Ciudad de México.– En la política migratoria de Donald Trump, el miedo es una de sus principales estrategias. Las amenazas, los discursos racistas y xenofóbicos y, por supuesto, los antecedentes de un primer mandato están afectando seriamente la salud mental de la población migrante en Estados Unidos, especialmente de la indocumentada.
“Existe un estado de angustia, de miedo, en nuestra comunidad que está repercutiendo en la salud emocional y ésta, a su vez, en la salud física”, señala Martha Esquivel, coordinadora de la Comisión de Salud de Fuerza Migrante, una plataforma binacional de diferentes organizaciones.
Un estudio indica que entre 2011 y 2018 “el malestar psicológico aumentó” entre la población latina, especialmente en la indocumentada. La investigación, publicada en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS, por sus siglas en inglés), muestra que la creciente amenaza de deportación está afectando psicológica y emocionalmente a este grupo étnico racializado.
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“Cómo no les va a afectar no saber qué les va a pasar, si van a regresar a casa, si van a ver una vez más a su familia. Todo eso da terror, da miedo”, dice Xóchitl Covarrubias, migrante mexicana y vicepresidenta del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA, por sus siglas en inglés). “Algunos ya ni duermen, nomás pensando, meditando si eso llega a pasar”.
Hace unos días, un compañero del LCLAA les contó que su hija presenció la detención del abuelo por parte de agentes migratorios. Y aunque la adolescente les insistía que es ciudadana estadounidense, también querían cargar con ella. “Ya está pasando”, las separaciones familiares ya están ocurriendo dice Covarrubias.
Lo cierto es que las políticas contra la migración indocumentada de poblaciones racializadas y colonizadas de América Latina y el Caribe han venido de los dos partidos políticos más grandes de Estados Unidos: el Republicano —de Donald Trump— y el Demócrata —del actual Presidente Joe Biden.
De acuerdo con el Reporte Anual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2024 el Gobierno de Biden deportó a 271 mil 484 personas. Mientras que la cifra máxima a la que llegó Trump fue de 267 mil 260 en el año fiscal 2019.
La democracia explicada
“La incertidumbre, la visualización de escenarios catastróficos”, como la expulsión, la separación de familias “o inclusive el discurso que se ha manejado de que ahora las familias se van juntas, no importa que tengan hijos ciudadanos”, están mermando “la salud mental de la comunidad migrante”, apunta la doctora Martha Esquivel.
Los planes de Trump
El próximo 20 de enero Donald Trump volverá a la presidencia de Estados Unidos y, tal como lo hizo en las elecciones de 2016, sigue amenazando con deportaciones masivas. Pero ahora ha ido escalando en sus intenciones intervencionistas.
El magnate ha asegurado que utilizará al Ejército para deportar a migrantes sin documentos y que expulsará también a quienes hayan nacido en Estados Unidos y pertenezcan a una familia cuyos integrantes tengan una situación migratoria irregular.
Y hace unos días, anunció que los cárteles de la droga serán declarados organizaciones terroristas, con lo que abre la posibilidad de una abierta intervención a México y otros países de América Latina.
Asimismo, se vuelve a allegar de funcionarios y funcionarias con firmes posturas antimigrantes y represivas. Por ejemplo, Kristi Noem, la próxima Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, como Gobernadora de Dakota del Sur colaboró estrechamente con el Gobernador de Texas, Greg Abbott, en sus acciones y programas contra las personas migrantes.
Tom Homan, el ejecutor de la política de “tolerancia cero” en la frontera en el primer mandato de Trump, será ahora el “zar fronterizo”. En tanto que el Embajador de Estados Unidos en México será Ron Johnson, un militar, exfuncionario de la CIA y exembajador en El Salvador, desde donde entregó buenas cuentas por haber puesto en marcha políticas antimigratorias y represivas.
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“Definitivamente esa primera administración fue una experiencia que ahora tratamos de aprovechar”, dice Martha Esquivel. Si bien el discurso fue muy agresivo y muchas veces se acompañó de acciones concretas contra la comunidad migrante, “pero en esa ocasión existía todavía una presencia demócrata muy importante en diferentes estados, condados y ciudades” y las posturas de esos gobiernos permitieron aminorar el impacto de Trump sobre las poblaciones migrantes, agrega.
Las razones de la angustia
En el LCLAA les preocupa que Trump implemente el Proyecto 2025, un plan integral diseñado por la Fundación Heritage, con el apoyo de más de 100 grupos conservadores y ultraconservadores, para guiar al Gobierno.
