Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.-En el marco del Día de las Mujeres Indígenas, que se conmemora cada 5 de septiembre en honor a Bartolina Sisa, una comerciante indígena y guerrillera aymara que luchó contra el colonialismo español, es importante nombrar las violencias ejercidas hacia ellas; una de las más significativas es la exclusión y la falta de acceso a una vivienda propia y digna.
De acuerdo con ONU Mujeres, este tipo de brechas de desigualdad atentan contra la autonomía de las mujeres indígenas, quienes no son minoría, pues representan al menos la mitad de la población en América Latina y el Caribe.
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 2022 implementó la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas. En ella se pide a los Estados que desarrollen y apliquen políticas integrales para proteger mejor sus derechos humanos. Esta Recomendación General, centrada en los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, es de obligatorio cumplimiento para los Estados parte de la CEDAW.
En 2020, la población total en hogares indígenas era de 11 millones 800 mil 247 personas, lo que equivale a 9.4 % de la población total del país; 51.1 % de la población en hogares indígenas eran mujeres y 48.9 %, hombres. La relación entre hombres y mujeres indicó que había más mujeres que hombres, es decir, 96 hombres por cada 100 mujeres, de acuerdo con datos del INEGI.
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Pese a que en México hay más mujeres indígenas que hombres, ellos son los propietarios de la mayor parte de los bienes materiales y tenencias. Esto lo comprueba el Coneval, el cual indica que sólo el 30.9 % (1 millón 863 mil 247) de las mujeres indígenas son titulares en las escrituras de una vivienda particular.
Por si fuera poco, de acuerdo con dos estudios científicos realizados por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor) y por la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI), sólo el 3% de los marcos legales sobre el acceso a la tierra, en 30 países del mundo, garantizan la participación de las mujeres indígenas y rurales en las decisiones comunales sobre la tenencia. Entre los países estudiados se encuentran ocho países de América Latina, incluyendo a México.
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Esta es otra brecha que aísla a las mujeres indígenas y campesinas de la toma de decisiones de sus tierras, detalla Iliana Monterroso, investigadora en tenencia forestal:
“Cuando va a iniciar y durante un proceso de titulación se deben revisar los estatutos comunales de la comunidad. Este documento indica quiénes participarán y cómo se llevará a cabo el proceso internamente: quién labra y dónde la tierra, y quiénes participan en la toma de decisiones final. En ninguna parte se menciona a la mujer”, dijo Iliana Monterroso a Mongabay Latam.
Además de estas prácticas discriminatorias, muchas mujeres indígenas a diario no son consideradas la cabeza de la familia cuando son viudas o madres solteras. Esa responsabilidad se le delega a otros hombres en su familia o hijos varones, según el estudio de Cifor y RRI. Tampoco son nombradas como representantes de sus familias.
Desigualdades de las mujeres indígenas frente a quienes no lo son
A nivel nacional, diversos indicadores y estudios señalan que la desigualdad en la vivienda e ingresos económicos que viven las mujeres indígenas, en comparación con las mujeres no indígenas es amplia. Al respecto, Inmujeres nos proporciona algunos datos:
- Del total de mujeres indígenas, el 25.7 % son jefas del hogar, porcentaje menor en comparación con las que no son indígenas (32.5%).
- El 49.4% de las indígenas jefas de hogar tienen ingresos económicos menores o iguales al salario mínimo, esta misma percepción monetaria la tienen el 27.9 % de las mujeres no indígenas.
- En cuanto al número promedio de hijas e hijos, las mujeres hablantes de lengua indígena tenían en promedio 2.85 hijas e hijos y las mujeres en hogares indígenas, 2.51 hijas e hijos. En contraste, las mujeres que no pertenecían a hogares indígenas tenían sólo 1.82 hijas e hijos.
- En el ámbito rural, 75 de cada 100 mujeres indígenas viven en viviendas precarias, sin acceso a agua entubada o donde cocinan con leña o carbón sin chimenea. En el ámbito urbano, 6 de cada 100 mujeres no indígenas viven en viviendas precarias.
- Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y ONU-Mujeres México, señalan que el 63.1% de las mujeres indígenas más pobres en zonas rurales viven en viviendas sin escrituras.
- Las familias indígenas que migran a ciudades suelen renunciar a sus viviendas tradicionales y culturalmente adaptadas.
- Sólo 3 de cada 10 mujeres indígenas más pobres en zonas rurales, de 15 a 49 años, recibió atención profesional durante el parto.
Cabe señalar que en México la participación económica de las mujeres en general es de las más bajas de la región, situación que se agrava entre las mujeres indígenas donde apenas alcanza el 29.8%.
Urgente encontrar estrategias para reducir las brechas para las mujeres indígenas
A través de la conferencia “Mujeres indígenas de México: voces de acción y resistencia” 2023, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, destacó la urgencia de emprender acciones concretas para reducir paulatinamente las brechas de desigualdad estructural que vulneran el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, así como su capacidad de decidir sobre sus ingresos, su vivienda y su patrimonio.
De acuerdo al estudio de Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI) desarrollado en 30 países de ingresos medios y bajos, los gobiernos a la fecha no protegen los derechos de propiedad de las mujeres indígenas y rurales.
A esta falta de oportunidades y desigualdades sistemáticas debemos sumarle las agresiones que provienen del narcotráfico, el gobierno, los grandes proyectos de desarrollo, empresas privadas, grupos paramilitares y sus asociaciones, detalla el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Uno de los primeros pasos para atender y superarlas es hacerlas visibles mediante diagnósticos que permitan cuantificar y cualificar las condiciones de vida en las que viven y así actuar en consecuencia, para no dejar a nadie afuera y no dejar a nadie atrás.
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