Redacción El Coahuilense
La Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI, A.C.) señalan que la Reforma al Poder Judicial, no establece herramientas para una justicia abierta, transparente y al alcance de todas y todos, sobre todo para las personas y poblaciones históricamente excluidas y discriminadas, como las mujeres indígenas, afromexicanas y de la diáspora.
“Nos preocupa que desde el poder público y político se contribuya a una falsa narrativa, haciendo creer que por el sólo hecho de elegir a las personas juzgadoras de los poderes judiciales y locales, en automático el pueblo va a tener acceso a la justicia pronta, expedita, completa, imparcial e integral, cuando eso no es verdad”.
Por lo anterior, la RAI exige que el proceso de reforma judicial se lleve a cabo en foros amplios y consultas populares abiertas inclusivas donde el pueblo de México pueda participar.
En caso de que haya una reforma judicial que se haga desde una perspectiva intercultural, antirracista, género, derechos humanos y se reconozca el pluralismo jurídico.
Además, exigen que se garantice una justicia abierta, transparente e integral, donde se incluya a todo el sistema de justicia y que congresistas analicen de fondo la iniciativa a través de un aplazamiento de su análisis, discusión y aprobación.
Por tanto, solicitaron a la Presidenta electa de México que si realmente quiere contribuir a que se materialice el acceso a la justicia para las mujeres y hombres de los pueblos de México, debe incluir foros amplios, consultas ciudadanas, entre otros espacios donde se escuchen todas las voces.
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La Red Nacional de Abogadas Indígenas, hizo este llamado al poder ejecutivo, a las Cámara de Diputados y al Senado para que la reforma al Poder Judicial no sólo incluya información clara, libre e informada para indígenas, y también garantice justicia con perspectiva de género integral.
“Desde nuestras experiencias, consideramos que la elección mediante el voto popular no mejorará en el fondo el acceso a la justicia, ya que esta iniciativa ni siquiera reconoce, respeta ni garantiza las otras justicias, como la justicia indígena que está vigente y presente en cada comunidad y pueblo indígena”.
En la práctica, según diagnósticos realizados por la RAI y por EQUIS Justicia, las mujeres indígenas acuden ante sus propias autoridades para la resolución de sus conflictos. En el estudio de la RAI, se encontró que el 50 por ciento de las autoridades comunitarias, entrevistadas en Oaxaca, por ejemplo, reportan que las mujeres acuden a denunciar los casos de violencia.
Esto se entiende si se considera que la justicia indígena les ofrece a las mujeres ciertas ventajas geográficas, económicas y socioculturales, pues conocen a sus autoridades, hablan el mismo idioma, es más cercana y, en muchos casos, incluso más efectiva que la justicia estatal.
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El informe sombra para el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial “Acceso a la justicia para las mujeres indígenas”, señala que el Estado está obligado a garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres indígenas, en igualdad ante la ley, desde una perspectiva intercultural y de género.
EQUIS también ha encontrado que las propias autoridades indígenas señalan que no cuentan con una capacitación sobre sus funciones, los casos que pueden atender, así como las leyes de protección de los derechos de las mujeres y las instituciones a donde pueden canalizarlas. Tampoco cuentan con la infraestructura necesaria para intervenir de manera urgente ante situaciones de violencia de género.
Bajo este contexto, la iniciativa de reforma al Poder Judicial no esclarece la integración de otras justicias, mucho menos desde una perspectiva de género integral.
Cinco cambios de la reforma al poder judicial
La iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador para modificar el sistema judicial, propone algunos de los siguientes cambios:
Reducción de la corte: Se plantea bajar de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la SCJN. La duración de su encargo será de 12 años, tres años menos que la fórmula actual.
Ministros y jueces a las urnas: Otra propuesta es cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito, sean elegidos por la ciudadanía.
Dos órganos regulatorios: El proyecto contempla la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarán también a la SCJN.
Proponen plazos para resolución de conflictos: Una de las propuestas para regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados establece que las controversias deben resolverse en un periodo máximo de seis meses.
Sistema replicado en todo el país: La iniciativa establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para “garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones”, además de la creación de órganos independientes para su administración y disciplina.
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