Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Provenientes de comunidades indígenas, andinas, amazónicas y zonas rurales, miles de mujeres peruanas fueron víctimas de esterilización forzada, esto como resultado del violento Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva impulsado por el régimen de Fujimori entre 1995 y 2001, mismo que murió esta semana, pero la lucha por la justicia de estas mujeres no hizo más que avivarse.
El Centro por la Justicia y el Derecho Penal (CEJIL) plantea un número aproximado de 2 mil mujeres, pero el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de Perú, refiere que este número, de hecho, es mucho mayor, alcanzando a 314 mil 605 mujeres. Así, se evidencia que existe poca certeza sobre la cantidad exacta de mujeres quienes fueron víctimas de esta práctica, muchas de ellas, nunca se enteraron de que su infertilidad fue producto del Estado y otras mujeres, no formaron parte de la denuncia colectiva contra el régimen.
Alrededor de este caso, la única evidencia concreta es que el Estado, articulado con su sistema legislativo y de salud, produjo crímenes de lesa humanidad en contra de las mujeres, mayoritariamente indígenas, del Perú.
De esto deviene en la digna rabia e indignación colectiva, pues tras anunciarse la muerte de Alberto Fujimori, -producto de un cáncer-, el Estado conmemoró su vida para honrarlo y se le dedicaron honores en los medios masivos de comunicación; pero este personaje político, es responsable de la muerte de miles de mujeres.
Al respecto, la CEJIL refirió:
«Estas conmemoraciones son un lamentable ejemplo del negacionismo del Estado peruano frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Perú y el régimen de Alberto Fujimori»
Celia Ramos vive
Originaria de La Legua, Piura, Celia Ramos se acercó al único puesto de salud de su poblado; quería atención odontológica. A partir de esta primera visita a la clínica, la vida de Celia Ramos terminaría dando un vuelco importante que la llevaría a perder la vida tiempo después.
Una vez que la mujer ingresó a la clínica perteneciente al sistema de salud del Estado, comenzó a ser perseguida y hostigada por parte del personal, quienes le referían sobre los beneficios de practicarse la esterilización.
Celia era una mujer joven, conocida en su comunidad y madre de 3 hijas, la más pequeña, Marcia, tenía apenas 5 años.
El personal la buscaba por todo espacio y terminó por convencerla de realizarse una ligadura de trompas, luego de explicarle que sus 3 hijas tendrían acceso a importantes programas sociales. Así, en julio de 1997, la mujer aceptó la intervención quirúrgica que, según prometían, sería rápida, segura e indolora.
Según denuncia su hija mayor, Celia Ramos se arrepintió y pidió detener el procedimiento, sin embargo, el personal la forzó a realizarlo a pesar de que, hasta el último momento, la mujer sólo quería regresar a casa.
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Celia Ramos salió con dolor físico del quirófano y sólo 19 días después, murió a causa de las lesiones, producto de un mal trabajo quirúrgico.
Según documenta el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, muchas mujeres fueron víctimas de malas prácticas, como la aplicación errónea de anestesia, pobres equipos quirúrgicos y mal saneamiento, que terminaba por traducirse en infecciones, lesiones graves, secuelas permanentes y la muerte a causa de paros cardiorrespiratorios.
El caso de Celia Ramos terminó por estallar y su nombre se convirtió en bandera para luchar en contra del Estado peruano que aún no ha pagado por su colusión y participación activa de estos crímenes.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado este caso para analizar la responsabilidad del Estado y el actuar del régimen fujimorista; el hecho de que Alberto Fujimori haya muerto no implica que el caso se eche para atrás, por el contrario, sólo se ha avivado. Según la CEJIL, el tribunal de la IDH se encuentra en proceso de una resolución para otorgar reparación a las víctimas de esta política.
Como antecedente y «compromiso reparatorio» del Estado, en 2003 se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa en el que reconocía su responsabilidad por un caso similar, el de María Mamérita Mestanza Chávez.
En ese acuerdo, el Estado se comprometía a implementar medidas de reparación integral, pero 20 años después, las medidas de fondo aún no se han cumplido: los casos siguen en la impunidad, no se han implementado modificaciones legislativas y políticas públicas que garanticen que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Los crímenes ordenados por Fujimori contra mujeres: Abuso y tortura
Además del doloroso episodio de esterilización forzada, el régimen de Fujimori también ejerció la violencia sistémica en contra de las mujeres andinas, utilizando las fuerzas armadas para replegarlas, asesinarlas, desaparecerlas y abusarlas.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documenta todos los crímenes que se gestaron durante los conflictos internos del régimen de Fujimori; miles de desapariciones forzadas y abuso, que, al final, terminó por recrudecerse en contra de las mujeres, muchas de ellas, ni siquiera tenían injerencia en los movimientos opositores y sufrieron los estragos del puño fujimorista.
María Emilia cuidaba a su hija de 9 meses de nacida; su esposo, campesino, había salido a trabajar la tierra cuando los soldados apodados «Los Cabitos» tocaron a su puerta.
Los hombres irrumpieron con violencia, la encerraron en una habitación de la casa y abusaron sexualmente de ella de forma tumultuaria.
María Emilia fue quemada, pues le pusieron brasas de fuego en la boca, la torturaron y golpearon, lo que le produjo discapacidad auditiva y serios problemas psicológicos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha referido que el Ejército cometió crímenes sexuales en contra de mujeres, adultas mayores, adolescentes y niñas por todo el Perú, en al menos, 15 departamentos -Estados- del país. Mayormente, las víctimas eran mujeres de comunidades indígenas quechuas.
- El 75% de los casos de abuso y tortura sexual, se cometieron en contra de mujeres quechuas
- 83% contra mujeres de origen rural
- 36% trabajadoras del campo
- 30% dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados
Ayacucho y Huancayo, fueron las dos entidades con mayor incidencia en los casos; los soldados entraban y abusaban de todas las mujeres que se encontrasen. Una de ellas, Hipólita Oronjuy, quien al ver la violencia que arreciaba a Ayacucho, tomó a su bebé y emprendió su huida a Chilca, otro poblado.
En su camino, Hipólita se encontró en dos ocasiones al ejército fujimorista; las dos ocasiones, fue abusada y torturada sexualmente, a su hijo, se lo arrebataban y aventaban con violencia lejos de ella.
Sin agua, sin comida, con su hijo en brazos, la mujer tuvo que sobrevivir desde su autodefensa, quitándose los zapatos para no hacer ruido que pudieran alertar a los hombres de los campamentos castrenses.
Según recoge el CVR, se tiene registro de, al menos, 2 mil 74 mujeres víctimas del Ejército fujimorista, sin embargo, se proyecta que el número es aún mayor, pero debido al rol de género de estas mujeres que las ha instado a guardar silencio de estas prácticas sexuales violentas, se desconoce la cifra exacta, además, existe vacío informativo sobre las víctimas de feminicidio – desaparición.
Estos hechos sucedieron pocos años antes de que arrancara el programa de esterilización forzada, es decir, que el régimen de Alberto Fujimori estuvo presente en los dos episodios de violencia de género más cruentos en la historia de Perú.
Por ello, las conmemoraciones del estado peruano tras su muerte no son sólo motivo de crítica, sino también de cuestionamiento; las mujeres víctimas de Fujimori no perdonan, ni olvidan.
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