Redacción El Coahuilense
En el contexto de la cuarta revisión del Estado mexicano ante el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Racismo MX y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) elaboramos un informe sombra sobre la xenofobia y el racismo hacia las personas en movilidad, con el objetivo de señalar los retrocesos en el cumplimiento de la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Desde la sociedad civil hemos denunciado que, con el fin de castigar la migración irregular, el gobierno mexicano ha implementado medidas restrictivas de contención migratoria y de gobernanza fronteriza, enfocadas en la seguridad y la militarización, alterando la percepción de la sociedad mexicana sobre la gestión de la movilidad humana, promoviendo un enfoque punitivo y criminalizante.
Según una encuesta realizada por el diario Reforma y The Washington Post en 2019, el 51% de la población mexicana encuestada apoyaba el uso de la Guardia Nacional para contener la migración irregular.
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Mientras que datos del ACNUR de 2024 señalan que el 13% de las personas encuestadas considera que la respuesta del gobierno ante la migración debería ser cerrar la frontera sur y expulsar a las personas en movilidad del país. Las narrativas gubernamentales que asocian falsamente a las personas en movilidad con amenazas a la seguridad contribuyen a mayor discriminación, xenofobia y violencia.
Actualmente, los albergues gestionados por la sociedad civil están saturados debido a la falta de infraestructura adecuada por parte del gobierno. Los tiempos de permanencia de las personas que se dirigen a Estados Unidos se han prolongado por la falta de información y las restricciones impuestas por ese país, respaldadas por el gobierno mexicano, dejando a muchas personas varadas en condiciones precarias.
Además, la cancelación de la aplicación CBP One las ha obligado a buscar alojamiento prolongado. Ante la falta de una respuesta adecuada de las autoridades han surgido asentamientos irregulares, conocidos como campamentos, sin que se promuevan procesos de cohesión social, integración o sensibilización de las poblaciones de acogida.
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Esto ha alimentado narrativas xenófobas y racistas (debido a que en su mayoría quien habita estos lugares son personas en movilidad racializadas), lo que ha dado lugar a actos de rechazo y violencia, incluyendo desalojos forzosos y campañas estigmatizantes contra albergues, como en el caso de CAFEMIN y el muro construido en Apizaco, Tlaxcala para impedir el paso de personas en movilidad.
Por otro lado, las organizaciones hemos documentado casos en los que los cuerpos de seguridad y las autoridades migratorias han utilizado perfilamientos raciales para detener a personas en movilidad. En 2015, cuatro personas tseltales de Chiapas fueron detenidas en Querétaro por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) bajo el argumento de que «parecían de Guatemala», a pesar de mostrar documentos de identidad mexicanos.
Tres de ellas (una menor de edad en ese momento) fueron llevadas a una estación migratoria donde fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes para que firmaran documentos donde aceptaban ser de origen guatemalteco.
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En ningún momento se les proporcionó traductor pese a que no hablaban español. La Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el IMUMI asumieron su representación jurídica, promoviendo un juicio de amparo que llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y donde se resolvió que las revisiones en carretera son inconstitucionales porque están basadas en perfilamientos raciales, además de ordenar modificar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, relativos a las revisiones migratorias, por violar el derecho a la libertad de tránsito y reforzar estigmas raciales.
A pesar de este fallo, las revisiones migratorias en carretera han aumentado en todo el país, con denuncias de hostigamiento, extorsión, detenciones arbitrarias y discriminación, afectando a personas con necesidades de protección internacional, población indígena y afrodescendiente, extranjera y mexicana, principalmente.
Entre 2022 y 2023, el INM realizó 53 mil 678 operativos de revisiones migratorias, resultando en más de 400 mil eventos de privación de libertad en estaciones migratorias. Estas revisiones son racistas, ya que personas afrodescendientes, indígenas y de determinadas nacionalidades, como haitianas y venezolanas, junto con aquellas de diferentes etnias y colores de piel son particularmente perseguidas a través de estas prácticas arbitrarias debido a las estructuras de racismo presentes en México, donde prevalece la creencia de una “sola forma de ser o parecer una persona mexicana”, aun si la nacionalidad no se ve.
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Organizaciones también han documentado una práctica generalizada de discriminación hacia personas extranjeras por parte de las autoridades migratorias, especialmente en los aeropuertos, donde se registra un alto nivel de rechazos por parte del INM.
Entre 2017 y 2024 se registraron más de 440 mil casos de rechazos en aeropuertos, con un aumento anual de seis veces desde 2017. Muchas personas extranjeras que llegan a México por vía aérea son sometidas a primeras y segundas revisiones migratorias basadas en estereotipos raciales, étnicos, entre otros, y enfrentan abusos al ser privadas de su libertad e incomunicadas en las estaciones migratorias de aeropuertos.
A menudo no reciben explicaciones más allá de no cumplir con los requisitos de ingreso al país, y son regresadas de forma expedita. Organizaciones han acompañado casos en los que, incluso cuando las personas cuentan con visa o necesitan protección internacional, se les niega su acceso al territorio mexicano.
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La conexión recíproca entre las narrativas xenófobas y las políticas de contención también han influido en las expulsiones mediante procedimientos que carecen de normas fundamentales de derechos humanos, incluidas las garantías procesales. Estas medidas de tipo punitivo podrían afectar varios derechos, como al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la unidad familiar, entre otros.
Finalmente, otra situación preocupante de discriminación institucional hacia las personas en movilidad es la restricción de documentación migratoria para acceder a la compra de boletos de autobús. En 2019, en un contexto de aumento de la presencia de personas en movilidad en México, la Secretaría de Gobernación, el INM, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Guardia Nacional intensificaron las acciones de contención migratoria por vía terrestre.
Identificaron que algunas personas en movilidad, así como aquellas con necesidades de protección internacional, utilizaban los servicios de autotransporte de pasaje para llegar a los puntos de entrada de Estados Unidos. En respuesta, emitieron un oficio dirigido a las empresas de transporte para que solicitaran documentación que acredite la estancia regular de las personas como requisito para la compra de boletos de autobús y el acceso a los vehículos.
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Ante este contexto, tanto Racismo MX como IMUMI recomendamos al CMW que inste al gobierno mexicano a desarrollar iniciativas destinadas a fomentar la participación de las comunidades en acciones para prevenir la xenofobia y el racismo, promoviendo la cohesión social y el entendimiento mutuo.
Además de poner fin al enfoque militarizado, punitivo y criminalizante de las acciones de control migratorio y en su lugar optar por un enfoque basado en derechos humanos; y a llamar al Estado mexicano a reforzar todas las políticas encaminadas a aplicar mecanismos sólidos de rendición de cuentas del INM y otras autoridades con contacto directo con población en movilidad, incluida la supervisión independiente, los mecanismos de denuncia y las medidas disciplinarias en caso de comportamiento xenófobo y racista.
Las medidas deben ir encaminadas a intensificar la formación continua de las autoridades competentes, especialmente en materia de derechos humanos, antirracismo e interculturalidad.
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