Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Rosario Piedra Ibarra asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en noviembre de 2019 en una ceremonia álgida y de confrontaciones, en contraste a las expectativas qué había sobre ella al momento de su elección.
Era una activista hija de Rosario Ibarra, primera mujer en postularse a la Presidencia, una pionera de la defensa de los derechos humanos en México y fundadora del Comité ¡Eureka!. Lo cierto es que al final de este primer periodo son más las críticas que los respaldos hacia su gestión.
Piedra Ibarra ha sido cuestionada por algunos colectivos y activistas que han lamentado cómo la CNDH se centró en defender al Estado, en lugar de proteger los derechos humanos. Lo cierto es que Piedra Ibarra podría reelegirse, una posibilidad que ha cobrado fuerza y que la normativa así lo permite.
“Las comisiones de derechos humanos se trata de que sean órganos autónomos. Sabemos que la autonomía total no existe, pero tienen que ser autónomas, por lo menos, con respecto al gobierno, porque son órganos creados justamente para controlar, para señalar lo que se está haciendo mal, para hacer recomendaciones sobre lo que está haciendo mal, en este caso, el gobierno federal, porque es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el hecho de que nombren personas allegadas al partido, al gobierno en turno, en este caso claramente una militante de Morena, pues fue una mala selección”, explicó en entrevista con SinEmbargo el experto en derechos humanos y justicia, Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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De hecho, en el actual proceso que se lleva a cabo en el Senado, en donde son 48 los perfiles que han recibido el visto bueno, la mayoría de los integrantes de la comunidad de derechos humanos y la sociedad civil manifestaron, en sus respectivas exposiciones, que esperan que la próxima elección en la CNDH priorice la independencia y la autonomía, alejándose de la militancia política.
“Nos parece, digamos a la luz de este desempeño, que las dudas sobre su parcialidad cuando fue nombrada, y esa cercanía política, esa cercanía partidista, al final nos dieron la razón al ver que realmente su actuación fue a favor del Gobierno. Entonces, llamaríamos a que se pueda revisar el tema a profundidad y con mucha exhaustividad. Por eso, proponemos criterios objetivos para darle una mayor dimensión a la valoración (de los perfiles)”, expresó Marcia Itzel Checa Gutiérrez, del Observatorio de Designaciones Públicas.
En medio de este proceso que culminará el 8 de noviembre, la misma Rosario Piedra ha defendido los números de los últimos seis años, aún cuando ella asumió a finales de 2019: 787 recomendaciones ordinarias y por violaciones graves a derechos humanos a diferentes instituciones, una cifra muy por encima a las emitidas en periodos anteriores, ya que en el periodo de 2012 a 2018 se emitieron 198 recomendaciones ordinarias y 50 por violaciones graves.
La activista Marcia Itzel Checa Gutiérrez, del Observatorio de Designaciones Públicas, quien durante el ejercicio de Parlamento Abierto señaló que las recomendaciones emitidas en la actual gestión carecían de un impacto significativo.
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“Vimos que las recomendaciones fueron sobre temas poco sustantivos, que no abordaron las violaciones graves a derechos humanos, que privilegiaron la atención de administraciones anteriores y que en esta administración, pues, se centraron, digamos, en temas no polémicos, por ponerlo de alguna forma”.
El tema incluso llegó a la conferencia mañanera en dónde la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la posible reelección de Rosario Piedra para la CNDH, en medio de diversos señalamientos en su contra.
“Que decida el Senado, no voy a orientar hacia una u otra persona. Entiendo que en estos días se abre ya la convocatoria, y que decidan las y los senadores”, respondió la Presidenta.
Entre las y los candidatos destacan Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la CNDH que busca la reelección; Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y, desde la sociedad civil, las activistas Tania Ramírez Hernández, actual directora de Redim, y Consuelo Morelos, pero está última retiró su postulación.
