Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Colectivas de personas buscadoras acudieron en compañía de defensores de derechos humanos a la audiencia pública 189 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la problemática de las desapariciones y la respuesta del Estado mexicano ante los hechos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente, en México hay 112 mil 197 personas desaparecidas, cuyas familias no saben nada de ellas desde hace semanas, meses, años y han sido las madres y familiares de las víctimas quienes han emprendido colectivas de búsqueda para realizar actividades que el Estado mexicano no ejerce: encontrar a las y los desaparecidos.
El calendario de sesiones, dio inicio el miércoles 28 de febrero a las 8 horas tiempo de la ciudad de México, con la exposición de colectivas de buscadoras de personas desaparecidas de Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y de Guanajuato donde externaron que:
Ante la incapacidad del Estado mexicano para solucionar la violencia ejercida en contra de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos realizaron una petición de audiencia ante la CIDH, para dar a conocer la situación de violencia extrema a la que se enfrentan, entre los hechos denunciados están los 16 asesinatos cometidos contra familiares de personas desaparecidas, dos de ellos ocurridos en lo que va del año, así como una persona buscadora que se encuentra desaparecida.
En una sesión a control remoto vista en redes sociales, acudieron a la sesión plenaria tanto las colectivas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del estado mexicano, para tener la relatoría de los dos lados de la historia.
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En el derecho de audiencia se brinda atención a las problemáticas expuestas para contar con elementos de juicio, orientada a la búsqueda de soluciones a tan lacerante problemática, en las que se revictimiza a los familiares buscadores, ya que, son ellos con sus propias manos y recursos los que tienen que buscar a sus seres queridos, al mismo tiempo, que resultan un blanco fácil para las organizaciones criminales, ante lo que podría parecer la mirada cómplice o ajena del gobierno federal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el artículo 66 del organismo internacional explica que las audiencias temáticas son espacios que se conceden a la sociedad civil para tratar asuntos de interés respecto a problemáticas de derechos humanos en un Estado, conjunto de Estados o en una región específica.
Violencia desbordada
Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, realizó un estimado de los riesgos, represalias y persecución de las que son víctimas las personas buscadoras al realizar su labor, “Tanto dentro del periodo denominado como guerra sucia al periodo de 2006, que, continúa expandiéndose han sido las mujeres buscadoras, quienes han logrado mantener la esperanza de encontrar a sus seres queridos; como pugnar por tener políticas, un marco regulatorio, instituciones y mecanismos de atención”.
Esta lucha las ha enfrentado a distintos desafíos, como el de la inseguridad y la violencia en contra de las mujeres buscadoras en México, “que se ha incrementado, de 2019 a la fecha, la oficina del Alto Comisionado, ha documentado la muerte, el asesinato como posible represalia por su labor de búsqueda de al menos 9 mujeres, asimismo mencionó que han acompañado a innumerables madres buscadoras que han sufrido otros incidentes de seguridad, que las han forzado al desplazamiento”.
“La mayoría de las agresiones permanecen en la impunidad, al respecto, hace dos meses publicamos un informe que propone a las fiscalías 15 recomendaciones para revertir la impunidad”, puntualizó.
La audiencia contó con las voces de colectivas de la sociedad civil organizada, las cuales dieron un diagnóstico, en el que aseveraron que Estado mexicano, «no solo es ineficaz en la solución de localizar a personas desaparecidas, sino que además, pareciera ser que la obligación de realizar esta labor está en manos de los familiares o de las buscadoras», quienes a su vez, se enfrentan a una doble revictimización, ya que son amenazadas por el crimen organizado, que vulnera su esperanza de encontrar los restos de sus familiares.
Las y los defensores de los derechos humanos pugnan, porque se les conceda protección y cobijo: “no se toman medidas por parte del Estado mexicano para integrar a las personas buscadoras a los mecanismos para su defensa, no se les integra en el proceso y no cuentan con protección a nivel federal”, señala María Luisa Aguilar, Coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)
Ya que son las mismas madres buscadoras, quienes, tienen que garantizar su seguridad durante la búsqueda de sus seres queridos, por eso realizo un llamamiento para que el Estado mexicano atienda la situación, que se garantice la protección de miles de Mujeres Buscadoras y se exija, que no se minimice, la crisis actual que supera cifras de más de cien mil personas desaparecidas.
En su turno, la respuesta por parte del estado mexicano, compuesto por cuatro funcionarios a nivel federal, se distinguió por respuestas sistemáticas, en las que afirman que sí se atiende a las víctimas con perspectiva de género y enfoque diferenciado. Intentaban detallar que cuando un defensor de derechos humanos o un periodista señalan que se sienten en riesgo, o que sufren agresiones por la naturaleza de su labor, se puede recomendar su incorporación al sistema de protección federal creado con ese fin.
Los puntos acordados los aterrizó Andrea Puchak, presidenta de la sesión plenaria de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras lanzar una reflexión, “La CIDH va a estar acompañando este tema con mucha fuerza, nos ponemos a la disposición del estado para colaborar, técnicamente haré todo lo que esté a nuestro alcance para fomentar el diálogo, un diálogo que tiene que ser en México”.
Añadió, “la Comisión Interamericana está elaborando un informe, en marzo vamos a elaborar un cuestionario para buscar información adicional, para completar este informe temático. Y vamos a mandar una nota formal al Estado mexicano, queremos que lo circulen por todas las áreas competentes y, también queremos recibir información de todas las áreas del sistema judicial; vamos a publicar este cuestionario en la página web de la CIDH para que la sociedad civil pueda participar con el informe”.
A la audiencia, asistieron: Artículo 19, colectiva «Voz de los Desaparecidos en Puebla”; colectiva Buscadoras Guanajuato; colectiva Buscadoras Zacatecas, A.C.; colectiva de Investigación del Proyecto “Incidencia de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato y Jalisco a partir de los procesos de organización y de construcción de memoria”.
A las que se sumaron, “Por las voces sin justicia” de Mazatlán en Sinaloa; colectiva “Una promesa por cumplir”, de Celaya, en Guanajuato y Daniel Vázquez de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Así como defensoras y defensores de los derechos humanos, como, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, (IDHIE) o Jesús Peña, Oficial en Cargo Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Jorge Peniche Baqueiro, Observatorio Designaciones Públicas, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAD); Universidad Iberoamericana Puebla y la Unión Regional de Búsqueda del Bajío (50 Colectivos).
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