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Baja California.- La empresa Rancho Los Pinos abandonó a su suerte a Herlinda Santiago Martínez, una trabajadora jornalera que sufrió un accidente en el campamento agrícola El Vergel, ubicado en Baja California. La compañía incurrió en diversas violaciones a sus derechos tras dejarla en manos del personal de una clínica, sin su familia y con conocimiento que la mujer mixteca no habla español.
Los hechos ocurrieron el día 23 de septiembre, cuando Herlinda se encontraba trabajando en el Sector 5, malla 6 del campamento agrícola, localizado en la localidad San Quintín, donde cada año la empresa envía a sus trabajadores temporales, que rondan cerca de dos mil personas más sus familias.
Herlinda realizaba trabajo de deshoje, cuando comenzó a sentirse agobiada por el cansancio provocado por jornadas extenuantes que la obligaban a permanecer bajo el sol extremo por varias horas.
A raíz de este cansancio la mujer pisó un tomate podrido y se resbaló, lo que provocó que su pierna derecha chocara contra uno de los postes metálicos del surco de las plantas. Al intentar reincorporarse descubrió que su extremidad estaba fracturada.
De inmediato pidió auxilio. Quien llegó primero fue su hermana, posteriormente un hombre a quien se identificó como “el mayordomo”, que solicitó una ambulancia que tardó una hora en llegar.
Herlinda fue llevada a la Clínica 13, ubicada en La Cali; sin embargo, no quiso ser atendida en ese lugar, por lo que fue llevada a la Clínica 8 de Ensenada, donde la empresa dejó a la mujer a manos del personal.
La empresa agrícola no envió a nadie para dar seguimiento de la situación, tampoco se le brindó una persona intérprete para poder comunicarse. Así permaneció durante 13 días: sin recibir atención a su fractura y únicamente ingiriendo paracetamol para el dolor que sufría por la lesión.
A la clínica llegó su sobrino, quien durante esos días se dedicó a cuidarla, motivo por el que decidieron no continuar en este lugar pues no recibía una atención adicional más que la de su familiar.
El personal médico hizo que Herlinda firmara unos documentos y así volvió a San Quintín. Sin embargo, al llegar al campamento El Vergel ella y su familia fueron abordados por el jefe del lugar de nombre Luis Andrés Huerta Chaires y la trabajadora social Erika Guerrero Valera, quienes la reprendieron por haber abandonado la clínica e incluso la amenazaron con enviarla a la cárcel, incluyendo a su sobrino.
Así fue como corrieron a Herlinda y a su familia del campamento, dejándola con la pierna fracturada, sin recursos económicos y en una localidad que ella no conoce, ya que como fue contratada en Cochoapa, Guerrero, por un supuesto enganchador enviado por la empresa agrícola Rancho Los Pinos.
En su andar pudo encontrar a una mujer de Guerrero, quien le dio un espacio en un pequeño cuarto que rentaba. Al siguiente día llegó a ese domicilio Luis Andrés Chaires a entregarle un cheque por la cantidad de tres mil pesos que, en ese momento le dijo, era un “apoyo de la empresa”. El hombre obligó a Herlinda a firmar un documento que posteriormente le indicó que se trataba de su renuncia voluntaria y el deslinde de responsabilidades hacia la empresa. Después la trabajadora entendió que el dinero entregado era su finiquito.
Así fue como Herlinda quedó abandonada, lejos de su familia y sin poder volver a su lugar de origen; además con un estado de salud crítico que podría desencadenar otros problemas que pondrían en riesgo su vida.
“Esta es la práctica que a pleno siglo XXI sigue realizando la empresa trasnacional Rancho Los Pinos de San Quintín”, expresó a Cimacnoticias Cristina Solano Díaz, indígena Ñuu Savi, dirigente estatal, activista política en favor de las condiciones de vida entre la comunidad jornalera, rural y migrante.
El caso de Herlinda es uno de tantos que han motivado la lucha de Cristina, quien actualmente construye un espacio digno para continuar las labores de atención y acompañamiento a su colectiva jornalera y migrante.
El punto que la ha llevado a convertirse en activista es buscar «establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas».
Cabe destacar que en México se estima que alrededor de tres millones de personas se desempeñan como jornaleras y jornaleros en los campos agrícolas. Esta población cuenta con una alta proporción de personas indígenas: ya que 24 por ciento habla una lengua indígena. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también estima que las y los trabajadores agrícolas cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio.
«La población jornalera es víctima de múltiples violaciones a sus derechos laborales: irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas, condiciones de explotación», destaca la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Por ello exigen que se genere un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita el diseño y ejecución de un diagnóstico de personas jornaleras con perspectiva de género, infancia e interculturalidad.
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