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Ciudad de México.– “La Judicatura opera bajo niveles de desconfianza que sólo han aumentado con el paso del tiempo. Tenemos que ser plenamente conscientes de ello para no construir castillos en el aire y caminar en cambio con los pies firmes en la tierra. Les invito desde aquí a encadenar nuestros esfuerzos sin instalarnos en la comodidad de la autocomplacencia, sino reparando en nuestro actuar con una mirada permanentemente reflexiva y crítica, con la distancia suficiente para corregir errores”.
Con esas palabras tomó protesta el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 4 de agosto de 2021 luego de que la mayoría de los integrantes de la Sala Superior de este órgano colegiado removieran de la presidencia del Tribunal al Magistrado José Luis Vargas Valdez por una conducción irregular en sus funciones y por negarse al diálogo. Rodríguez Mondragón dejaría el cargo días después y sería sustituido por el Magistrado Felipe Fuentes, quien encabezaría el Tribunal de manera interina hasta septiembre de ese año para volver a ser sustituido por Reyes Mondragón, cuyo mandato finaliza en octubre de 2024.
Ese 4 de agosto de 2021, el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña denunció que Vargas —quien dejó el cargo en octubre pasado— había cometido diversas inconsistencias en el turno de los medios de impugnación relacionados con la omisión de publicar en estrados el acuerdo de turno, había actuado de manera discrecional al momento de turnar varios asuntos con vinculación, “así como en la discrecionalidad en el turno cuando las y los magistrados se encuentran de vacaciones o de licencia”.
Más de dos años después, un mismo escenario se ha configurado en el Tribunal Electoral cuando la Magistrada Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña demandaron la renuncia de Reyes Mondragón con señalamientos similares, aunque sin detalles, a los que se hicieron cuando se removió a José Luis Vargas de su cargo.
Luego de negarse al diálogo y de huir en el receso de una sesión pública, Reyes Mondragón prometió dar a conocer este lunes si permanece o no en la presidencia del Tribunal, aunque ayer dijo que se quedaría. De dejar su cargo, el TEPJF tendría que designar a su quinto titular desde 2019, cuando renunció Janine Otálora y fue suplida por Felipe Fuentes, a quien sucedió en el cargo José Luis Vargas Valdez, quien fue removido del cargo para ser ocupado por unos días por Reyes Mondragón hasta que Felipe Fuentes fuera designado nuevamente como presidente interino hasta el 1 de septiembre, cuando el pleno votó para un periodo completo a Rodríguez Mondragón.
Es decir, en cuatro años, el Tribunal ha tenido cuatro magistrados presidentes, y dos de ellos –Mondragón y Fuentes– han estado en el puesto en dos ocasiones, lo que ha llevado a que esta instancia haya tenido seis titulares distintos, hasta el momento.
El Magistrado Mata Pizaña acusó la noche del jueves a Rodríguez Mondragón de permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna del Tribunal. Aunque no se dieron nombres, es conocido que el mentor del Magistrado presidente es el panista Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa en la Presidencia de la República, quien impulsó su carrera desde que ambos estudiaron Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y que tiene, precisamente, un despacho de abogados.
De octubre de 2012 y hasta febrero de 2013, por ejemplo, cuando Roberto Gil Zuarth se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rodríguez Mondragón fungió como Secretario Técnico de la misma Comisión. Además de haberlo acompañado como Coordinador de asesores, cuando Gil Zuarth estaba en el Gobierno de Calderón.
“Tiene una falta evidente de capacidad para unir este pleno y liderarlo. Le ha hecho evidentes actos de hostigamiento al Secretario de Acuerdos, hay también una extraña intervención de algunos despachos de abogados en la vida del Tribunal”, acusó la noche del jueves el Magistrado Mata Pizaña.
Antes, durante la reanudación de la Sesión Pública, Mónica Soto dio a conocer que, una vez iniciado el receso, las y los magistrados acudieron a la sala de sesiones privadas y llamaron al Secretario General de Acuerdos para iniciar una sesión privada; sin embargo, no fue aceptada la petición de convocatoria. “El Magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del pleno privado. Salió molesto y entiendo que dio una conferencia de prensa”, añadió Soto.
El Magistrado Mata Pizaña acusó la noche del jueves a Rodríguez Mondragón de permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna del Tribunal. Aunque no se dieron nombres, es conocido que el mentor del Magistrado presidente es el panista Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa en la Presidencia de la República, quien impulsó su carrera desde que ambos estudiaron Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y que tiene, precisamente, un despacho de abogados.
De octubre de 2012 y hasta febrero de 2013, por ejemplo, cuando Roberto Gil Zuarth se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rodríguez Mondragón fungió como Secretario Técnico de la misma Comisión. Además de haberlo acompañado como Coordinador de asesores, cuando Gil Zuarth estaba en el Gobierno de Calderón.
“Tiene una falta evidente de capacidad para unir este pleno y liderarlo. Le ha hecho evidentes actos de hostigamiento al Secretario de Acuerdos, hay también una extraña intervención de algunos despachos de abogados en la vida del Tribunal”, acusó la noche del jueves el Magistrado Mata Pizaña.