Una de las recomendaciones de dicho documento es que el Congreso incremente el financiamiento al ICE “para aumentar significativamente el espacio de detención, elevando el número diario de camas disponibles a 100 mil”.
Hasta el 15 de diciembre de 2024, había 38 mil 406 personas migrantes en los centros de detención de ICE, de acuerdo con el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), así que el aumento de detenciones que pretenden los conservadores es más que significativo.
A LCLAA y otras organizaciones les preocupa la existencia de estos centros, por las graves agresiones que han vivido las personas migrantes en esas instalaciones. En 2029, el Congresista Ted Deutch reveló que el Departamento de Salud recibió más de 4 mil 500 denuncias de abuso sexual contra infancias migrantes ocurridos en esos centros entre 2014 y 2018.
Otra de las peticiones incluidas en el proyecto es eliminar los sindicatos del sector público. También, prohibir la recopilación de datos sobre racialización, etnia y sexo de las personas trabajadoras. De esa manera se invisibiliza su presencia y fuerza en el mercado laboral.
“Nuestra preocupación es especialmente con la comunidad migrante indocumentada”, dice Xóchitl Covarrubias. “De implementarse las propuestas del Proyecto 2025 como políticas del gobierno, los trabajadores podrían perder los derechos y las garantías que se han alcanzado”.
Las personas migrantes sin documentos para vivir y trabajar en Estados Unidos estarían más vulnerables a la explotación laboral, pues la amenaza constante de deportaciones masivas “genera un clima de terror e impide que los trabajadores denuncien los abusos e injusticias por miedo a ser detenidos o deportados”.
Esa sensación de amenaza constante puede llevar a un estado “maníaco depresivo”, advierte Martha Esquivel. Dicho estado se puede manifestar en conductas repetitivas, estrés permanente, pérdida del control, irritabilidad y falta de tolerancia, explica.
“Ya sean inmigrantes indocumentados, titulares de visas o residentes permanentes, todos los no ciudadanos son vulnerables a la deportación, y los de México y América Central se ven afectados desproporcionadamente”, se reconoce en el estudio La amenaza de deportación predice la angustia psicológica de los ciudadanos y no ciudadanos latinos de Estados Unidos, 2011 a 2018.
La investigación encontró que la angustia de la población latina naturalizada disminuyó después de la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y otras medidas. En cambio, incrementó en el Gobierno de Trump, quizá porque les recordó “no sólo la precariedad de los inmigrantes indocumentados, sino también la suya propia”.
La Reforma pendiente
Una de las exigencias de la población migrante, activistas y organizaciones es una Reforma Migratoria integral. Dicha reforma, apunta Xóchitl Covarrubias, debe otorgarles la ciudadanía a quienes llevan décadas en Estados Unidos y que “han contribuido a esta nación, han pagado. Pero aún así son como un fantasma”.
La información verificada y el conocimiento de sus derechos son otra arma eficaz, señalan ambas activistas. Por ejemplo, deben saber que si la policía o los agentes migratorios tocan a su puerta, las y los migrantes tienen el derecho de no abrir, de no contestar, apunta Xóchitl Covarrubias. También tienen derecho a realizar una llamada, así que deben tener siempre a la mano los contactos que les puedan ayudar.
Por su parte, Fuerza Migrante anunció la creación de la Red Nacional de Voluntarios Migrantes Mexicanos y Latinos, que comenzará a operar oficialmente el 20 de enero de 2025.
“Esta red está dirigida a fortalecer la conexión, la información y la solidaridad entre la comunidad migrante, garantizando que los inmigrantes tengan acceso a recursos clave, capacitación y apoyo directo en todo el territorio estadounidense”, indica la plataforma en un comunicado.
También la LCLAA emprenderá una campaña informativa y de acompañamiento para las personas migrantes en Estados Unidos. “En este camino de sombra, de temor, de terror” la unión será la luz, dice Xóchitl Covarrubias.
“Yo vengo de Tala, Jalisco. Acá nos trajo nuestro hermano con el sueño americano. Se decía que acá se barrían los dólares, yo lo escuchaba desde muy chica”. Pero descubrió que se trabajaba muy duro y lo que se barrían eran las humillaciones.
Laboró en el campo y limpiando casas, y ahora es una importante activista del movimiento laboral “lista para entrar al campo de batalla por los hermanos indocumentados”.
Las estrategias de apoyo también deberán responder al contexto regional, dice Martha Esquivel. “No es la misma situación para una familia de California”, donde hay una menor persecución del gobierno estatal a las personas migrantes indocumentadas, “que una de Florida o de Texas”, donde sus gobiernos y senadores sí buscan la expulsión inmediata de esa población.
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