Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) denunciaron que de 2018 a 2023 funcionarios les solicitaron entre el 10 al 60 por ciento de sus sueldos y otras prestaciones para conservar sus empleos. Los casos fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la investigación sigue en proceso.
Las denuncias incluso llegaron a correos de distintos funcionarios del organismo, los cuales fueron consultados por el Comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez, quien afirma que hasta el momento el Órgano Interno de Control no ha encontrado pruebas de ello.
La ASF reveló que de 36 a 50 servidores y exservidores públicos del INAI recibieron solicitudes para ceder parte de sus sueldos, de no hacerlo eran amenazados con despedirlos, también planteó que se registraron casos de personas que perdieron sus trabajos por oponerse a ello o exponerlo.
Esta información la obtuvo después de realizar cuestionarios y entrevistas a diversos funcionarios y exfuncionarios del organismo.
“La ASF tiene en investigación esta situación y el Órgano Interno de Control (OIC), que es nuestra autoridad autónoma independiente, que no depende de nosotros, depende de designación de la Cámara de Diputados, no encontró ninguna situación en ese sentido”, respondió el Comisionado presidente Adrián Alcalá al cuestionarle en entrevista si ya detectaron a funcionarios que han solicitado los llamados “moches” a empleados.
“El órgano interno de control es designado por la Cámara de Diputados, la titular, que es Patricia Sam Carbajal, realizó una investigación y no encontró ninguna situación de estos moches, entiendo que ahorita está dentro de la ASF esta investigación. Yo he conocido esta situación por correos electrónicos que han llegado de manera anónima a distintos destinatarios”, agregó.
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Sin dar detalles, aseguró que el INAI ha tomado acciones “como tener mejores medidas de control”, pero insistió que los casos sólo pueden avanzar mientras se presenten denuncias y en tanto el Órgano Interno de Control del instituto y la ASF deslinden responsabilidades.
Entre las atribuciones del OIC está investigar actos u omisiones que “impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; ya sea con motivo de una denuncia o del ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras”.
Las quejas de trabajadores expuestas en la auditoría 197 van de 2018 a 2023, periodo en el que César Rodríguez Sánchez se desempeñó como titular del OIC (de mayo 2019 a abril 2023); antes de que él asumiera el cargo el órgano interno pasó cuatro años sin titular.
Cuando terminó su encargo, Rodríguez Sánchez fue contratado por el INAI como Director de Seguimiento de Cumplimientos, donde su función principal era coordinar la verificación y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones de transparencia, así como sustanciar denuncias. Es decir, pasó de vigilar irregularidades en el instituto a trabajar en él, aunque sólo ejerció un mes el cargo.
Desde mayo de 2023, Alma Patricia Sam Carbajal es la titular del Órgano Interno de Control del INAI, fue electa por la Cámara de Diputados para el periodo que concluye en abril de 2027.
Una situación similar a la contratación de César Rodríguez fue cuestionada en el INAI en 2022, cuando el Pleno del instituto reubicó a Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y de la Secretaría Ejecutiva del organismos, respectivamente, sin dar detalles sobre por qué los eligieron y a poco más de un mes de haber concluido sus cargos como comisionados, una situación que fue cuestionado por el propio Consejo Consultivo del INAI.
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En 2023, los gastos de los comisionados Guerra Ford y Monterrey Chepov desataron cuestionamientos al revelarse que usaron la tarjeta de crédito institucional para pagar un table dance; ambos renunciaron ese año.
Así, a las denuncias por las presiones a trabajadores para entregar parte de sus sueldos, se suman a las críticas por gastos de funcionarios del INAI, incluidos viáticos internacionales de las y los comisionados, como el presidente Adrián Alcalá, mismos que continuaron este año.
La Auditoría Superior de la Federación encontró, por ejemplo, cargos a la tarjeta institucional del Comisionado Adrián Alcalá para el pago de hospedajes y alimentos “sin vínculo con las comisiones” en 2022.
