Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) identificó que, durante 2022 hay 90 mil personas bajo «proceso», es decir, no han recibido sentencia y el 50% de estas personas están sujetas a la detención preventiva, la mayoría prolongada, es decir, que por más de 5 años su caso permanece «en pausa»; sin sentencia y sin posibilidad de hacer algo al respecto, mientras, están detenidas y atravesadas por los estragos del punitivismo mexicano.
El año pasado el Gobierno de México extendió una invitación al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, órgano de las Naciones Unidas que registra los avances y retrocesos en materia de derechos humanos, reclusión, tortura y desaparición forzada.
En su visita, se gestaron reuniones con una veintena de instituciones castrenses, judiciales y de prevención de la violencia, así, tras un año de trabajo de investigación y segregación informativa la ONU presenta sus principales hallazgos, advirtiendo, en esencia sobre la militarización y el rastro de violencia que ha dejado en México.
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Colocando el foco en el principal motivo de este órgano, se concluyó que la detención arbitraria continúa siendo una práctica generalizada en México y además, existen deficiencias en el sistema de justicia penal.
Además, son las personas de comunidades indígenas, quienes viven con mayor recrudecimiento la detención arbitraria, la tortura, la violencia y la falta de asistencia jurídica cualificada; son castigadas con mayor crueldad y el enfoque no sólo es punitivo, sino, además, racista.
Para entender mejor el impacto que esta visita implica, hay que cuadrarlo en el escenario político que se está gestando, pues a unos días de que López Obrador deje la Presidencia de la República, se coloca en el panorama una serie de deficiencias importantes en materia de derechos humanos, pero también, se debe señalar que la ONU encontró que México siguió recomendaciones para contener la violencia. En este sentido, estos fueron los principales hallazgos.
México: Los aciertos que obtuvo y buenas prácticas
El Grupo de Trabajo celebra la reforma constitucional de 2019 que estableció el deber de las autoridades de mantener un Registro Nacional de Detenciones y la adopción de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, lo que concuerda con la recomendación anterior del Grupo de Trabajo de que un sistema adecuado de registro de detenciones es esencial para prevenir la detención arbitraria.
Se reconoce la importancia de que este banco de datos haya sido abierto al público, logrando un aproximado de 2 millones de visitas a nivel federal, sin embargo, la ONU señaló que el RND no contiene toda la información precisa, pues no contempla la interseccionalidad como herramienta; no hay información sobre personas migrantes o con discapacidad psicosocial, lo que recrudece la vulnerabilidad.
Paralelamente, esta información no está nutrida desde distintos frentes, es decir, a pesar de que ya existan fuerzas castrenses con la facultad civil de realizar detenciones -como la Guardia Nacional, por ejemplo-, esta información no está contenida en el Registro Nacional de Detenciones, quedando así, incertidumbre y vacíos informativos: ¿quién realizó la detención?, ¿por qué?, ¿fue personal de la Guardia Nacional?
En este sexenio, este ha sido el único logro que ha nombrado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, pues si bien reconoció otras «buenas prácticas», estas datan de hace más de una década.
Como por ejemplo, cuando en 2011 se colocaron los derechos humanos en el centro de la Constitución o cuando en 2008 se realizó una transición a un modelo acusatorio de justicia penal desde la extensión del amparo a los derechos humanos internacionales.
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La preocupación aumenta: Militarización, violencia, tortura y desaparición forzada
La ONU señaló que la prisión preventiva oficiosa ha sido una violación a los derechos humanos y el actuar de México es un detrimento a lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ya le ha ordenado al país ajustar sus leyes.
Ahora bien, en materia de militarización el Grupo refirió estar enterado de la situación sobre la reforma que pretende añadir a Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y advirtió que hay más de 100 mil soldados realizando tareas policiales, de seguridad pública y control migratorio, algo que está estrechamente relacionado con el aumento de personas detenidas, desaparecidas y víctimas de ejecución.
«Si bien los miembros de la Guardia Nacional están capacitados en derechos humanos y en la recolección de pruebas, el Grupo de Trabajo observa que hay reportes constantes de violencia al realizar arrestos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar.
Aunque se informó que las detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina habrían disminuido, 60 de las 240 denuncias de detención arbitraria entre 2018 y 2023 siguen sin resolverse.»
El Grupo de Trabajo se pronunció férreamente en contra de la reforma que está pronta a discutirse, argumentando sentir preocupación, especialmente, por la propuesta de otorgar rango constitucional a la facultad de la Guardia Nacional de participar en la investigación de delitos, bajo la dirección y mando del Ministerio Público.
