Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Los megaproyectos siempre han tenido a la mira a la península de Yucatán, incluso antes del desarrollo del Tren Maya, este territorio es espacio de disputa, lucha e irrupción militar. Ahora, con el salvaje «ecoturismo» de la zona, las fuerzas armadas han tomado ventaja; han irrumpido la vida cotidiana de las comunidades mayas, desarrollando cuarteles gigantescos que, más que representar un sinónimo de seguridad para las personas, produce temor e incomodidad; son vigiladas, perseguidas y arrancadas de sus territorios.
La estrategia corporativista y la integración militar son de carácter capitalista, neoliberal, capitalista y patriarcal, por ello, desde enero del 2023, hasta febrero del 2025 la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C, documentó en «¿A qué vinieron?» los principales hallazgos sobre el sentir de las personas yucatecas y cómo, de forma paulatina, las fuerzas armadas han comenzado a involucrarse cada vez más en la vida pública e incluso, aún con el fin del Tren Maya, las fuerzas castrenses no sólo no se retiraron, sino que llegaron más elementos, maquinaria y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Entre irrupción militar y el cambio de rutina de las mujeres quienes, han referido no sentirse seguras con los hombres armados en los peajes que conectan con sus comunidades, el informe explora los movimientos políticos desde López Obrador para abrir la puerta a las fuerzas armadas; la forma en que aparecieron para no irse, la destrucción de la naturaleza y un cambio de paradigma en la península que atenta contra los derechos humanos, el libre tránsito y la paz.
La irrupción militar
El informe identificó que, esto no se trataba de una militarización o militarismo que sucede en otras partes del país, más bien, lo que está atravesando a Yucatán es la «irrupción militar», porque no sólo contempla atribuciones, competencias y presupuestos de fuerzas armadas, sino también, la vigilancia y el control de las personas y de la naturaleza como una estrategia para producir la corporativizarían de la zona. Es decir, las fuerzas armadas se han articulado con las empresas para producir megaproyectos y para garantizar que todo salga en su beneficio, emplean el amedrentamiento y se insertan en la estructura de las comunidades.
Ahora,, se les ve en los hoteles, en restaurantes, lavanderías, calles, construcciones y bares sin saberse exactamente qué están haciendo ahí. No están haciendo sólo tareas de servicio público, sino que han convertido a la península de Yucatán en su territorio y con ello, han modificado la vida de quienes habitan las comunidades, particularmente, en Calakmul, Felipe Carrillo Puerto y Othon P. Blanco, documenta el informe.
Un hecho preocupante es que, no sólo hay zonas exclusivas para militares y señalizaciones con escudos que han cooptado a las comunidades de su libre tránsito, sino que además, estos hombres fuertemente armados también se rigen con dinámicas muy cambiantes. Es decir, no sólo son elementos uniformados los que se pasean por la península, sino además, se documentaron otros agentes con ropa de civil o con uniformes incompletos; hombres que usaban chalecos oficiales que decían ser ingenieros e incluso, hombres civiles dando rondines en los vehículos oficiales del Ejército.
Una de las mujeres entrevistadas por la organización refirió que, lo más preocupante, es que estos grupos no interactúan con la población; sólo se hablan entre ellos y nunca se les ve el rostro, pues siempre tienen lentes y cascos.
Otra mujer de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto externó sentir miedo, pues el actuar dela Guardia Nacional «era raro»; hay miembros del Ejército moviéndose en vehículos de la Guardia Nacional, incluso en autos de la policía estatal. Asimismo, la mujer, identificada como una joven maya, expresó que siempre están enfrente de su casa, toman fotografías, se estacionan atravesando la calle y bajan siempre muy armados, lo que produce incomodidad y temor. .
El miedo a ser detenidas: Mujeres y la pérdida del espacio público
«¿A qué vinieron?» sostiene que se tienen referencias de personas que son hostigadas, amedrentadas, perseguidas, acechadas en sus casas y que, aquellas que señalan prepotencia o abuso de autoridad, viven amagos e inspecciones irregulares.
Una de las mujeres entrevistada en anonimato compartió que, su principal miedo desde que llegaron las fuerzas armadas es que sea detenida de forma arbitraria, pues los ve pasar siempre en la avenida de su casa, además, este testimonio dibuja cómo, particularmente las mujeres, se han visto en la forzosa necesidad de cambiar sus rutinas para evitar encontrarse con los elementos. La mujer compartió que antes podía andar a la una o dos afuera de su casa y volver con tranquilidad, sin embargo, ahora evita hacerlo por temor. Este argumento se repite en otra mujer oriunda de Felipe Carrillo Puerto, quien explicó que ya no puede transitar libremente en su comunidad, especialmente, hacia el área de las lagunas donde antes solía transitar; le preocupa encontrarse con elementos castrenses.