Antes, durante la reanudación de la Sesión Pública, Mónica Soto dio a conocer que, una vez iniciado el receso, las y los magistrados acudieron a la sala de sesiones privadas y llamaron al Secretario General de Acuerdos para iniciar una sesión privada; sin embargo, no fue aceptada la petición de convocatoria. “El Magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del pleno privado. Salió molesto y entiendo que dio una conferencia de prensa”, añadió Soto.
Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020, el Magistrado electoral impulsó ascensos de personal dentro de su ponencia y de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del TEPJF para “agotar” los recursos del presupuesto y a cambio les exigía un “moche”.
REYES RODRÍGUEZ DICE QUE NO RENUNCIARÁ
En ese contexto, Reyes Rodríguez Mondragón rompió el silencio este fin de semana. Ayer, negó que vaya a presentar su renuncia a la presidencia del TEPJF pese a que tres de sus compañeros lo hayan solicitado por pérdida de confianza.
El Magistrado presidente agregó que resolverá la situación con el resto de los integrantes de la Sala Superior a través de la política de diálogo y la búsqueda de soluciones a sus diferencias.
A través de un comunicado, publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Rodríguez Mondragón manifestó su deseo de aclarar a la opinión pública lo que ha estado ocurriendo en el TEPJF durante los últimos días.
En su mensaje, explicó que el jueves pasado, después del receso de 15 minutos que fue solicitado, la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso pidió la presencia del titular de la Secretaría General de Acuerdos para intentar transformar el descanso en una sesión privada con efectos legales.
Sin embargo, al no haber las condiciones adecuadas para un diálogo auténtico y libre de imposiciones, compartió que la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis y él decidieron retirarse y salir por la puerta principal del pleno, a la vista de asistentes y medios de comunicación.
“Inclusive respondimos a preguntas de los periodistas. Es falso que huimos. Al haberse alterado las condiciones acordadas para dialogar, se dio a conocer mediante la página principal del Tribunal que el receso de sesión sería hasta nuevo aviso”, aclaró.
Un día antes, en el informe del Magistrado Reyes Rodríguez, Mónica Fregoso, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata no estuvieron presentes; no obstante, después solicitaron una reunión en la que le expresaron su sentir.
“Las tres magistraturas me solicitaron una reunión, a la cual accedí de inmediato junto con la Magistrada Janine Otálora Malassis… Fue en esa reunión que por primera vez, las tres magistraturas se hicieron saber que había una ‘pérdida de confianza’ en mi presidencia y solicitaron mi renuncia al cargo”, expuso.
Más tarde, la y los magistrados que buscan la salida de Rodríguez Mondragón insistieron en que se reanude la sesión pública del 7 de diciembre que “no fue debidamente concluida” gracias a su ausencia y la de la Magistrada Janine Otálora “sin expresar justificación”, lo cual imposibilitó su seguimiento.
Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera llamaron a que, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Reglamento Interno del TEPJF, convoque y señale la hora del día lunes 11 de diciembre, para que, como él mismo señaló, externe su posición respecto a permanecer en el cargo de presidente del Tribunal.
“Le solicitamos que, en cumplimiento lo mandatado en el Artículo 172, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, convoque y señale la hora del día lunes referido en que se celebrará la reanudación de la sesión pública, a fin de que podamos continuar con el diálogo público y discusión del punto que quedó pendiente, y con ello todas las magistradas tengamos oportunidad de manifestar nuestra postura y tomar la decisión respectiva”, se lee en la carta que firmaron.
Minutos después, difundieron otro posicionamiento para responder al comunicado del Magistrado presidente. Ahí lo acusaron de pretender generar una falsa percepción sobre las razones que los motivan a pedir su renuncia, cuando el motivo es que “ha mostrado debilidad” en el manejo de la institución y que “sus decisiones carecen de confiabilidad, ya que en sus funciones se ha sometido a intereses ajenos al Tribunal”.
“De ninguna forma asuntos administrativos como los que señala forman parte de los argumentos que hemos expresado en distintas ocasiones para explicar la pérdida de confianza que se ha ganado dentro del Tribunal. Reyes Rodríguez ha mostrado debilidad en el manejo de esta institución que es de vital importancia para la estabilidad democrática del país; sus decisiones carecen de confiabilidad, ya que en sus funciones se ha sometido a intereses ajenos al Tribunal”, reviraron la y los magistrados.
Asimismo, sostuvieron que su desempeño al frente de la Sala Superior “ha vulnerado la estructura orgánica de la Secretaría General de Acuerdos poniendo en riesgo el buen funcionamiento del área jurídica que da fe a cada una de las decisiones que se adoptan”.
También aclararon que, por respeto al TEPJF, no han querido detallar las “otras razones” que impulsan su decisión de solicitar a Reyes Rodríguez que deje la presidencia. “Él sabe cuáles son esos motivos y conoce perfectamente el camino para encontrar una solución”, indicaron.