UNA GESTIÓN CUESTIONADA
“Su gestión fue sumamente decepcionante. Las expectativas que, como víctimas, teníamos de tener a una presidenta de la comisión encargada de defender a las víctimas, pues era que no tuviéramos que explicar cuál ha sido la estrategia reiterativa de violación de nuestros derechos a alguien que lo vivió en carne propia. Pero pareciera que quien lo vivió fue su mamá, y ella tenía otra expectativa, otra visión del país”, añadió la buscadora de personas desaparecidas y representante de Fundem Grace Fernández.
La polémica, señalamientos y enfrentamientos acompañaron a Rosario Piedra Ibarra desde que asumió como titular de la CNDH el 12 de noviembre de 2019. La ceremonia del inicio de su protesta se realizó en medio de gritos, protestas, jaloneos, empujones.
Daniel Vázquez destacó que la militancia política de Rosario Piedra ha generado dudas sobre la autonomía de la institución, diseñada para actuar como un contrapeso al poder gubernamental.
El analista detalló que la titularidad de un organismo como la CNDH debe recaer en perfiles adecuados que respeten la autonomía sin ser necesariamente antagónicos, es decir, personas que tengan tanto la capacidad de criticar como de reconocer aciertos, algo que Piedra no cumplió.
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“El gran problema que tenemos ahora con la polarización es que cuesta trabajo encontrar perfiles profesionales que, sin ser antagónicos, sean obviamente capaces de hacer crítica cuando sea necesario, pero también procesos de reconocimiento cuando se hacen bien las cosas. Entonces, eso es lo que se está buscando: perfiles que sean autónomas con respecto al gobierno y, claramente, pues Rosario Piedra no lo era. Entonces, ese fue el gran lío: que nombraron incondicionales al frente de órganos que debieran ser autónomos […] ese es el gran problema que hubo de inicio: que era claramente una amistad, claramente cerca del gobierno, y ese es el problema que vivimos en su administración”, insistió.
La activista Marcia Itzel Checa Gutiérrez hizo, en el marco del proceso de renovación de la Comisión, una evaluación sobre el desempeño de este organismo a partir de criterios clave como el ejercicio de las recomendaciones que se hicieron en esta gestión; el uso de las acciones de inconstitucionalidad y la gobernanza interna.
“Vimos que las acciones de inconstitucionalidad, la propia comisión asumió una omisión; es decir, decidió no presentarlas. Por ejemplo, en el caso de la limitación, donde distintos organismos internacionales de derechos humanos señalaron que estas reformas eran contrarias a los derechos humanos y que esperaríamos que el mecanismo para protegernos pudiera haber alzado la voz, pero parecía más bien hacerle eco a una agenda del gobierno”, dijo.
Grace Fernández coincidió en que si bien anteriores administraciones de la CNDH no fueron las mejores, considera que la gestión de Piedra ha sido la que más ha quedado a deber.
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“Si bien yo no puedo decir que la CNDH antes de Rosario era magnífica, la realidad es que sí había recomendaciones blanditas e insuficientes, que quizás no eran claras en la violación de los derechos que hicieron las fuerzas armadas o fuerzas del Estado, pero finalmente las hubo. Con Rosario se cuentan pocas, pero estas recomendaciones siempre con un enfoque de intentar minimizar los hechos”, destacó.
Daniel Vázquez destacó que el incremento en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se debe en gran medida a su colaborador, Cuauhtémoc Rueda –quien también se está postulando para el cargo– quien ha abogado por que cada queja resulte en una recomendación, al considerar que esto otorga mayor importancia a las peticiones de las personas, aunque también plantea retos, ya que muchas personas que acuden a la CNDH solo buscan soluciones a sus problemas, no recomendaciones.
Al respecto, Vázquez puso énfasis en la falta de métricas para evaluar si se han abordado patrones actuales de violaciones a derechos humanos, sin embargo, coincidió en señalar que el análisis de la actual gestión se ha centrado en el pasado en lugar de en las violaciones actuales.
