perse
Ciudad de México.- Este viernes 28 de abril se cumplen 11 años del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) accedió a revisar el caso, se podría asentar un precedente histórico al abrir las puertas para que los medios de comunicación sean reconocidos como víctimas indirectas de este tipo de crímenes contra la libertad de expresión. Además, dichos medios podrían participar en las investigaciones para aclarar las muertes de las y los comunicadores en México.
El 24 de octubre de 2022, la SCJN decidió revisar el caso de Regina Martínez a raíz de un amparo promovido por la organización Propuesta Cívica junto con el semanario Proceso (el último medio para el que trabajó Martínez Pérez como corresponsal). En entrevista con Cimacnoticias, tras ofrecer una conferencia de prensa al respecto, la abogada Sara Mendiola Landeros (directora ejecutiva de Propuesta Cívica) explicó que con este amparo se busca el reconocimiento de Proceso como víctima indirecta del asesinato de Regina Martínez el 28 de abril de 2012.
Más allá de ser un reconocimiento simbólico, dicho acto permitiría que el medio sea parte de las investigaciones que aún está desarrollando a nivel federal la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) para esclarecer el asesinato de la comunicadora.
“No hay un precedente igual a nivel nacional ni a nivel regional. Ni la Comisión ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado respecto a si un medio de comunicación puede o no puede ser una víctima indirecta u ofendido cuando agreden o asesinan a un trabajador (en este caso a una corresponsal)”, declaró Sara Mendiola al destacar que esta discusión es algo histórico en cuanto al tema de Libertad de Expresión en el continente.
De acuerdo con Mendiola Landeros, lo que se pretende hacer al colaborar con la FEADLE es insistir en la necesidad de abrir líneas de investigación que, por un lado, se centren en la labor periodística de Regina Martínez como motivo de su asesinato; y, por otro, líneas que ayuden a identificar la autoría intelectual y no solo material de su asesinato.
Cabe destacar que, según aclaró la abogada, en 2021 ya se había solicitado a la FEADLE el reconocimiento de Proceso como víctima indirecta u ofendida por el asesinato de su corresponsal. Sin embargo, la FEADLE se negó. Ante estos hechos, Propuesta Cívica presentó un amparo indirecto para que un juez federal solicitara a la FEADLE justificar las razones por las que no aprobó esta solicitud. Como respuesta, la Fiscalía argumentó que Proceso no sufrió una afectación y que, además, la ley no contempla dentro de sus hipótesis que un medio de comunicación pueda ser víctima u ofendido.
El juez federal le dio la razón a FEADLE, y fue entonces cuando Propuesta Cívica interpuso el amparo directo 547/2022. En él se solicitó a la SCJN que conociera dicho amparo en revisión; dada la relevancia jurídica que representa el caso, la Suprema Corte aceptó. Ahora, el caso será presentado en la Primera Sala y la ponencia estará a cargo del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En la misma conferencia de prensa realizada este 28 de abril, el director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, aseguró que ya se está buscando el acercamiento con ministros y ministras para abordar el tema. Aún no hay fecha para que la discusión llegue al Pleno de la Suprema Corte, pero, cuando esto suceda, se espera que haya una resolución positiva. Esto sentaría un precedente importante para que otros medios de comunicación puedan seguir los pasos de Proceso y colaborar activamente en las investigaciones sobre los asesinatos de sus trabajadoras y trabajadores.
Exigen cuentas a autoridades de Veracruz sobre investigaciones por el asesinato de Regina Martínez
En la conferencia de prensa celebrada este 28 de abril, además de Sara Mendiola y Jorge Carrasco también estuvo presente Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Durante su participación criticó el hermetismo de las autoridades de Veracruz sobre las investigaciones de la muerte de Regina Martínez en los primeros meses de diligencias. Igualmente, Flores preguntó dónde están ahora estas autoridades negligentes.
¿Cuántos años más hay que esperar para tener verdad y justicia en el caso de Regina Martínez? Así nos podríamos hacer muchas otras preguntas, y hasta que esas preguntas no sean contestadas, no podemos guardar silencio.”
BALBINA FLORES MARTÍNEZ
Estas preguntas podrían responderse en caso de que la SCJN falle en favor del amparo de Propuesta Cívica. Si esto sucede, Proceso podría acceder a las carpetas de investigación para saber qué investigaciones realizó la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), hoy Fiscalía General de Justicia del Estado. Dicho organismo dio por terminadas sus indagatorias en octubre de 2012, luego de sugerir que todo se había tratado de un “crimen pasional” o de un robo.
Precisamente, estas actuaciones son las que han llevado al gremio periodístico y a la sociedad civil a exigir una revisión del caso. Al respecto, Jorge Carrasco declaró: “Lo que queremos como parte del establecimiento de la verdad es que se se sepa o que se revise la actuación de las autoridades en esos momentos; de todo todos y cada uno de los implicados, tanto de la parte administrativa y la procuración de justicia como del Poder Judicial de las instancias locales”.
El director de Proceso también aseveró que el semanario ha estado al tanto del caso desde el momento del asesinato de Regina Martínez. En ese entonces —asegura el periodista— hubo un compromiso con el exgobernador Javier Duarte Ochoa de permitir al medio coadyuvar en la investigación y formar parte de las investigaciones en esa medida.
“Nosotros aportamos una cantidad de todos los elementos que pudieran ser necesarios para establecer distintas líneas de investigación a la Procuraduría estatal y estuvimos muy presentes durante un año”, narró Carrasco al respecto. Sin embargo, esto se detuvo un año después, cuando miembros del semanario recibieron amenazas de muerte que pretendían frenar las investigaciones.
Ahora, junto con Propuesta Cívica, Proceso seguirá buscando justicia para Regina Martínez Pérez. De igual forma, con la discusión en la SCJN pretende evidenciar que cuando se mata a un periodista no se comete solo un crimen individual. En este caso en particular, la muerte de su corresponsal limitó la presencia del medio en Veracruz y en las investigaciones que Regina estaba llevando a cabo. También se afectó a la sociedad en general al limitar su acceso a información verídica.
Hasta que esto no se haga visible, concluyó Jorge Carrasco, “no vamos a poder avanzar en derribar este muro enorme de impunidad que se ha creado en torno a los asesinatos de los periodistas en México”.
TE RECOMENDAMOS LEER:
