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El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue sujeto a prisión preventiva justificada por segunda ocasión derivado del proceso que abrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la presunta comisión del delito de encubrimiento por favorecimiento en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López en octubre de 2022.
Dicho delito se traduce en el ocultamiento de información, el cual habría cometido el fiscal de Morelos en la investigación al asegurar que la causa de la muerte de la joven de 27 años fue broncoaspiración por una intoxicación alcohólica y no por traumatismo múltiple como más tarde confirmaron la Fiscalía capitalina y la Fiscalía General de la República.
Tras la audiencia de este sábado que se extendió por poco más de dos horas en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la capital, el equipo legal del fiscal explicó que el juez decidió mantener a su cliente detenido en el Reclusorio Sur porque existe el riesgo de fuga.
“Dice el juez que (el fiscal) puede sustraerse a la acción de la justicia porque carece de arraigo (en el país)”, detalló al salir de la audiencia el abogado Gabriel Regino, quien se unió al equipo legal del funcionario.
Sin embargo, Regino, quien se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México en el mandato cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno, aseguró que la verdadera razón es porque este caso obedece a “un secuestro político”.
“El fiscal está fuerte de ánimos, está convencido de que le asiste la razón, está convencido de que no hay un hecho delictivo que él haya cometido, está convencido de que mantiene su fuero constitucional”, agregó.
Además, aseveró que en el caso de Ariadna Fernanda “no existe feminicidio alguno”, hecho que demostrarán más adelante.
Este segundo en contra del fiscal Uriel Carmona se conoció ayer, luego de que el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ordenó liberarlo en un plazo no mayor a 24 horas tras admitir una queja en la que solicitó continuar su proceso en libertad.
Ante su inminente salida y estando en desacuerdo con los magistrados que integran al Colegiado, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó una nueva orden de aprehensión, ahora por el delito mencionado, la cual fue ejecutada instantes después de que el funcionario salió del Reclusorio Sur el viernes por la noche.
De acuerdo con el Código Penal de la capital, el delito de encubrimiento por favorecimiento es castigado con penas de seis meses a cinco años de prisión.
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