Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pasará a la historia contemporánea como uno de los episodios más oscuros que evidencian el peso de la crisis forense, el narcotráfico y las omisiones del Estado que se recarga sobre el trabajo de las mujeres buscadoras quienes ponen el cuerpo para la localización e investigación de personas desaparecidas en todo el país.
Un aproximado de 400 pares de zapatos, docenas de prendas de ropa, pertenencias y restos óseos humanos fueron encontrados por la colectiva Guerreros Buscadores que, a la fecha, se encuentra realizando transmisiones en vivo a través de sus redes sociales donde las buscadoras muestran las prendas encontradas y las clasifican por tallas para una mejor identificación.
Se presume, el rancho era ocupado por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación que utilizaban el espacio para cremar a sus víctimas y ocultar los restos óseos. Asimismo, los registros reiterados de impactos de bala sobre las paredes apuntan a que el rancho también era ocupado para adiestrar, reclutar y enseñar a las personas a hacer uso de armas de fuego.
El debate esencial surge luego de que este rancho ya había estado en la mira de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y desde hacía un par de años, el inmueble fue cateado en al menos dos ocasiones. Para 2024 fue desmantelado, quedando así, en completo abandono con 10 personas detenidas. Esto, a pesar de que en las habitaciones existían restos óseos, ropa y 3 hornos que apuntaban a un crematorio clandestino, en defensa, las autoridades responden: El rancho era demasiado grande para revisarlo completo.
Así, el debate radica en nombrar el trabajo de las personas buscadoras que, de forma colectiva, evidencian con su trabajo las deficiencias estructurales de las autoridades, pero también, exponen una red monstruosa de fosas y crematorios clandestinas escondidas por todo el país y que bien podrían ser una de las respuestas a cómo México tiene atravesada la dolorosa cifra de más de 100 mil personas desaparecidas.
Paralelamente, hay nula información sobre la cifra exacta de cuántas fosas clandestinas y crematorios existen en el país, un problemática que se articula con otras omisiones del Estado, como por ejemplo, el Servicio Forense que coloca los cuerpos en las fosas comunes sin dar previo aviso a las familias, ni llevar un protocolo certero sobre su estado de búsqueda, trayendo a colación, el caso de la buscadora Virginia de la Cruz, quien buscó incansablemente a su hijo durante 8 meses, a pesar, de que su cuerpo había llegado al Semefo apenas una semana después de su desaparición; nadie se comunicó con ella, aún, cuando acudía a las oficinas semanalmente en busca de respuestas.
En añadidura, se debe recordar que este no es el único caso, pues en los últimos años, las madres buscadoras encontraron al menos otros tres espacios nombrados «los calabozos de las desapariciones», donde el narcotráfico y el crimen organizado sepultaron a docenas de personas. Entre ellos:
La Gallera, en Veracruz:
«La Gallera» es el nombre de un rancho veracruzano, mismo, que fue testigo de la crueldad de Los Zetas, quienes ocuparon este espacio para desaparecer, torturar, decapitar y cremar clandestinamente docenas de personas durante un aproximado de 5 años. Las autoridades, presuntamente, catearon el lugar y no fue hasta que las buscadoras pusieron manos a la obra que comenzaron a recuperar restos óseos, ropa y pertenencias para clasificarlos y devolverlos a sus familias. Se sospecha que aquí hay, al menos, 22 fosas clandestinas y se encontró un horno lleno de cenizas; han pasado 5 años de este descubrimiento y los grupos veracruzanos de búsqueda continúan exigiendo respuestas.
La Bartolina en Tamaulipas:
Aquí las madres buscadoras encontraron en 2021 al menos 500 kilogramos de restos humanos, se sospecha, buena parte pertenecía a personas migrantes y víctimas de la guerra contra el narcotráfico, siendo esta entidad una de las más violentas en aquel episodio de la historia de nuestro país.
Patrocinio en Coahuila:
Apodado como el «campo de exterminio de los zetas», aquí las madres buscadoras recuperaron 4 mil 600 restos óseos en el 2016. En este pequeño poblado coahuilense, los zetas arribaron entre el 2009 y el 2013, una de las olas más violentas que atravesó en la entidad. Aquí se sospecha que permanecen restos de personas desaparecidas desde hace más de una década y a 2024, las madres buscadoras continúan haciendo campañas de búsqueda en la zona.
El septiembre del 2024, la madre buscadora Ceci Flores denunció el hallazgo de una fosa clandestina fronteriza donde se localizaron al menos 4 personas. Con respecto de este hecho, Ceci Flores advirtió en entrevista con Cimacnoticias la urgencia de nombrar la crisis de fosas clandestinas y crematorios donde desaparecen personas en distintas partes del país y no son atendidos por las autoridades correspondientes de raíz, pues se debe excavar el pozo, sacar los cuerpos arrojados en el lugar y taparse definitivamente para que no sean usados de nuevo.
