de seguridad pública.
En respuesta el presidente señaló:
«No vamos a reprimir a ninguna persona; además, el Ejército mexicano tiene esa instrucción y puedo garantizar que lo está cumpliendo. Ya no hay masacres, ya no es el tiempo de antes. […] La actitud del Ejército y de la Marina es respetar los derechos humanos, ya no es el ojo por ojo y el diente por diente».
Sobre esto último, el informe Bajo la Bota denuncia que las principales agresiones en contra de mujeres constan de lo siguiente:
- Patadas, golpes y empujones
- Vigilancia y seguimiento
- Tocamientos y levantones de ropa
- Abuso sexual e intento de abuso sexual
Es importante acotar que, de acuerdo con el informe producido por parte de Fundación para la Justicia, son las mujeres migrantes e indígenas a quienes atraviesa con mayor incidencia lo cruento e inhumano de las fuerzas castrenses.
Con una legislación truculenta, la Guardia Nacional y la SEDENA, se perfilan para convertirse en una fuerza militar con el suficiente presupuesto para posicionarse como el tercer brazo estatal más rico del Estado, expone Equis Justicia.
De acuerdo con la organización, tras su adición a la SEDENA, las fuerzas castrenses contarán con más de 400 mil millones de pesos sólo para el ejercicio fiscal; programas como Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, recibieron 415 millones de pesos.
Es decir, Equis Justicia explica, que con el presupuesto que se otorgará a las fuerzas castrenses en el gobierno de Claudia Sheinbaum, se podrían financiar 624 programas de apoyo para mujeres e infancias víctimas de violencia.
5 años de Guardia Nacional: Una legislación ambigua
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la ruta que ha tomado la militarización en nuestro país ha pasado de largo los derechos humanos y legislativos, por ello, ha expuesto en su más reciente informe la siguiente línea del tiempo. Es prioritario colocarlo bajo el foco y darle seguimiento a un proceso que, desde 2019 no ha sido más que opaco.
2019: Se aprueba Reforma constitucional para crear la GN para atender asuntos de carácter civil, a pesar de que, en sus filas, se cuenta con una perspectiva militar y de combate.
Este mismo año se aprueban 3 leyes:
- Ley de Guardia Nacional
- Ley Nacional del Uso de la Fuerza
- Ley Nacional de Registro de Detenciones
Las tres, poseen ambigüedades que bien podrían servir de refugio para justificar y no regular las acciones de las fuerzas armadas.
Asimismo, se dio a conocer el Reglamento de la Guardia Nacional que dotaba de autonomía a varios niveles, dejando afuera, otros contrapesos institucionales.
2020: Se aprueban tres herramientas, el Acuerdo Presidencial (disponer de la fuerza armada para la seguridad pública hasta 2024), la Directiva para la Atención Victimal (sólo pauta la reparación económica) y finalmente, la Decisión Administrativa que pauta que la GN dejará de estar bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para depender de comandantes de las 12 regiones militares.
2022 y 2023: Primeros intentos de reformar la Ley de la GN para adscribir el órgano a la Sedena, se amplía el periodo de la fuerza armada permanente hasta 2028 en tareas de seguridad pública.
Asimismo, estos últimos dos años se ha expuesto la forma en que el ejército ha ocultado información fundamental en casos inhumanos como Ayotzinapa. Finalmente, se tiene en el panorama que Claudia Sheinbaum continuará fortaleciendo la Guardia Nacional a costillas de la impunidad.
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