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Ciudad de México.- La diputada por Morena, Marcela Fuente Castillo, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de crear un capítulo en el Código Penal local específico para sancionar los ataques perpetrados por ácido y otras sustancias. Sin embargo, víctimas señalan que se realizó sin el acercamiento a ellas y sus casos.
En su iniciativa, Fuente Castillo propone la creación del Capítulo II bis: “Lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas, cáusticas, irritantes, tóxicas, líquidos a altas temperaturas, inflamables o cualquiera que pueda provocar lesiones en órganos internos, externos o ambos”.
De esta forma se busca sancionar con 8 a 12 años de prisión y multa de 200 a 700 unidades de medida a quien incurra en dicho delito. Además, cuando la conducta delictiva cause deformidad en el rostro, pérdida parcial o total del odio, vista, incapacidad permanente para trabajar, cause alteración o daño en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual, o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, las penas aumentarán hasta la mitad.
Además, la iniciativa propone incluir el concepto de violencia ácida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la CDMX. Sumado a lo anterior, la iniciativa pretende obligar a la Secretaría de Salud local a “llevar registro y remitir a las autoridades correspondientes la información y estadísticas sobre las personas atendidas en el caso de lesiones por ácido, sustancias químicas, cáusticas, irritantes, tóxicas, líquidos a altas temperaturas, inflamables o cualquiera que pueda provocar lesiones en órganos internos, externos o ambos, protegiendo siempre sus datos personales”.
En la presentación de dicha iniciativa estuvo presente María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de ataque con ácido en Oaxaca, quien afirmó que poco abonan las iniciativas ante el panorama de impunidad que permea en México.
“De nada sirve que agreguemos a las iniciativas si el poder judicial está corrompido, si las fiscalías están podridas. Exigimos que se investiguen cómo se deben las agresiones. Que exhorten a los presidentes, en este caso de la CDMX, al tribunal, fiscal, que no se trata de lesiones, son feminicidio o tentativa de feminicidio”.
María Elena Ríos Ortiz
Sobreviviente de ataque con ácido asegura que no se consultó a víctimas para dicha iniciativa
La Fundación Carmen Sánchez ha documentado más de 30 ataques con ácido en el país. Una de las sobrevivientes es Ana Elena Saldaña, quien fue agredida en 2018 en la CDMX y tuvo que vivir fuera del país durante cuatro años.
En noviembre de 2018, cuando tenía 23 años de edad, una supuesta vendedora de gelatinas se acercó a ella para presuntamente venderle sus productos.
De forma amable, la joven rechazó a la mujer, pero cuando estaba a punto de entrar a su domicilio, ésta le arrojó un líquido en el rostro. La agresora es considerada la autora material del ataque; sin embargo, el autor intelectual no ha sido detenido, por lo que la justicia no ha llegado.
Durante la presentación de la iniciativa de Marcela Fuente Castillo, Ana Saldaña acusó que ella y otras sobrevivientes no fueron consideradas para contribuir en la construcción de la propuesta.
“Esta reforma no está sustentada ni integrada, ni fue consultada con las víctimas de ácido. Como diputada de la CDMX se le olvidó consultar a quienes fuimos atacadas aquí. Cuatro años me tuve que ir de este país para esperar el debido proceso que no ha sucedido”, aseguró ante medios de comunicación.
Tras la presentación de dichas posturas, se prometieron mesas de trabajo para adecuar la iniciativa, misma que ya fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y Administración y Procuración de Justicia.
Ataques con ácido se mantienen en la impunidad
La alta tolerancia del Estado mexicano hacia la violencia contra las mujeres ha provocado que más del 90 por ciento de los ataques con ácido perpetrados se encuentren impunes. Las sobrevivientes no solo luchan por sanar las cicatrices visibles e invisibles, también deben vigilar que las autoridades actúen con debida diligencia y perspectiva de género para poder acceder a la justicia.
Desde 2001 hasta la actualidad, la Fundación Carmen Sánchez –asociación civil enfocada en visibilizar y obtener justicia ante la “violencia ácida”– ha registrado 33 agresiones con ácido a mujeres. El 60 por ciento de estos ataques fueron cometidos por quienes en ese momento o en el pasado habían mantenido una relación sentimental con la víctima. Del total de agresores, 85 por ciento fueron hombres, detalló en entrevista con Cimacnoticias Ximena Canseco, cofundadora de la fundación.
Actualmente, los estados donde se sancionan los ataques con ácidos o sustancias corrosivas como agravante del delito de lesiones son: Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México. Oaxaca es la única entidad donde dicha agresión se encuentra tipificada como un delito autónomo.
Pese a lo anterior, en los estados donde se castiga el delito no se ha garantizado el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas.
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