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Ciudad de México.– En Chihuahua está en curso un plan de la Gobernadora panista María Eugenia Campos, quien con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los remanentes del “Duartismo” en el estado, busca definir con criterios políticos a siete de los 26 magistrados del Poder Judicial del Estado, en un proceso que ya ha sido acusado de estar amañado.
María Eugenia Campos es señalada de repetir las mismas malas prácticas que el exgobernador preso César Duarte Jáquez y colocar a personajes incondicionales y sin carrera judicial como magistrados, gracias a una reforma al Artículo 101 de la Constitución del estado que el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece, y el PRI aprobaron hace un año, la cual eliminó la obligación de los concursos para llegar a estos cargos y en su lugar estableció la conformación de una comisión con representación de los tres poderes que deberán negociar las vacantes.
“El PRIAN a nivel nacional siempre está cuidando, está velando por la división de poderes, pero pues aquí en Chihuahua no únicamente es la supresión de esta división con la Reforma de 2022, sino también es el rebajar la carrera judicial, porque esta Reforma contempla que ya no haya concursos para el nombramiento de nuevos, jueces y magistrados, que no sea a través de concursos, sino a través de ternas que dialogan los poderes para proponerlas y se forma una comisión totalmente dominada por el Ejecutivo para elegir a los magistrados”, denunció en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en “Los Periodistas”, Víctor Quintana, fundador y primer presidente de Morena en Chihuahua.
Esta Comisión que decidirá a los perfiles para las magistraturas está compuesta por un representante de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, por el Magistrado José Alfredo Fierro Beltrán —nombrado por César Duarte— y por José Alfredo Chávez Madrid, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local y un incondicional de la Gobernadora.
Aunado a que los representantes que elegirán la terna están relacionados con María Eugenia Campos y César Duarte el Congreso del Estado, que realizará la selección de los nombres, es un poder que también está controlado por el PAN y el PRI.
“La mayoría del Congreso la tiene el PAN, y la mayoría calificada se logra con la suma del PAN, más el PRI, y con votos de otros partidos. Por ejemplo, aquí el PT votaba con el PAN y también Movimiento Ciudadano. Incluso la Diputada del PT se cambió a Morena porque la dirigencia local la obligaba a votar a favor del PAN. Así está el control del Congreso”, explicó a SinEmbargo el escritor y periodista José Pérez Espino.
Quintana compartió a su vez que entre los nombres que se mencionan para ocupar estos lugares “se habla del hijastro de la candidata del PRI al Gobierno del Estado, Graciel Ortiz, que en el debate de los candidatos al gobierno del estado declinó públicamente en favor de María Eugenia”, Fernando Mendoza.
“Se habla también, que a mí me parece totalmente un despropósito, de la licenciada María Ávila Serna. Ella durante mucho tiempo ostentó la franquicia del Partido Verde en Chihuahua siempre favorable a los gobiernos del PRI. Luego fue acusada junto con María Eugenia Campos de haber recibido dinero de César Duarte […] y otro de los aliados inefables del PRI, o del PRIAN mejor dicho, es Rubén Aguilar Gil, hijo del dirigente añejo del PT en Chihuahua Rubén Aguilar”.
En ese sentido, José Pérez Espino expresó que de confirmarse la designación de estos siete magistrados, el “Maruduartiartismo”, como lo llamó, “tendría el control del Poder Judicial, pues 20 de los 26 magistrados serían perfiles impuestos o relaciones con María Eugenia Campos, siete que se van a elegir, y 13 que se eligieron cuando Duarte aún era Gobernador y que él impuso”.
“Cuando Duarte era Gobernador hizo una convocatoria similar, nada más que en aquella ocasión ó e nombró a 13 magistraturas más, él los nombró en un proceso donde actores políticos (afines a él) se encargaron de designar a quienes iban a ser los magistrados. Por ejemplo, de ese grupo es la actual presidenta del Poder Judicial, Miriam Fernández Acosta y también dos integrantes de Consejo de la Judicatura Federal, que obviamente son quienes controlan el Poder Judicial, por eso se habla acá en Chihuahua de un Maruduartismo”, ahondó.
El pasado jueves 16 de noviembre, se publicó en una edición extraordinaria la convocatoria para integrar las 7 vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, cuyo plazo para registro culminó el miércoles pasado. El documento ha sido cuestionado debido a que hay un recurso sin resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la eliminación de los concursos para ocupar estos cargos.
A la par de ello, dentro del mismo Poder Judicial se considera que se trata de una convocatoria “amañada”, situación por la cual ya se han presentado amparos. Es el caso de la Jueza penal María Alejandra Ramos Durán, del Distrito Judicial Morelos con sede en la ciudad de Chihuahua, quien en una publicación en la red social X indicó que se trata de “un proceso cerrado no para fortalecer la carrera judicial, sino para debilitarla”.
“De las 7 vacantes, 4 están cerradas a las personas que integran el poder judicial. O sea, un proceso cerrado no para fortalecer la carrera judicial, sino para debilitarla. Las ternas las conforman una persona representante del ejecutivo, otra del legislativo y una del judicial. Por si fuera poco, el plazo para presentar documentación es del 17 al 22 de noviembre de este año. Sí, durante los días de puente. Naturalmente no habrá concurso de méritos”, escribió el pasado 16 de noviembre.
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