Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum Pardo está a punto de recibir la dirección de un país que tiene una deuda histórica con las mujeres de México, está punto de encontrarse agendas de urgente atención en materia de Derechos Humanos: casos de feminicidio, desapariciones, brecha salarial, compromisos de su campaña como la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados, así como garantizar y agregar progresividad a derechos sexuales y reproductivos.
Recibirá un país no solo con altos índices de violencia contra las mujeres reflejada en 10 feminicidios por día y un registro de 27 mil 323 mujeres desaparecidas sin resolver, sino también por la equidad laboral que sigue lastrada por los roles de cuidados domésticos y la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, con condicionamientos para el acceso a derechos sexuales y reproductivos y la relación que tendrá con las madres buscadoras.
¿Qué más deberá enfrentar la primera presidenta de México?
Un pendiente legislativo: leyes para crear SNC
Otro pendiente que deberá atender la próxima presidente Sheinbaum será el referente al Sistema Nacional de Cuidados, ya que en el contexto de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador decidió pedir a la Cámara de Diputados y el Senado frenar la discusión de algunas iniciativas hasta después de junio, las cuales tendrán que mejorar derechos de las mujeres, lo que incluye la creación precisamente el SNC, bajo el argumento que se debía esperar “a que el pueblo elija, porque ahora hay mucha demagogia“.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la corresponsabilidad de los cuidados es una de las grandes deudas para aumentar la participación económica de las mujeres. Además de otras razones estructurales, la baja participación femenina en el mercado laboral se debe a la carga desproporcionada que las mujeres dedican a las labores de cuidado y del hogar.
De acuerdo con el INEGI, las mujeres dedican en promedio 40 horas a la semana a labores de cuidado y del hogar, mientras que los hombres destinan solo 16 horas. Esta disparidad se traduce inevitablemente en una menor disponibilidad de tiempo para que las mujeres puedan desarrollar sus carreras profesionales. Si las mujeres dedican 63% de su tiempo total de trabajo a labores no remuneradas, ¿a qué hora tienen tiempo para avanzar en sus carreras?
Indicó que esto ha llevado a mujeres en la política y activistas a resaltar la necesidad imperante de establecer un SNC, es decir, contar con una política nacional en esta materia, la cual México hoy no tiene. La visibilización de esta brecha ha llevado a que ambas candidatas coloquen el SNC en el centro de sus propuestas para la igualdad de género.
El IMCO precisó que Claudia Sheinbaum ha sido clara en su intención de implementar un Sistema Nacional de Cuidados coordinado por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el objetivo de que el gobierno asuma responsabilidades en la redistribución de los cuidados de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En la misma línea, la candidata de Morena plantea otorgar una pensión universal a mujeres de entre 60 y 64 años que hayan dedicado su vida a labores de cuidado.
Detalló que esa propuesta no coincide con los avances legislativos que ha hecho el Congreso desde hace algunos años. De manera más reciente, el 12 de marzo de 2024, la Cámara de Diputados aprobó reformar y adicionar La Ley General de Desarrollo social para establecer una Política Nacional de Cuidados (es decir, un SNC).
Esta ley ya considera una Comisión Nacional que es un instrumento de coordinación entre instituciones como las secretarías de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que, por lo tanto, sería la responsable de atender las necesidades de cuidados del país.
Sin embargo, la diputada por Movimiento Ciudadano (MC), Amalia García Medina, en tono de reproche expresó a los senadores que se quedan en deuda por no completar el avance y dejar en la “congeladora” el Sistema Nacional de Cuidados, aprobada en la Cámara de Diputados, cuya importancia es reconocer el trabajo que realizan las mujeres en los hogares, que ha sido históricamente invisibilizado.