«El Grupo de Trabajo expresa su preocupación ya que la adopción de esta iniciativa podría exacerbar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la Guardia Nacional.»
Durante sus días de visita, el órgano también entabló conversación con más de un centenar de personas de todo el país, ahí, se documentó la brutalidad policial, los contextos sociales y de belicismo que se gesta en el país, particularmente, al sur. Así, el Grupo de Trabajo rastreó que las fuerzas de seguridad infligen torturas y palizas a las personas detenidas.
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Muchas veces, utilizan la humillación y el castigo, particularmente, en contra de personas en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, migrantes, adolescentes o mujeres.
En el informe se señala que el perfilamiento racial es una constante y las personas son llamadas «indias» durante los arrestos, asimismo, se documentó el caso de una mujer que explicó estar embarazada, sin embargo, fue víctima de una detención arbitraria; fue humillada, llevada a lugares remotos y golpeada en el estómago en reiteradas ocasiones.
En esta misma línea, se debe reiterar que este es un modus operandi que ya ha sido testificado por víctimas, como, por ejemplo, las mujeres que fueron torturadas, «paseadas» en patrullas estando gravemente heridas, siendo humilladas, desnudadas, golpeadas en genitales y amenazadas de muerte en Zacatecas, tras la manifestación del 8 de marzo de este año.
El Grupo de Trabajo, ha dado fe que este tipo de acciones también se comete en contra de las juventudes, pues muchos adolescentes experimentan violencia considerable en sus arrestos y no se les notifican las razones de la detención.
Esto se refleja en una encuesta nacional de 2022 que reveló que el 65,9 % de las personas jóvenes se quejaron de haber sufrido algún tipo de violencia psicológica y el 45,9 % de violencia física durante sus arrestos (en 2017 el porcentaje fue del 68,8 % con respecto a la violencia psicológica y del 50,2 % con respecto a la violencia física). Las juventudes fueron en ocasiones golpeados por las fuerzas de detención que les colocaban bolsas en la cabeza y los llevaban a pasear mientras los presionaban para que confesaran haber cometido algún delito.
Además, los abogados defensores a veces les dicen a los adolescentes que se declaren culpables para evitar ingresar al sistema de justicia penal para adultos.
De acuerdo con el informe, en 2021 el 23% de las personas detenidas fueron arrestadas en las calles y el 40% afirmó haber sido acusadas falsamente, a pesar de que exista esta vulnerabilidad latente donde las autoridades -y ahora, fuerzas armadas- realizan detenciones arbitrarias el Estado mexicano continúa solapando desde la legislación estos hechos.
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El Grupo advierte que en nuestro país se mantiene vigente la «flagrancia por señalamiento«, donde una persona puede ser detenida sin una orden judicial y sin haber sido sorprendida en ningún delito, lo único que se necesita para su detención, es ser señalada por una persona con poder policiaco.
Como ya se advertía, se gestan discursos de clasismo, misoginia y machismo en los procesos de detención, pero también, dentro de la asistencia jurídica y es que, a pesar de que el órgano de la ONU reconoció que México ha trabajado para que el 95% de las personas acusadas tengan acceso a personas de la defensoría pública, quienes ofrecen una amplia gama de servicios, la realidad es que siguen perpetuándose malos servicios, limitaciones financieras y vulnerabilidad.
El resultado de que la asistencia jurídica perpetúe sistemas de opresión origina un mayor riesgo de detención arbitraria, en particular para las personas que carecen de medios socioeconómicos para obtener asistencia jurídica privada.
Muchas personas detenidas carecen de acceso regular a un abogado defensor público una vez detenidas.
No pueden comunicarse con abogados por teléfono, ya que, según se informa, dichas llamadas telefónicas generalmente no se facilitan de forma gratuita y los defensores públicos a menudo ignoran las llamadas que provienen de un centro de detención.
Así, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluye su visita a México y recomienda realizar modificaciones en la legislación penal, fortalecer las medidas de protección para las personas defensoras – activistas, adoptar la interseccionalidad en los bancos de información sobre personas detenidas y combatir el exceso de la fuerza ejercida por parte de las fuerzas armadas; la militarización, se convierte en catalizador importante para la violencia en la sociedad civil, que demanda respuestas sobre la crisis de desaparición y detenciones arbitrarias, y no más belicismo en las calles.
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