Hay testimonios de que militares han afirmado que civiles les deben obediencia, como si fueran militares recibiendo una instrucción. Además, se constató que las fuerzas armadas hacen interrogatorios y registran datos personales de personas civiles sin explicación ni aviso sobre el tratamiento y fines de la recolección de los mismos.
Derivado de estos actuares opacos y fuera del marco de la legalidad, se apunta a un hecho contundente: Los espacios públicos han comenzado a perderse y con ello, también se amenaza la sustentabilidad de las comunidades.
Una mujer maya macehual de la comunidad de Felipe Carrillo compartió que, antes de la llegada de las fuerzas armadas, el mercado era un espacio para socializar y vender. Veía a las personas los sábados y domingos mirando toda la mercancía; se iban a comer elotes, empanadas o chicharrones, llenaban los negocios y se producía la convivencia comunal, sin embargo, esta tradición se ha perdido con el inserto del Ejército y la GN; las personas prefieren no salir: «Ahora ya no hay nada«, dice la mujer.
Al respecto, el testimonio de otra mujer refiere:
«Hemos perdido espacios públicos, sentimos que ya no podemos estar ahí sentadas por horas que era lo que hacíamos cuando salíamos. No podemos porque nos sentimos vigiladas»
Es una verdad que, la presencia de grupos militares no sólo implica toda una transformación en las comunidades, sino también, coopta a las mujeres de sus derechos; con una acumulación de denuncias y unos picos altos de violencia sexual, la presencia de las fuerzas armadas en la península Yucatán implica una sobrevivencia constante de las niñas, adolescentes y mujeres mayas que, según lo documentado en el informe, se encuentran haciendo hasta lo imposible por no encontrarse con los grupos castrenses, aún, cuando esto implique modificar toda su cotidianidad y renunciar al espacio público.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021 más de 68 mil mujeres sufrieron violencia en su comunidad por parte de militares o marinos. En tanto, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol, 2021) revela que, en las detenciones de mujeres, las instituciones que ejercen mayor violencia son la Marina (86.4%) y la Sedena (77.4%). Además, detalla que la violencia sexual está presente en los arrestos de mujeres en 19.4% de las detenidas por la Marina y el 11.5% por la Sedena.
Lucía Lagunes Huerta escribió en su columna «La Guardia Nacional, un peligro para las mujeres«:
«En un ejercicio de memoria quiero traer a Nitza Paola Alvarado Espinosa e Rocío Irene Alvarado Reyes quienes fueron víctimas de desaparición forzada por parte del ejército en Chihuahua; las hermanas González, niñas violentadas sexualmente en un retén militar en Altamirano Chiapas; Inés y Valentina, agredidas sexualmente también por parte del ejército en Guerrero y Doña Ernestina Ascencio en Zongolica Veracruz, atacada sexualmente también por militares (…) las preocupaciones feministas sobre la Guardia Nacional están tatuadas en las vidas de las mujeres, porque cada una de ellas somos todas.»
La conexión directa entre abusos e intentos de agresiones en la península yucateca han sido reiterados por las mujeres que habitan la zona. De acuerdo con el informe, son los militares que fungen como supervisores, arquitectos, así como los obreros de las obras, los sectores identificados como principales agresores.
En Calakmul, dos mujeres refirieron que, desde la llegada de las obras a su comunidad, habían optado por dejar de salir a casa, principalmente «porque habían muchos hombres» en las zonas aledañas de la construcción. En una ocasión, a una de ellas, dos hombres la alcanzaron y acercándose a ella, le dijeron que tuviera cuidado: «Yo dije, cuidado de qué o qué, después de ese momento, definitivamente ya no salí sola«, refiere el testimonio.
La segunda mujer, expresó su preocupación del incremento de la violencia pues, a una de sus compañeras del trabajo, mientras volvía sola a casa «intentaron agarrarla», no se supo si pretendían subirla a la fuerza al vehículo, sin embargo, tras unos minutos de lucha y forcejeo la mujer logró escapar; le provocaron una herida en su brazo que dejó cicatriz.
Hay referencias que relacionan la irrupción militar a misoginia y menosprecio a las opiniones de mujeres trabajadoras, particularmente jóvenes; a un incremento en los embarazos –incluidos los tempranos y/o no deseados–, a casos de abusos sexuales y a relaciones afectivas que se establecen entre mujeres y militares, algunas de ellas no consentidas ni decididas libremente. Hay referencias a más redes para la explotación sexual de las mujeres. Además, para trabajar en el denominado “Tren Maya” se emplea a mujeres con alguna condición de vulnerabilidad -como ser cuidadoras únicas- en roles de mayor riesgo laboral, por ejemplo, como bandereras, expresa el informe.
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