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Ciudad de México.- En México hay cerca de 386 mil 197 personas víctimas de desplazamiento forzado. Esta cifra de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) no permite ver cuántas de estas personas son defensoras de derechos humanos o periodistas; esto lo dio a conocer Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, durante un conversatorio sobre la situación de personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en condición de desplazamiento forzado interno en México, celebrado este 11 de julio.
Gavira Betancur, conoce esta situación y advirtió que pese a la urgencia que estos casos representan en México, el país aún está a tiempo para evitar que el desplazamiento forzado llegue a un estado crítico como ha sucedido en Colombia, la Relatora recordó que su antecesora Cecilia Jiménez-Damary, redactó un informe respecto a esta problemática en el país.
En dicho informe —recuerda Paula Gaviria— se reconoció que los factores causa del desplazamiento forzado son múltiples y tienen impactos particulares dependiendo de los contextos de las víctimas. En el caso particular de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las razones del desplazamiento suelen estar relacionados con su trabajo, el cual puede verse autocensurado luego de que las y los defensores o comunicadores se vuelven blancos de amenazas y hostigamiento.
Por otro lado, el impacto para las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas también es diferenciado. Esto, debido a que ellas son más susceptibles de experimentar violencia sexual o de ser víctimas de feminicidio; además, al ser ellas sobre quienes recae el mayor peso de las cargas de cuidado, es posible que su desplazamiento signifique, así, el desplazamiento de familias enteras.
Aunado a esto, Paula Gaviria destacó el papel que están jugando las madres buscadoras actualmente en México. Su labor —afirmó la Relatora— prácticamente las convierte en defensoras de derechos humanos. Tal como ha documentado Cimacnoticias en el caso de buscadoras como Cecilia Flores Armenta, esto las expone a diferentes violencias entre cuyos actores destacan los grupos del crimen organizado y las autoridades corruptas ligadas a ellos.
De igual forma, la actual Relatora de la ONU puso especial énfasis en el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado en las comunidades indígenas. Estas comunidades están siendo despojadas de sus territorios y reciben constantes amenazas de parte de grupos criminales, pero también de paramilitares y actores del Estado mexicano, lo que ha generado desplazamientos masivos como en el caso de 200 personas indígenas mixe que tuvieron que abandonar el municipio de Tierra Negra, Oaxaca.
Por su parte, defensoras como Kenia Hernández Montalván están encarceladas de manera injusta al levantar la voz ante la violencia que azota sus comunidades; al mismo tiempo, debido a la discrminación sistemática del sistema judicial mexicano, estas mujeres están en desventaja al exigir el respeto a sus derechos humanos.
El panorama del desplazamiento forzado en México “ya es grave como es”, aseguró Paula Gaviria Betancur. No obstante, afirma que el país está a tiempo para evitar que esto se convierta en una profunda crisis difícil de combatir.
“Yo siento que ustedes están a tiempo de que el problema no se vuelva todavía un problema mayor como lo es, por ejemplo, en Colombia”, un país donde, de acuerdo con su Registro Único de Víctimas (RUV), desde 1985 hasta 2021 se contabilizaron 8 millones 219 mil desplazamientos forzados.
Para que la situación no escale, el Estado mexicano debe asumir sus responsabilidades y generar mecanismos eficaces de protección para quienes se enfrentan a la difícil situación de desarraigarse de sus lugares de origen a causa de la violencia.
Víctimas señalan fallas en mecanismos de protección en México
En el conversatorio celebrado en el Instituto Goethe también estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil, representantes de instituciones gubernamentales y periodistas y personas defensoras de derechos humanos víctimas de desplazamiento forzado. Estas últimas expusieron lo que implica desplazarse de manera obligada de sus territorios y, también, ser atravesadas por las diferentes violencias que inundan a la República Mexicana.
Una de estas víctimas es Griselda Triana López, periodista y viuda del también comunicador Javier Valdez, quien lleva cinco años y medio desplazada junto con sus hijos de Culiacán, Sinaloa. Tal como expresó, este desplazamiento forzado ha traído cambios fuertes en su proyecto de vida. Además, ha implicado afectaciones económicas y emocionales derivadas también de la criminalización de la que ha sido víctima en el largo proceso de buscar justicia por el asesinato de su compañero.
