Redacción El Coahuilense
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, salió al paso de los intentos de trabajadores, jueces y magistrados de llevar a un paro de labores en caso de que no se tome en cuenta sus propuestas para la reforma al Poder Judicial, pues reiteró que los únicos responsables serían los juzgadores en caso de consumarse, y cometerían el delito contra la administración de justicia.
“Sería una violación flagrante a la Constitución Política por obstaculizar y obstruir el acceso a la justicia”, aseveró Monreal, «el irse a paro jueces y magistrados violan flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe ser expedita y pronta, porque de lo contrario, obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia, es un delito grave contra la administración de justicia, ellos lo sabrán”, recordó.
De igual forma expresó que jueces y magistrados tienen el derecho de decir lo que quieran, de hacer lo que crean conveniente, siempre y cuando no violen la Constitución y la ley, «Yo no creo que los trabajadores tengan un propósito de manifestarse, al menos que estén mal informados”, consideró.
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El también presidente de la Junta de Coordinación Política, negó que la reforma afecte los derechos de los trabajadores y sostuvo que “es falso que se vaya a despedir gente”. Les aseguró que no hay una sola palabra, un solo párrafo, que afecte el derecho de los trabajadores del Poder Judicial.
Monreal Ávila acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña de presionar a los trabajadores del Poder Judicial para que se movilicen y se confronten con el Poder Legislativo e incluso Ejecutivo.
“No debería presionar ni hacer caminar a los trabajadores a lugares sin retorno, yo preferiría el diálogo, no me gusta la confrontación, a pesar de tener la mayoría calificada, nosotros vamos a abrir el diálogo con todos”.
El coordinador estableció que a la titular del Poder Judicial “le falta diplomacia, pericia, inteligencia, para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los poderes”, además de enfatizar que no hay manera de que en la elección de jueces, magistrados y ministros y en la Corte misma se involucren intereses mafiosos.
Para ello, sostuvo que se establecerán medidas legislativas: comités de especialización, vigilancia, para revisar muy bien toda la Constitución y las leyes reglamentarias a fin de sacudirse de esta nefasta influencia y presencia del crimen organizado en las resoluciones de jueces.
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