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Ciudad de México.- La delincuencia organizada ha extendido sus tentáculos por la Sierra Tarahumara, que desde hace años ha mantenido bajo acecho. Lejos de ser combatido, el crimen organizado ha ganado terreno y se expande a diversos sectores más allá del trasiego de droga, como por ejemplo en diversas actividades económicas, y hasta ha permeado en el ámbito político y ejidal, de acuerdo con testimonios de organizaciones civiles que están instaladas en esta región del país.
El asesinato de los dos padres jesuitas Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80 años y un guía de turistas, Pedro Eliodoro Palma, dentro de la parroquia de Francisco Xavier en Cerocahui, Urique, ha puesto en el reflector nacional, e incluso internacional, la problemática a la que se enfrentan diversas comunidades indígenas en el estado de Chihuahua.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la organización Amnistía Internacional condenaron, por ejemplo, este crimen: “El asesinato de estos dos reconocidos sacerdotes nos recuerda la situación de violencia extrema y vulnerabilidad que enfrentan las comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.
El propio papa Francisco también lamentó los hechos y expresó: “¡Cuántos asesinatos hay en México!”, afirmó. “Una vez más, repito que la violencia nunca resuelve los problemas, sólo aumenta el sufrimiento inútil”.
Chihuahua ocupa el séptimo lugar de los estados más violentos del país, debajo de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, según cifras oficiales.
La violencia en aquella entidad había registrado una tendencia al alza desde el año 2015. Tan sólo en el periodo del Gobernador panista Javier Corral, los homicidios dolosos se dispararon de mil 470 asesinatos, cuando asumió el cargo en octubre de 2016, a mil 431 en el año 2021, es decir un alza de al menos 60 por ciento.
En tanto, en los primeros cinco meses de este año, ya en el mandato de la también panista María Eugenia Campos, la entidad registra al menos 728 personas asesinadas.
SinEmbargo buscó la postura del Gobierno de Chihuahua frente a las denuncias que hicieron las activistas consultadas sobre el control que tiene el crimen organizado en diversas actividades, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
LA VIOLENCIA AZOTA LA SIERRA
Activistas de derechos humanos denunciaron que el crimen organizado tiene control casi total en la zona debido a la impunidad y la corrupción. Dijeron que la presencia de grupos delictivos y los constantes hechos violentos no se pueden entender sin la complicidad de las autoridades.
Isela González, de la organización Alianza Sierra Madre, y Diana Villalobos, de CONTEC, quienes dan acompañamiento a las comunidades rarámuris que luchan contra la tala clandestina, el despojo y la inseguridad, compartieron que la fuerte presencia del crimen organizado y la violencia que genera no son nuevas, pero ahora la situación se ha exacerbado porque las estructuras criminales han extendido su dominio y han aumentado su presencia, manteniendo a varias comunidades aterrorizadas.
“Hay un problema severo en la Sierra Tarahumara de impunidad y seguramente de corrupción y colusión de las autoridades con los integrantes del crimen organizado porque no se explica de otra manera este control que ejercen sobre sobre las actividades económicas”, indicó Diana Villalobos.
“A mí me parece que para que haya crimen organizado debe de haber infiltración a la clase política y al poder político. No puede existir el crimen organizado en la magnitud que existe si no tiene infiltrados los diferentes espacios del poder político”, coincidió Isela González.
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