Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) externaron sus posturas sobre el tema ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, como parte de los Diálogos Nacionales sobre las Reformas Constitucionales al Poder Judicial enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.
Estos diálogos son fundamentales por dos circunstancias políticas y sociales para las mujeres, la primera de ellas es por la participación política que ostentan porque están en primera instancia gubernamental, situación que rompe brechas de género y la otra es por lo que está en juego: el acceso a la justicia para nosotras en un país con un rezago histórico.
Por ejemplo, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, indicó que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, y pensar en una reforma a este Poder implica reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. “Seamos críticos de la justicia en México, la realidad no nos permite otra actitud”.
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Un paso veloz ante modificaciones estructurales, consideró, solo puede dar entrada a problemas mayores. En la reforma judicial que hoy convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad; “las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas”.
Mencionó que este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que involucra a todos los poderes de la Unión, como es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al federal, también al local.
Norma Lucía Piña Hernández añadió que desde la judicatura federal participarán y expresarán sus posturas sobre cada uno de los temas que en ella se aborden.
Expresó su convicción de escuchar, porque es una práctica clave para proponer un cambio, “estamos abiertos a entablar un diálogo real, responsable, pero para ello se requiere voluntad de reflexión. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México encontraremos más coincidencias que divergencias.
Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos”, subrayó Norma Lucía Piña Hernández.
Intervención de ministras
Al abordar los mecanismos de selección de quienes integran los más altos órganos del Poder Judicial, la ministra Loretta Ortiz Ahlf apuntó que, según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo más relevante para un procedimiento de selección es que desde una perspectiva sustancial y con independencia de que se elija un mecanismo directo o indirecto de elección, deben existir garantías que aseguren que estos no sean realizados ni percibidos de carácter político, afectando así la convicción de los justiciables.
“Dentro del Sistema Interamericano se ha concluido que con independencia del proceso definido en cada país estos siempre deberán contar con criterios objetivos de seleccionados basados en méritos personales y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación de acceder al cargo en igualdad de condiciones”, indicó Loretta Ortiz Ahlf.
Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN, expuso que una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: estar orientada a resolver problemas, no desarreglar lo que funciona, ser económica e implementarse con sencillez.
Esta reforma, añadió, debe abordar lo relativo a las fiscalías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda y de atención a víctimas, ya que la ciudadanía relaciona estas áreas como parte del Sistema de Justicia.
Resaltó que otros aspectos que deben ser considerados son el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados y de la escuela del Poder Judicial de la Federación, impulsar la capacitación de las fiscalías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda y de atención a víctimas.
También, agregó, mejorar a la carrera judicial, la creación de figuras como jueces mediadores, así como promover la asesoría jurídica gratuita en zona prioritaria y el uso de la tecnología e inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial.
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Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN, expresó que cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión: el garantizar justicia.
Propuso limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa.
Asimismo, limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional, eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y magistrados de tribunales administrativos o agrarios, y transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Corte, así como revisar quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que es un imperioso deber efectuar los cambios que requiere la función de impartir justicia para recuperar la confianza ciudadana, como la elección de juzgadores por elección y que quienes participen tengan la preparación jurídica y el conocimiento técnico de las materias sobre las que va a juzgar, a fin de elevar su nivel técnico y de competencia.
El reto, expresó, es mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constitucionales e inclusive con relación a poderes fácticos y económicos.
Propuso la elección popular de las y los integrantes de la SCJN y del Tribunal de Disciplina Judicial; la sustitución progresiva de juezas, jueces, magistradas y magistrados; garantizar la idoneidad y excelencia de quienes participen, que se respeten los derechos laborales de todas y todos, la observancia de la paridad de género, jueces cercanos a la gente y justicia para todos por igual.
Apertura democrática del Congreso
La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que la certeza es el bien público que debe determinar tanto el debate amplio de la reforma al Poder Judicial como su resultado, “la certeza debe ser el faro señero que guíe los contenidos resultantes de la reforma”.
Certeza, enfatizó, en los derechos de las y los trabajadores integrantes del Poder Judicial, certeza para los inversionistas y actores económicos y certeza para la sociedad mexicana que en los conflictos que lleve ante la jurisdicción sean resueltos siempre de manera rápida y bajo el único criterio de la razonabilidad de la norma.
Resaltó que debe ser una reforma que refleje la apertura democrática del Congreso, es un momento definitorio en el que la democracia se debe abocar a revisar cómo funciona una de sus ramas y en mejorarla en beneficio de su depositario supremo que es el pueblo mexicano.
Que los poderes democráticos aquí convocados, indicó, “nos entreguemos, con visión de Estado y patriotismo, a confeccionar una reforma que mejore la vida de la República”.
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Marcela Guerra se pronunció por analizar las condiciones necesarias para mantener la independencia de los jueces, debatir el funcionamiento de los poderes judiciales locales y el porqué congestionan a la jurisdicción federal; y buscar la mejor forma de supervisar el recto y ético ejercicio de la judicatura.
“La justicia accesible a todas las personas y no solo a los pudientes”; generar condiciones para que todos los juicios sean más ágiles y rápidos, “revisemos también las fallas y fortalezas de nuestros ministerios públicos para que procuren efectivamente la justicia que la sociedad mexicana espera de ellos”, destacó Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados.
La diputada del PRI externó su deseo porque el resultado de estos diálogos se traduzca en la consolidación de un Poder Judicial que mejore el acceso de las personas a una justicia pronta y expedita, y en la certeza de vivir en un Estado que haga efectivo el disfrute y la protección de sus derechos.
El espíritu republicano nos obliga a atender la otredad, a escucharnos unos a los otros para analizar, debatir y construir una reforma incluyente, que retome el sentir de la ciudadanía que exige jueces imparciales, honestos y preparados y, a su vez, consolidar un sistema de justicia con garantías para el eficaz ejercicio de su función, puntualizó.
SCJN debe transformarse
Durante el primero de los nueve foros de los Diálogos Nacionales sobre las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, que se desarrolló en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados del PT y PVEM obtuvieron la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión, y la iniciativa de reforma del Poder Judicial se perfila para ser aprobada, una vez que tomen protesta para conformar la nueva Legislatura LXVI, que iniciará sus trabajos en septiembre de 2024.
En representación del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), la senadora Sasil De León Villard, coincidió en la necesidad de transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero tribunal constitucional y Poder Judicial en un sistema más eficiente, certero y cercano a la población.
La aún coordinadora de los senadores del PES afirmó que esta reforma promoverá la participación ciudadana al garantizarse que la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, sean mediante la elección popular; asimismo, celebró el inicio de estos diálogos nacionales por la transformación del Poder Judicial.
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