Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Frente a la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional (GN) para quedar bajo el cobijo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), existen preocupaciones latentes sobre las repercusiones que tendrá para el bienestar de las mujeres está decisión, en especial para aquellas que migran, son mujeres indígenas y racializadas, documenta el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Por eso es fundamental, señalar que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación. Esta no tiene una sola forma de manifestarse, tiene diferentes maneras y modalidades, siendo la violencia sexual y física las más “visibles”, y la violencia institucional la menos evidenciada.
Basta recordar casos emblemáticos como el de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron violadas y torturadas por militares en Guerrero; o el de Ernestina Asencio, mujer indígena de 73 años que fue torturada sexualmente por militares en Veracruz; o el de 14 trabajadoras sexuales torturadas física y psicológicamente, y violadas repetidamente por un grupo de militares en Castaños, Coahuila.
En la mayoría de los casos de violencia hacia las mujeres, agentes de migración, policías de diferentes niveles y elementos castrenses están involucrados. La mayoría no son denunciados y quedan en impunidad, ya sea por el desconocimiento de las mujeres migrantes de a qué instancia acudir o por el temor a ser deportadas o frenar sus procesos de regularización migratoria o de asilo.
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Con este contexto detrás ¿qué ha hecho el Estado para reparar y prevenir estos actos de violencia sistemática contra las mujeres? El IMUMI señala que no lo suficiente, al contrario, la violencia hacia ellas ha caído con mayor fuerza desde junio de 2019, cuando la militarización se extendió a la gestión migratoria.
Desde ese entonces y hasta la fecha, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina se encuentran en labores de control y revisiones migratorias por todo el país, generando escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional.
“Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) hemos documentado y evidenciado cómo la violencia de género es transversal a la experiencia migratoria de las mujeres; es una de las causas por las que salen de sus países de origen, las acecha en su camino, las recibe en los países de destino y en su retorno a su lugar de origen, sin que los Estados de origen, tránsito y destino generen acciones efectivas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, detalló el IMUMI en una columna de opinión para CIMACNoticias.
Mujeres y niñas, las más afectadas por la militarización
Actualmente existen diversas investigaciones que evidencian cómo los contextos de militarización incrementan la violencia estructural que viven las mujeres, volviendo sus cuerpos territorio de guerra y control.
Un análisis de Data Cívica e Intersecta en colaboración con grupos y organizaciones feministas titulado Análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las fuerzas armadas publicado en agosto de este año señala que las violaciones a los derechos de las personas migrantes se han exacerbado a raíz de la intensificación de la militarización de la política migratoria.
En 2021, por ejemplo, el IMUMI señala que durante el monitoreo de las condiciones de las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias, se detectaron casos de violencia ejercida por elementos de la Guardia Nacional contra mujeres. Mientras en otra documentación se pudo registrar el caso de un grupo de mujeres –algunas hondureñas– que fueron detenidas por elementos de la GN en Ciudad Juárez.
Al momento de su detención, las autoridades les exigieron desnudarse y las agredieron sexualmente: “Nos desnudaron, nos metieron los dedos por la vagina y a otras, el cañón de su arma”, comentó una de las víctimas a IMUMI.
Después de las agresiones fueron llevadas con los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes las llevaron detenidas a la estación migratoria de Janos. A ninguna se le explicó que podía denunciar ni tuvo asistencia médica y psicológica. Para ese momento, lo único que estas mujeres deseaban era ser deportadas a sus países.
Otros casos fueron reportados en 2023, cuando se difundieron dos videos en donde se observa a personal de la Guardia Nacional extorsionando a personas migrantes, pidiéndoles dinero para dejarlas continuar con su camino, bajo la amenaza de reportarlas con las autoridades migratorias.
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Por su parte, el micrositio Bajo la bota, espacio gestionado y alimentado por varias organizaciones de la sociedad civil y periodistas, explica que la militarización ha facilitado la criminalización de las personas migrantes y los impactos diferenciados que esta tiene sobre las mujeres, particularmente las afrodescendientes.
El sitio ha documentado que la Guardia Nacional y el personal militar están entre los principales agresores de las niñas y mujeres migrantes, muchas de ellas candidatas para protección humanitaria tras huir de violencia feminicida y criminal en sus respectivos países de origen.
En un diagnóstico del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), UNICEF y el Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, 30 % de las mujeres entrevistadas en albergues para migrantes entre 2022 y parte de 2023 afirmaron haber sido víctimas de abusos por autoridades identificadas como militares o GN, durante su trayecto en México, documentó Bajo la bota.
“Les quitan dinero, las bajan de los camiones y las someten a violencia física y psicológica, muchas veces frente a sus hijas e hijos. Las mujeres han reportado que la violencia consiste, entre otras, en extorsiones, tortura de sus parejas frente a ellas, amenazas de detención, intimidación, abuso sexual y separación familiar”.
También gracias al Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, se identificó que en la frontera sur de Chiapas y Tabasco, entre enero de 2022 y mayo de 2023, una decena de operativos sorpresivos por parte de la GN y el Instituto Nacional de Migración (INM), detuvieron a personas migrantes, principalmente a mujeres, —incluso embarazadas, niñas y niños.
Entre las últimas documentaciones, sin que sea una cifra definitiva, sino sólo una muestra de un universo indeterminado de casos, la Investigación “Permiso para matar” publicada este año, señala que fue posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir, integrantes de las corporaciones que ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad.
Frente a tal grado de impunidad, no es sorpresa que la mayoría de las mujeres y niñas que sufren este tipo de violencias guardan silencio hasta que llegan al norte del país. Pero, aunque rompan el silencio, el tipo de violencia más difícil de detectar es la militar, esto por el miedo a represalias por parte de la víctimas y porque, en muchos casos, les es difícil identificar el tipo de autoridad que las violentó debido a que muchos de ellos están encapuchados para no ser identificados.
Políticas que se quedan en letra muerta
Aunque la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con una legislación nacional contra la violencia hacia las mujeres e incluso han firmado convenios internacionales para llevarlos a cabo, la aplicación de esos marcos jurídicos es casi nula. “A esa violencia se suma la discriminación y exclusión estructurales que se agravan en el contexto de la movilidad”, detalla el IMUMI.
Por su parte, Data Cívica e Intersecta hacen alusión a los criterios para la participación legítima de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, recomendados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la resolución del caso Alvarado, —relacionado con la desaparición de dos mujeres y un hombre por elementos castrenses en 2009, en Chihuahua— con el propósito de salvaguardar los derechos humanos de las personas.
Los criterios señalan:
Que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
La intervención de las fuerzas armadas está subordinada y complementada a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial.
Debe ser regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia.
De ser fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
No obstante, estos criterios no se incluyen de forma explícita en la nueva reforma a la Guardia Nacional y tampoco se cumplen.
“La iniciativa tampoco incluye algún tipo de control civil o fiscalización. Todo lo que actualmente existe en el quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019, dejaría de existir con la iniciativa”.
Militarizar las calles como política de miedo no solo significa incrementar los abusos contra las mujeres, sino también las detenciones arbitrarias, desapariciones, agresiones físicas, torturas y violencia sexual donde la impunidad se convierte en la mancuerna perfecta.
En la mayoría de los casos de agresiones a mujeres migrantes no existe acceso a la justicia, por el contrario: la impunidad y la misoginia institucional se vuelven parte de las agresiones.
“La militarización es, sin duda, la expresión extrema en que un Estado se legitima y ejerce el poder”, concluye el IMUMI.
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