Por Anna Martinez
En México la reforma judicial ha generado un debate importante en torno a los cambios propuestos por el gobierno para modificar el funcionamiento del Poder Judicial.
Entre los puntos clave está la propuesta de reducir la duración del mandato de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cambios en la forma de selección de los mismos, lo que ha sido percibido por algunos sectores como una potencial amenaza a la independencia judicial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado esta reforma, argumentando que busca combatir la corrupción y garantizar una justicia más accesible.
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Sin embargo, la oposición y varios analistas han expresado preocupaciones sobre la concentración de poder y la posibilidad de que estas reformas debiliten los contrapesos institucionales.
En respuesta, la SCJN ha defendido su autonomía, y la discusión sobre la reforma, que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, continúa siendo un tema central en la agenda política del país, con un fuerte enfoque en los posibles impactos en la democracia mexicana.
Ahora toca a los Congresos locales aprobarla, lo que ya han hecho Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz; por el contrario, Querétaro ha sido el único en rechazarla.
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