Por su parte, Laura Cáceres Contreras (integrante del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado) denunció que esta justicia es simplemente inaccesible para gran parte de las víctimas de desplazamiento forzado al no haber una clasificación de este delito y no tener una forma de denunciarlo. E incluso cuando quieren hacerlo, muchas veces se encuentran con respuestas como “es que ya prescribió”, ya pasó el tiempo para hacerlo.
“El dolor no prescribe… Las cosas que dejamos y que aún nos duelen no van a prescribir nunca”, aseveró Cáceres Contreras al respecto. Ella se vio obligada a salir de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de recibir amenazas por parte del crimen organizado, quien ha intentado inhibirla de seguir buscando a su hermana desaparecida desde el año 2012.
Finalmente, Gabino Gómez Escárcega (defensor y cofundador del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEHM) remarcó que a la falta del reconocimiento de las víctimas señalado por Laura Cáceres se suma también la falta de atención que las autoridades ponen a la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Al respecto, narró que desde el último mes, la comunidad indígena Guadalupe y calvo ubicada al sur Chihuahua está recibiendo constantes ataques de parte de grupos armados, los cuales están obligando a las y los habitantes a desplazarse de su territorio. Pese a que el gobierno estatal conoce esta situación, de acuerdo con Gabino Gómez, lo cotidiano es que las autoridades hagan caso omiso de las constantes llamadas de auxilio provenientes de la región.
Nashieli Ramírez Hernández (presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en la Ciudad de México) también estuvo presente en el evento y reconoció que, tal como apuntan estos testimonios, no hay una agenda real para atender el problema del desplazamiento forzado interno de parte de las instituciones gubernamentales. En estas condiciones —afirmó— es sumamente complicado llevar a cabo un trabajo coordinado para atender a las víctimas de este delito y prevenirlo.
Ramírez explicó que los mecanismos adecuados para atender a las víctimas del desplazamiento forzado deben incluir una correcta investigación de los hechos, la sanción efectiva para los responsables, reparación del daño, garantías de no repetición y reconocimiento de las víctimas. En México existe el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual incluye algunas de estas características. No obstante, se han señalado fallas importantes en su estructura como la falta de medidas de protección permanentes y que cubran todas las regiones de México.
De igual forma, Lucía Lagunes Huerta (directora de Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC) señaló que hacen falta mecanismos de protección con enfoques diferenciados para mujeres periodistas. Estos enfoques deben incluir análisis específicos de sus contextos y de las violencias por razón de género a las que han estado expuestas, así como medidas que les ayuden a restituir sus proyectos de vida y a contemplar su reinserción social ya sea dentro o fuera de sus entidades originarias.
En este sentido, la Relatora Paula Gaviria Betancur señaló que los mecanismos de protección que implican el desplazamiento de las víctimas no siempre son los más adecuados, pues con ellos se inician complejos procesos de desarraigo y ruptura del tejido comunitario en la mayoría de las ocasiones. Esto, sin contemplar que no siempre son medidas eficaces: hay casos en los que incluso tras el desplazamiento —advirtió la Relatora—, periodistas y personas defensoras terminan siendo asesinadas.
Hablar sobre desplazamiento forzado en México es muy complejo, y abordar los mecanismos de prevención y protección contra este delito es un tema que está lejos de agotarse. Actualmente, en el Senado de la República se encuentra una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Además, organizaciones como CIMAC, Artículo 19 y CEDEHM (entre otras agrupaciones integrantes del Espacio OSC) siguen generando esfuerzos en la protección de víctimas y la evaluación de los mecanismos de protección actuales. Pero, mientras el Estado no preste suficiente atención al tema, los avances serán lentos y carecerán del respaldo institucional.
Es por eso que Paula Gaviria Betancur se comprometió a seguir manteniendo un diálogo con la sociedad civil para ayudarle a ejercer presión sobre el gobierno y hacerle ver la importancia de defender a quienes, por informar o defender a comunidades enteras, se ven obligadas y obligados a salir de sus tierras y abandonar sus proyectos de vida.
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