Como último punto, los tres confiaron en que el Magistrado presidente pondrá en primer lugar el interés superior del país y la estabilidad del actual proceso electoral, pues “aferrarse al cargo tendrá consecuencias nocivas para la autonomía de este órgano”.
“Esperamos que este lunes el Magistrado tenga una muestra de madurez y compromiso con la democracia y anuncie su separación del cargo. Sabemos de sus probadas capacidades jurídicas para la resolución de los medios de impugnación, pero también estamos ciertos que ha dejado de ser capaz para encabezar los designios de la institución”, concluyeron.
LA CAÍDA DE VARGAS
Una crisis anterior a la que se encuentra el Tribunal Electoral fue la gestión de José Luis Vargas, quien finalizó su magistratura en octubre pasado. Exfuncionario en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ligado al priismo en la administración de Enrique Peña Nieto y con ciertos guiños hacia Morena en la actual gestión, como aseguró en su momento la oposición, Vargas Valdez siempre fue señalado como un personaje que buscó una cercanía con el poder en turno.
No obstante, fue en la actual administración que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces comanda Santiago Nieto Castillo, llevó a cabo una investigación en su contra por dinero mal habido. La Unidad de la Secretaría de Hacienda denunció a Vargas en 2020, justo cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos, pero la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró.
Fue el 15 de junio, días después de las elecciones más grandes de la historia, cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, determinó el no ejercicio de la acción penal contra Vargas, pero luego la UIF impugnó la decisión. Así, el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia ordenó una nueva investigación contra Vargas por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de 36 millones 487 mil pesos.
En una denuncia diferente a la de los 36 millones de pesos, la UIF acusó a Vargas Valdez, Mónica y Peter Bauer Mangelberg López, su esposa y cuñado, así como a cinco empresas, de haber llevado transferencias por casi 107 millones de pesos en las que se presumió el uso de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación, de la que dio cuenta SinEmbargo en agosto de 2021, se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de Mónica Bauer Mengelberg López que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria. También, según las pesquisas, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.
Meses después, en enero de 2022, el diario El Universal dio a conocer que Mónica Bauer Mengelberg López había comprado una propiedad por valor de tres millones de dólares en el estado de Connecticut, en el noroeste de Estados Unidos.
Fueron precisamente todos estos señalamientos los que llevaron a que el 4 de agosto de 2021, cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral lo removieran de sus funciones como presidente, un acto él desconoció en un principio pero que al final terminó por acatar con su renuncia cinco días después de ser removido.
En ese entonces, señaló: “Estoy convencido de que, para que haya una renovación legal y legítima de la Presidencia del Tribunal Electoral, debe hacerse a través de procedimiento establecido en la Ley. En consecuencia, al no haber una ausencia definitiva de la presidencia en funciones, esta se mantiene. Así, la única vía posible es presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la Sala Superior”.
Después llegaría, para un periodo completo que está en vilo, Reyes Rodríguez Mondragón.
LA SALIDA DE OTÁLORA
En diciembre de 2018, el Magistrado José Luis Vargas amagó con presentar varias denuncias en contra de la entonces Magistrada presidenta Janine Otálora, a quien acusó, como después lo acusarían a él, de supuestas rregularidades que no garantizaban la unidad del pleno ni la independencia de sus integrantes.
El reclamo de ese entonces de José Luis Vargas se dio después de que, a su decir, Otálora haya comenzado un “litigio mediático”al haber criticado el proyecto de resolución que él había elaborado que planteaba la anulación de la elección de la gubernatura de Puebla, el cual fue desechado y culminó con el reconocimiento del triunfo de la panista Marta Erika Alonso, quien el 24 de diciembre de ese año perdería la vida en un accidente de helicóptero junto a su esposo, el Senador y exgobernador poblano Rafael Moreno Valle.
“Buscar la unidad del Pleno y garantizar la independencia de sus magistradas y magistrados son tareas elementales para quien ostenta la Presidencia de un tribunal constitucional. Hoy queda claro que estas no son prioridad para la magistrada Otálora”, acusó vía Twitter Vargas, argumentos que serían empleados en su contra y que ahora se repiten con Rodíguez Mondragón.
Días antes, Otálora negó haber cedido a presiones en el caso de la gubernatura poblana y demandó que quienes la acusaban de lo contrario debían de presentar las pruebas correspondientes. “Si se acusa la existencia de presiones y cabildeos de distintos actores, debe presentarse, como acto de elemental congruencia, una denuncia y acompañarse de las pruebas que se tengan”, escribió en sus redes sociales Otálora.
Finalmente, en enero de 2019, presentaría su renuncia a la presidencia del TEPJF no sin antes señalar: “La reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior del Tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores. Esta crisis fue resuelta en su momento por el propio Pleno”.
“Sabemos que hoy, la vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación debe saber adaptarse a los cambios.Por ello, asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del Tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de Presidenta del Tribunal Electoral”, sostuvo un largo hilo.
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