Redacción El Coahuilense
En 2006, Mauricio Roldán Parra inició su carrera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como Coordinador de Programas dentro de la Coordinación de Control y Abasto, tras haber cursado hasta el cuarto semestre de la carrera de contabilidad y con más de seis años de experiencia como capturista, pese a no haber concluido sus estudios superiores, entre enero y abril de 2024 fue designado como «encargado de despacho» del IMSS en Guerrero.
Lo anterior de acuerdo con informes del propio IMSS, publicaciones en redes sociales y reportes de prensa, sin embrago, declaraciones del propio funcionario indican que desde junio de 2017 hasta mayo de 2024 ocupó el cargo de encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos en la misma entidad, lo que refleja su permanencia en funciones de alta responsabilidad.
Para acceder a una titularidad de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS, la normativa de la 3a Edición del Concurso de Oposición establece la necesidad de contar con título y cédula profesional en Medicina o Enfermería, especialidad acreditada, estudios avanzados en administración de servicios de salud o salud pública, y al menos cinco años de experiencia en puestos directivos dentro del sector salud. Sin embargo, Mauricio Roldán no cumple con estos requisitos, ya que no concluyó sus estudios universitarios ni posee la experiencia directiva en el sector salud.
El ascenso de Roldán Parra en el IMSS coincidió con la administración de Mikel Arriola, expresidente de la Liga MX, quien actualmente enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con sobornos a funcionarios de la FIFA para la obtención de derechos de transmisión de Copas del Mundo, incluida la de 2026. Este contexto genera señalamientos sobre el proceso de selección y ascenso de funcionarios en la institución.
En términos salariales, un capturista de datos en México percibe en promedio entre 6,700 y 7,000 pesos mensuales, según estimaciones de Computrabajo. No obstante, como jefe de Servicios Administrativos en el IMSS, Roldán Parra recibe una remuneración neta anual de 884,544 pesos, además de prestaciones adicionales como un aguinaldo superior a 128,000 pesos y un fondo de ahorro de más de 31,000 pesos, lo que pone en evidencia la disparidad entre sus ingresos anteriores y los actuales.
Informes de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que, de julio a septiembre de 2024, Roldán Parra percibió un salario bruto mensual de 98,041 pesos. Adicionalmente, se reportó la propiedad de un vehículo Chevrolet Cruze modelo 2010 y deudas por 87,000 y 40,000 pesos en tarjetas de crédito. Sin embargo, informes internos cuestionan su estilo de vida, que incluiría viajes al extranjero y la adquisición de bienes de alto valor, así como propiedades de gran plusvalía en Guerrero.
En el ámbito legal, Roldán Parra enfrenta antecedentes relevantes. Su historial incluye varias carpetas de investigación por delitos del fuero común en contra de mujeres, entre ellas las numeradas FIGAM/GAM-7/T3/1651/0611, FIGAM/GAM-7/T3/416/07-03 y FIGAM/GAM-7/T3/810/13-078. Además, ha enfrentado dos demandas en Juzgados Familiares, una de ellas interpuesta por Karla Paola Solórzano López y otra por Virginia Patricia Martínez Guerrero. También ha recurrido al amparo en dos ocasiones, una contra el Director del Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social de la Ciudad de México y otra contra el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del IMSS.
Fuentes cercanas al IMSS sugieren que Roldán Parra podría tener vínculos con Javier Guerrero, director de Operación y Evaluación del IMSS, quien tiene una amplia trayectoria en la administración pública desde la década de los 90, así como con Efraín Arizmendi Uribe, jefe de la Unidad de Atención Médica. Ambos han sido señalados por presuntamente favorecer intereses particulares.
También se señala que Roldán Parra tendría nexos con empresas como Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México (SITRAVEM) y Comercializadora BACROS. La primera obtuvo un contrato por 1.58 millones de pesos con el IMSS para el mantenimiento de elevadores en unidades médicas de Quintana Roo, estado donde se produjo la caída de un elevador que resultó en la muerte de una niña.
SITRAVEM y Comercializadora BACROS comparten socios y domicilio fiscal en la Colonia Deportiva, Zinacantepec. A pesar de ello, ambas empresas han participado de forma independiente en licitaciones públicas. SITRAVEM fue inhabilitada para participar en concursos públicos desde julio de 2023 hasta septiembre de 2026, después de que el Órgano Interno de Control del IMSS detectó que presentó información falsa en un proceso de compra, por lo que se le impuso una multa de 1.3 millones de pesos.
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