Además, denunció que, a pesar de que las autoridades reconocen la existencia de las fosas, poco hacen por recuperar los restos o en muchas ocasiones, sólo pretenden hacer campañas de búsqueda para después, zanjar el caso. Precisamente, la realidad que hoy se vive con el rancho de Teuchitlán.
“En un año ese crematorio se descubrió al menos seis veces. Las autoridades iban, enfriaban el pozo, exhumaban algunos restos que quedaban ahí y ya, lo seguían dejando así. Constantemente íbamos a ese lugar y se encontraba nuevamente el pozo ardiendo y con restos adentro. Ante tal situación y la magnitud del problema que miramos que había porque ni las autoridades no podían sostener esa situación, hice la petición al presidente para que nos ayudara con la maquinaria y la herramienta necesaria para que no hubiera repetición en ese pozo y no se calcinara a ninguna persona más. Lo bueno que nos la dieron [la herramienta] rápidamente y ahora ya quedó tapado ese pozo» -Ceci Flores
No fue hasta que Ceci Flores solicitó la petición de cerrar el pozo a presidencia que las autoridades hicieron algo al respecto, pues aunque ella y otras madres denunciaran su existencia no podían hacer nada más que observar la escena por falta de equipo para excavar.
“¿Qué podemos hacer ante esta situación? No podemos hacer más que oler a nuestros seres queridos quemándose”, (Ceci Flores)
En promedio, se calcula que 18 mujeres desaparecieron diariamente en México entre 2008 y 2023. De estas, el 21% aún no se conoce su paradero, de acuerdo con la ex comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.
“No son cifras: son vidas suspendidas mientras sus familiares, mayormente mujeres, las buscan sin cesar”.
México vive una crisis humanitaria de personas desaparecidas, donde mujeres han tenido un papel protagonista en la búsqueda de sus familiares, han sido las Madres Buscadoras de sus hijas e hijos quienes realizan el trabajo que el Estado ha dejado de hacer.
De acuerdo con el mismo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay 116 mil 302 personas desaparecidas y existe un subregistro que impide conocer con certeza cuántas mujeres son encontradas con vida, cuántas sin vida y las razones de su desaparición. La mayoría de las víctimas son menores de edad.
Las autoridades no se ponen de acuerdo: ¿Cuántas fosas clandestinas existen?
Un primer acercamiento lo ofrece Data Cívica, Artículo 19 y otras instituciones, que esbozan una posible cifra: un aproximado de 2 mil 155 cuerpos han sido encontrados en fosas comunes alrededor del país, de los cuales, solo el 6% ha sido identificado, además, se tiene registro de 81 investigaciones, es decir, que existen 2 mil 74 restos óseos sin reconocer y sin procesos legales.
Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República información sobre la cantidad de fosas clandestinas y restos óseos encontrados desde 1960 hasta la actualidad y cuántas investigaciones habrían resultado de dichos hallazgos. Como resultado, se desencadenó una lucha por la verdad que llevó a la institución a impugnar y exigir transparencia hasta en 3 ocasiones.
La primera respuesta que recibió la organización fue que, desde 2011 la entonces PGR había encontrado 119 fosas clandestinas y 387 cuerpos, realizando solo 15 investigaciones; sin mayor información sobre la identificación de estas personas y los procesos penales, Artículo 19 impugnó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Cuatro años después de este suceso, en 2015 Artículo 19 recibió una actualización informativa, donde la PGR rectificaba que, de hecho, no eran 119 fosas clandestinas, sino 141 y tampoco, eran 387 cuerpos, sino 560.
Esto último, podría ser un hilo negro importante sobre la transparencia con la que se conduce la institución, pues también se detectó, que no existe una unificación en los datos sobre fosas clandestinas pues, aunque se han producido reportajes y la prensa ha cubierto este tema de forma reiterada, los números parecen no coincidir y peor aún, en algunos casos, el registro de las fosas clandestinas está muy por debajo de las cifras por las que luchó Data Cívica y Artículo19.
Como dato contextual, México llegó a un hito histórico en 2022 tras registrar 106 mil 780 personas desaparecidas desde 1964, según documentó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
De esta forma, se concluye que no existe certeza sobre la cifra verdadera de fosas clandestinas que existe en el país y la cantidad, inhumana, de restos óseos y cuerpos que se encuentran al interior de estos espacios. Con esto último, el informe «Violencia y Terror«, señala que deben existir más de mil fosas clandestinas (el doble de la cifra otorgada por la PGR) y que evidencian los siguientes puntos:
Contexto de violencia en las entidades y municipios
Actores estatales y no estatales involucrados y de distintos grados de responsabilidad en los procesos de inhumación clandestina
Patrones de violaciones graves como ejecuciones, desaparición y tortura
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