Es importante recordar que para el 2025 se espera una demanda de tareas de cuidado sin precedentes. Según un análisis de ONU Mujeres, para 2025 la población de adultas y adultos mayores de 60 años ascenderá a 17 millones de personas en México. Esto equivaldría a un 13 por ciento de la población total, la cual requerirá de cuidados especiales propios de su edad. A esto se sumará, además, la cantidad de personas que seguirán desarrollando secuelas tras haberse contagiado de Covid-19.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 10 y el 20 por ciento de quienes padecieron dicha enfermedad suelen tener secuelas persistentes como fatiga grave, dificultades para respirar y problemas de salud mental.
En agosto del 2023 avanzó el Pacto Birregional por los Cuidados con el objetivo de «promover la cooperación en materia de políticas públicas y sistemas integrales de cuidados», se basaría en los dos marcos regionales, por un lado, la Estrategia Europea de Cuidados y por otro lado, el Compromiso de Buenos Aires, que reconoce el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, incluyendo medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados.
La Declaración de la sociedad civil de América Latina, Caribe y UE presentada en el Foro UE-América Latina y el Caribe: socios para el cambio coloca también la propuesta de un Pacto birregional para la erradicación de cualquier forma de violencia basada en género, según los marcos establecidos por la Convención de Estambul y Belém do Pará.
La sociedad civil y las autoridades locales llamaron también a que la agenda bi regional establezca un compromiso para una transición social que sitúe la lucha contra las desigualdades, las sociedades de los cuidados, la justicia fiscal, los derechos laborales y la protección social en el centro.
Amalia García, ante este congelamiento del Sistema Nacional de Cuidados, consideró que su aprobación sería un avance significativo en la lucha por los derechos de las mujeres en México. Esta reforma busca reconocer y valorar el trabajo de cuidados realizado por las mujeres, así como garantizar cuidados de calidad para quienes los necesitan.
Este es un reto para las candidatas, (ahora primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum), porque en su campaña se han posicionado en favor de este Sistema Nacional de Cuidados, pero ante este estancamiento de la ley, deberán tener un posicionamiento claro sobre cómo lo impulsarían para lograr su aprobación.
Destacó que en México, el trabajo de cuidados en los hogares equivale al 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), eso demuestra su valor económico y la necesidad de visibilizar, valorar y reconocer esta labor por el Estado, la sociedad y las empresas, Resaltó que las mujeres carecen de tiempo para ellas mismas porque lo dedican a los cuidados, por lo que el Sistema Nacional de Cuidados no es una política social más, atraviesa todos los ámbitos de la vida.
Amalia García, quien forma parte del movimiento feminista, mencionó que pese a que la Cámara alta no discutió este tema, contenido en la reforma a la Ley General de Desarrollo Social avalada por diputados, en 13 congresos estatales ya están discutiendo las iniciativas de sistemas estatales de cuidados, ahí en entidades y municipios sí está avanzando.
Mencionó que las iniciativas de sistemas estatales de cuidados incompletos o cada uno con sus características avanzan y citó como ejemplo las ciudades de Zapopan, Jalisco; San Pedro Garza García, Nuevo León, también el Congreso de Jalisco acaba de aprobar una Ley del Sistema Estatal de Cuidados.
El Congreso de Jalisco aprobó la creación de la Ley del Sistema Integral de Cuidados para el Estado, el pasado 17 de febrero, con ello buscan promover la autonomía de personas en situación de dependencia, como niños, ancianos y enfermos y reconocer legalmente el trabajo no remunerado de las personas que fungen como cuidadoras.
Importancia de derecho sexual y reproductivo
Claudia Sheinbaum, se ha prometido continuar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y en este país, mayoritariamente católico, no compartió durante su campaña alguna propuesta concreta sobre aborto en México, donde en 14 estados ya se practica de forma legal.
Las 12 entidades en donde ya se había obtenido la despenalización son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes. En este año, se sumaron Jalisco por una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que ordenó al estado eliminar el delito de la interrupción del embarazo del Código Penal estatal, pero aún tiene que ser aprobado por el Congreso local.
