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El exsecretario de Seguridad Pública federal de México, Genaro García Luna, ha sido nuevamente negado en su intento de obtener un amparo para descongelar sus cuentas bancarias. García Luna, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con el crimen organizado, buscaba que las autoridades mexicanas levantaran el bloqueo de sus cuentas, las cuales fueron congeladas en 2019.
En su solicitud de amparo, García Luna argumentó que el juez que previamente había rechazado su petición había violado diversas normas del proceso al no permitirle ampliar sus argumentos en contra de la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió de manera unánime que el recurso presentado por el exfuncionario carecía de fundamentos.
En una sesión realizada la semana pasada, los jueces del tribunal declararon infundadas las reclamaciones de García Luna y consideraron justificado el congelamiento de sus bienes, ya que fue resultado de una solicitud realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
Cabe mencionar que en febrero pasado, poco después de que García Luna fuera declarado culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con su cooperación con el cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína, su esposa Linda Cristina Pereyra logró obtener un amparo para que se descongelaran sus cuentas. Aunque ella también enfrenta acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República de México por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, tanto García Luna como Pereyra enfrentan un proceso en una corte de Estados Unidos con el objetivo de que México pueda recuperar más de 748 millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario y transferidos a ese país.
Recientemente, se dio a conocer que, a solicitud de la Fiscalía General de la República, un juez federal emitió órdenes de aprehensión en contra de García Luna y otras 60 personas por un aparente desvío de cinco mil millones de pesos de las cárceles federales de México.
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