“Se quedó trabajando mucho en el pasado, no cuando en realidad —y no está mal—, pero en realidad las condiciones lo que tienen que analizar son los patrones actuales, porque no es un archivo histórico. Sino de lo que se trata es de qué diremos qué es lo que está sucediendo en este momento y cómo vamos a desmantelar esos patrones actuales”, detalló.
Grace Fernández añadió que fue notario para las víctimas la postura de la CNDH de incluso no brindar el suficiente apoyo e investigación para quienes iban a presentar una queja.
“En la gestión de Rosario parece que teníamos que convencer a los de la Comisión de las violaciones a los derechos humanos, nosotros como víctimas teníamos que convencerla y presentar pruebas fehacientes de que se cometieron los los delitos cuando ese es el trabajo de la Comisión”.
LA CONFRONTACIÓN CON ONGS
La manera en la que CNDH ha gestionado su comunicación social y redes es otro de los puntos destacados en contra de la gestión, pues Checa Gutiérrez destacó que, bajo la actual administración, la institución ha optado por desacreditar a organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Un ejemplo que han citado organizaciones sobre esta práctica de la CNDH al mando de Piedra fue la respuesta de la institución a un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que señalaba que esta práctica sigue siendo común en México. En lugar de abordar las conclusiones del informe, la CNDH se centró en desacreditar el informe.
El especialista puso como ejemplo que en redes sociales hay hasta una página en la que desacreditan o tratan de deslegitimar las críticas u opiniones que se han realizado contra la actual gestión.
“Lanzó muchas estrategias de comunicación en contra de voces críticas, en lugar de generar puentes y acercamientos para poder construir desde otra forma, que es lo que tiene que hacer una persona que encabeza la defensoría del pueblo”, expuso la representante del Observatorio de Designaciones Públicas.
La publicación de conclusiones sin llevar a cabo investigaciones serias, eximiendo de responsabilidad a las autoridades, especialmente al Ejército, es otro de los reclamos que se ha hecho a ese organismo.
Por ejemplo, en el caso del espionaje con Pegasus durante la administración de López Obrador, la CNDH concluyó que no había pruebas de que se hubiera utilizado este software, a pesar de que numerosas instancias y expertos habían documentado su uso.
Incluso cuando, en marzo de 2023, se reveló que Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, fue espiado, el organismo emitió un amplio comunicado para deslindar al Gobierno.
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Checa Gutiérrez mencionó otro de los aspectos emblemáticos y alarmante de gestión de Rosario Piedra es la censura de más de 2 mil recomendaciones emitidas por la CNDH entre 1995 y 2015, las cuales fueron retiradas del sitio web de la institución y, posteriormente, se publicaron versiones “testadas”, es decir, con ocultamiento de los datos, incluidas descripciones clave de los hechos y fechas importantes, las cuales, fueron completamente censuradas.
“También vimos que muchas de las recomendaciones fueron testadas, lo cual no está acorde con un proceso de transparencia y máxima publicidad. Nos parece que esa no tendría que ser la actuación”, dijo la activista.
Entre los casos afectados por esta censura se encuentra la mina Pasta de Conchos, donde familiares de los mineros atrapados presentaron un amparo, argumentando que se estaban violando sus derechos al acceso a la información. Un juez falló a su favor, pero la CNDH no lo aceptó.
Los activistas y el académico insistieron en que desafortudamente la militancia política de Piedra fungió como un factor determinante en su gestión, ya que, acuerdo con lo que señaló, hubo una falta de acciones contundentes por parte de la CNDH, mencionando específicamente la inacción frente a casos graves de ejecuciones extrajudiciales, tortura y abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
“Al final de cuentas, pareciera que (Piedra Ibarra) llegó ahí para defender al Estado, cuando se supone que es quien debería cuestionarlo. Y no solamente no ha salido a pronunciarse sobre la preocupación del incremento de la continuidad en los incidentes de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura por parte de elementos de las fuerzas estatales, sino que, incluso, ha salido a defenderlos”, insistió Grace Fernández.
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