Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Se cumplen dos años desde que la Fiscalía de Campeche solicitó el desafuero del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas. El proceso no inició y los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que tuvieron el caso en sus manos, no responden a preguntas al respecto.
El 16 de agosto de 2022, el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, Presidente de la Sección Instructora recibió el caso del dirigente del PRI que entonces trabajaba en su alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD).
En ese grupo también están Rubén Ignacio Moreira Valdez del PRI y político muy cercano a Moreno Cárdenas en el periodo que lleva como dirigente nacional de ese partido; José Elías Lixa Abimerhi del PAN y Leonel Godoy Rangel, también de Morena.
Si ese grupo de legisladores hubieran aprobado el juicio de procedencia, Moreno Cárdenas se quedaría sin el fuero que tiene como Diputado federal y la Fiscalía de Campeche podría llevar el caso ante un Juez para determinar si hay pruebas para vincularlo a proceso por enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, en el informe final de la Sección, Jaime Humberto Pérez Bernabé quien fue cuestionado sobre la parálisis del caso dijo: “todo lo que tuvimos en nuestras manos, es lo que pudimos procesar, resolver”. Destacó que el único asunto resuelto por la instancia que preside fue el desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aunque el congreso de la entidad rechazó después esa resolución.
Dejó en una interrogante qué fue lo que pasó con la solicitud de desafuero. Ahora, “Alito” tiene asegurado otros años más con fuero, ya que será Senador de la República plurinominal.
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Pero esa no fue la única vía por la cual se buscó que el dirigente del PRI enfrentara diversas acusaciones. Otra avanzó por el lado de la Fiscalía General de la República que a FGR giró oficios a dependencias del Gobierno federal para que, “con carácter RESERVADO y URGENTE” (sic), le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Rafael Alejandro Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020, según documentos obtenidos por SinEmbargo en septiembre de 2022.
La carpeta de investigación FED/FEMCC-CAMP/0000275/2002 contra el también Diputado federal está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, quien instruyó a su Equipo de Investigación y Litigación, cuya titular es la Fiscal Blanca Flor Ramón Peralta, a profundizar las pesquisas.
Esos dos intentos ocurrieron en 2022, cuando las acusaciones contra el priista empezaron a salir provenientes de su gestión como Gobernador de Campeche (2015-2019). El Fiscal de la administración actual, Renato Sales dio declaraciones sobre que la riqueza del dirigente priista no correspondió con su salario como funcionario público; se dio a conocer que contaba con diversas propiedades como departamentos en Polanco, propiedades en el Country Club, en el extranjero, así como en Champotón, Campeche, en donde, además, tendría una mansión en la privada Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos y con un menaje de cerca de 50 millones de pesos.
Aunado a esto, Layda Sansores, la Gobernadora actual de la entidad dio a conocer que Moreno Cárdenas es propietario de 305 mil metros cuadrados de playa en la exclusiva zona de Champotón, Campeche, que obtuvo a un precio de 33 centavos el metro cuadrado, cuando el precio del metro cuadrado en esa zona oscila entre los mil 250 y los mil 500 pesos.
Esa segunda vía tampoco avanzó pero hubo una tercera. La Diputada Montserrat Arcos, del PRI, interpuso una denuncia en la Fiscalía General en contra de Moreno Cárdenas por un presunto desvío de 32 millones de pesos del presupuesto de capacitación política para mujeres. En abril de 2024, la legisladora acudió ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) y afirmó haber sido blanco de amenazas y ataques constantes por parte de algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional –incluido Moreno Cárdenas–.
Además solicitó medidas cautelares y de protección al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación (TEPJF), solicitudes que, hasta la fecha, no han sido atendidas bajo el argumento de que son problemas que deben resolverse dentro del Partido. Del desvío de millones de pesos a través de la contratación de cursos, nada.
Esas son las vías que se exploraron durante estos dos años para que Moreno Cárdenas enfrentara toda la lista de acusaciones que pesan sobre él.
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Pero el panorama es positivo para el político, ya que además de contar con su puesto en el Senado de la República, también aseguró la presidencial del PRI hasta 2028 con una serie de privilegios.
Primero, que podrá reelegirse de nueva cuenta ese año para continuar en ese cargo hasta el 2032; se establecen nuevas facultades para que el Secretario de Finanzas y Administración Partido pueda contratar deuda y se argumenta que es una herramienta esencial para el funcionamiento de las instituciones públicas. Se propone que éstas puedan superar una cantidad del 20 por ciento del monto de financiamiento público federal anual.
También planteó la creación de las Secretarías de Innovación Tecnológica y Digital, de la Diversidad Sexual y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos con el fin de reconocer derechos, ser inclusivos y entrar en una adaptación de las nuevas tecnologías; que en adelante el PRI garantizará que el 60 por ciento de los cargos serán ocupados por mujeres como una “estrategia esencial para fortalecer y revitalizar el partido”, esto a pesar de los 32 millones de pesos desviados y denunciados por Montserrat Arcos.
Sobre la necesidad que tiene el PRI de renovarse y adaptarse a las nuevas dinámicas políticas y sociales, la propuesta de Moreno Cárdenas es crear el Centro de Estudios para la Discusión, Análisis y Prospectiva de México, A.C. (CEDAP- MEXICO).
“Este centro juega un papel crucial en la generación de propuestas y análisis que alimentan las estrategias del partido” y contribuirá “en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales, estatales y regionales mediante el análisis profundo y la formulación de propuestas de políticas públicas”.
También se establece que quien lo dirija será decisión del Presidente Nacional.
Este Centro de Estudios se sumará a la Fundación Colosio, al Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C y al Movimiento PRI.mx, A.C. Al menos en el caso de las dos primeras, SinEmbargo ha documentado que han funcionado a Alejandro Moreno Cárdenas para celebrar contratos millonarios en contrataciones de talleres, consultorías e impresiones de libros a gente cercana a él.
Sobre esto se establece que todos estos organismos ejercerán la totalidad de los recursos “para realizar las labores de investigación, estudio, capacitación, edición y divulgación”.
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