Mientras que el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Salud de Chihuahua difundir información e implementar servicios de interrupción del embarazo voluntario hasta la semana 12.6 de gestación para todas las personas que lo necesiten. La medida respondió a tres amparos colectivos de las organizaciones Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, ChEROS, Morrxs Autonomxs y AbortistasMX, que iniciaron en 2021.
Claudia Sheinbaum aseguró, en el primer debate presidencial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya decidió en definitiva el tema del aborto, y que hoy hay que hablar de otros derechos para las mujeres y aunque eso es cierto, la virtual presidenta de Morena omite que aún falta despenalizarlo en México a nivel federal y en 18 entidades.
“Sí, eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país y lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios, de las mujeres”, contestó Sheinbaum durante el primer debate el pasado 8 de abril.
En ese tema, Ipas México consideró que en las pasadas elecciones del 2 de junio no solo Claudia Sheinbaum Pardo ganó la presidencia, sino que la coalición de Morena, PT y PVEM logró las mayorías calificadas de la Cámara de Diputados y el Senado. Es decir, dos tercios del Congreso, lo cual permitirá, por mayoría, la aprobación de reformas y el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar el aborto del Código Penal Federal.
Indicó que con estos logros, y el Congreso a su favor, resulta vital:
El diseño e implementación de políticas públicas que aseguren el acceso al aborto en todos los estados.
La garantía de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
Información acerca de derechos sexuales y reproductivos, de manera accesible y culturalmente aceptable para todas las personas.
Ipas LAC reiteró la voluntad de colaborar durante el nuevo sexenio para construir un mejor país, de la mano con el trabajo cercano con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), quienes cumplen un importante rol en la defensa y acompañamiento ante problemáticas sociales, contribuyen en el desarrollo y monitoreo de políticas públicas y legislación, y promueven la cooperación, el apoyo y la articulación en las comunidades.
El trabajo de las OSC ha permitido, en materia de aborto, brindar orientación telefónica, la implementación de la telemedicina y otras herramientas virtuales, el fortalecimiento de redes de acompañamiento y el acompañamiento para elegir de manera informada un aborto seguro autogestionado con medicamentos o uno con atención médica.
Su labor cercana con las poblaciones representa un nodo fuerte e imprescindible en la construcción de un país que necesita proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar.
Mencionó que los países que han mejorado sus políticas públicas, incorporando el acceso a procedimientos de aborto seguro, han logrado importantes beneficios en la salud pública de su población, tales como la disminución de la mortalidad materna y por aborto, y de la morbilidad y carga hospitalaria por complicaciones, hemorragias, infecciones y lesiones traumáticas causadas por procedimientos inseguros.
Precisó que el aborto es un procedimiento muy seguro cuando se practica en condiciones adecuadas. En cambio, cuando se practica en condiciones inseguras, que surgen en contextos de ilegalidad, puede tener graves efectos para la salud y la vida de las personas.
Ipas México consideró que la penalización plantea problemas significativos en relación con los derechos humanos, la ética y la salud pública, y aumenta la presión a los sistemas de salud. Además, no disminuye su incidencia, sino que orilla a las personas a buscar procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida y su salud.
Hace 17 años, la Ciudad de México fue la primera entidad en México en legalizar la interrupción del embarazo.
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó tres decisiones trascendentales sobre aborto, estableció: 1) la inconstitucionalidad de su criminalización, 2) la necesidad de regular la objeción de conciencia ejercida por el personal de salud para que esta prerrogativa no sea barrera en el acceso al aborto y 3) la inconstitucionalidad de la protección de la llamada “vida desde la concepción”.
Hoy en día, 12 de 32 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 o 13 semanas de gestación, mientras que otros dos (Jalisco y Chihuahua) tienen el fallo de tribunales para retirarlo de los códigos penales.
Más de la mitad de los estados aún no reconocen la capacidad de decidir de mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar.
Los estados que más penalizan el aborto son Guanajuato y Querétaro, donde solo está permitido en casos de violación o es resultado de una conducta imprudencial y sin dolo de la persona embarazada.
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