En entrevista, él rechazó que hayan sido para fines personales y afirmó que desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023, implementó controles de austeridad, incluidas la cancelación de sus tarjetas corporativas. Alcalá Méndez calificó de inédita la revisión al INAI y cuestionó si se trató de un “encargo”.
“La Auditoría Superior de la Federación, no sé si por encargo o por agenda de trabajo inédita, ha abierto investigaciones sobre el uso y ejercicio de los gastos públicos, pero en el INAI no hay casos de corrupción en 2022 y 2023 ahorita [la auditoría] en curso. No hay ninguna denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por algún desvío de recursos públicos a pesar de esta revisión inédita.
“La ASF tiene una auditoría en curso y de la noche a la mañana la cambió a forense, que implica una investigación mucho más profunda donde ellos, en su facultad de investigación, advierten o pueden advertir posibles casos de corrupción, lo cual no ha acontecido. Ninguna autoridad a la fecha ha realizado o interpuesto alguna sanción en contra de algún servidor público de esta institución por los diferentes aspectos como nepotismo, moches, comisiones indebidas, es decir, todas las comisiones están soportadas debidamente son comisiones de trabajo”, defendió.
MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL INAI
El Comisionado Adrián Alcalá informó que entre las medidas de austeridad que implementó desde la Presidencia del INAI está la cancelación en febrero del contrato con American Express para tarjetas corporativas.
“Las tarjetas corporativas las cancelamos, establecimos otros mecanismos de control justo cuando llegué a la presidencia. En abril aprobamos nuevos mecanismos de control, todas las comisiones están debidamente soportadas, justificadas”, mencionó. De acuerdo con el comisionado, tanto el informe de la ASF como las recomendaciones del Consejo Consultivo del INAI los llevó a implementar esta propuesta.
“En abril del año 2024 propusimos diferentes medidas de austeridad, modificamos los montos de comisión, es decir, los montos que se tienen por gastos de alimentación en cada comisión. Establecimos y fragmentamos, delimitamos que no podría haber más de tres consumos en el día, es decir, un concepto por desayuno, un concepto por cena o por comida, dependiendo el número de horas, pero además evitamos o dejamos muy claro que no se podía juntar toda la bolsa en un solo concepto, es decir, si te daban cierta cantidad por concepto de alimentos no podrías agruparlo todo en una sola factura, sino que lo dividimos de manera proporcional: tanto por ciento o tal cantidad por desayuno, tal cantidad por comida y tal cantidad por cena”.
Desde 2018, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los altos sueldos de comisionados y comisionadas, quienes actualmente ganan más de 100 mil pesos al mes, de acuerdo con datos del INAI.
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“Nosotros lo que hemos hecho desde el año 2018, más bien para el Presupuesto 2019, ningún comisionado gana más que el entonces Presidente de la República, y actualmente nosotros tenemos una remuneración neta aproximadamente de 114 mil pesos, digo aproximadamente porque las comisionadas, un servidor, pueden tener a lo mejor diferentes descuentos. Por ejemplo, yo tengo un descuento de un crédito personal y percibo poco menos que mis compañeras comisionadas. Pero netos recibimos aproximadamente 114 mil, cada comisionado desconozco cuánto reciben ya netos mis compañeras, pero no superan netos los 114 mil mensuales, en tanto la Presidenta de la República actualmente, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de la Función Pública, recibe netos 133 mil pesos”, expuso.
Los datos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que el segundo contrato más costoso del INAI en lo que va del año fue por 7 millones 887 mil siete pesos con la aseguradora Metlife México. Alcalá Méndez comentó que se trata de una prestación avalada desde la Secretaría de Hacienda.
“Ese es un seguro que como prestación la Secretaría de Hacienda consolida todos los trabajadores del Gobierno federal y nosotros estamos adheridos a esa situación, y es una prestación legal, un seguro de vida que nosotros pagamos al año 7.8 millones de pesos, el contratante es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es una prestación finalmente legal”, mencionó.
Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa que extingue siete órganos autónomos, incluyendo el INAI. Más tarde el Pleno del instituto pidió al Senado “reconsiderar” la reforma constitucional que reasignará sus funciones a otras instancias gubernamentales.
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