Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Por no contar con «pruebas suficientes» de secuestro, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con sede en Toluca, Estado de México, absolvió a Verónica Razo Casales, detenida ilegalmente en 2011.
“Su caso es una evidencia más de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en el marco de procesos penales injustos (detenciones arbitrarias, tortura, prisión preventiva como pena anticipada), por actos de autoridades policiacas y ministeriales alejadas de las reglas del debido proceso”, señaló en un comunicado el Instituto Federal de Defensoría Pública.
De acuerdo con el Censo Penitenciario, publicado en el 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México 4 de cada 10 presos no tienen sentencia, esto es el 39 por ciento del total, y la mitad están en prisión preventiva oficiosa no justificada.
Las personas privadas de su libertad en 2022, en cárceles estatales, federales y especializadas del país, sumaron un total de 226,116, de las cuales el 5.6 por ciento fueron mujeres. De ellas, la mitad de las reclusas no tienen sentencia y 3 de cada 10 mujeres en prisión han esperado por dos años o más la resolución de su sentencia.
A pesar de que Verónica fue reconocida como víctima de detención ilegal y arbitraria, tortura y violencia sexual, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de tener la protección del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación y de contar con una Opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que desde 2021 había ordenado la excarcelación, tuvieron que pasar 12 años para que, al final, tuviera justicia.
12 años de injusticias
Una tarde de primavera Verónica, sus pequeños hijos y su mamá Austreberta, llegaban a su casa, en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, cuando inesperadamente fue rodeada por un grupo de hombres, eran policías federales; uno la tomó del cabello, la golpeó, la arrojó al suelo y luego la subió a un auto. Esto sucedió un 8 de junio de 2011, desde entonces todo fue abusos, injusticias y humillaciones.
La captura estuvo a cargo de miembros de la Coordinación de Investigación de Campo de la extinta Policía Federal, vestidos de civil, quienes no presentaron órdenes judiciales ni se identificaron al momento de los hechos. Su hermano, Erick, fue detenido por las mismas autoridades el mismo día, pero en diferente lugar.
Austreberta pensó que se trataba de un secuestro, se dirigió al Ministerio Público de su alcaldía, pero luego de varias horas y de comentar la situación a un familiar policía, descubrió que su hija no estaba desaparecida sino que estaba detenida.
Los hermanos fueron presentados junto con otras ocho personas como integrantes de una banda de secuestradores a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); sin embargo Erick, fue absuelto de todos los delitos el 27 de mayo del 2022, quedando en libertad inmediata. Verónica no.
En esa misma sentencia, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, absolvió a Verónica por los delitos de secuestro cometido contra tres personas y delincuencia organizada, sin embargo, la consideró responsable de un delito de secuestro, por lo que le impuso una condena de de 25 años y multa de 119 mil pesos.
Verónica, através de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, apeló. El 18 de julio de 2023 el Tribunal Colegiado de Apelación dictó sentencia, en la que concedió la protección constitucional a fin de que la autoridad responsable dictara nueva sentencia, para analizar, entre otros temas, si con motivo de la detención ilegal de Verónica y de la tortura alegada, existió un efecto corruptor que alcanzó al testimonio y reconocimiento realizado por la víctima
Pasó 12 años en el Centro de Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, en espera de sentencia por un delito que no cometió.
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