Redacción El Coahuilense
CDMX.– Después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el plan B, este 2025 el Congreso tiene el pendiente de discutir la Reforma Electoral que propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) con siete consejeros electos por voto popular, así como la eliminación de los plurinominales y la reducción de diputados y senadores.
Bajo la premisa de que el sistema electoral mexicano es más caro que en Brasil, Argentina o Chile, el propósito es reducir un 55 por ciento el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos, y eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo que generaría ahorros por 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030, planteó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras el envío del paquete de reformas constitucionales en febrero pasado.
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En 2024, los partidos políticos nacionales recibieron del INE 10 mil 444 millones de pesos y los partidos locales obtuvieron de recursos 8 mil 390 millones de pesos; es decir, un total de 18 mil 834 millones de pesos para el sistema partidario.
Esta reforma es el tercer intento de modificar el sistema electoral. La primera propuesta no fue aprobada en diciembre de 2022 porque Morena y aliados ya no contaban con mayoría calificada. Días después, el entonces Presidente López Obrador presentó el denominado “plan B” que sólo modificaba leyes secundarias en materia electoral, el cual sí alcanzó la mayoría simple necesaria. Sin embargo, y en medio de protestas de la marea rosa incluyendo al exconsejero presidente Lorenzo Córdova, fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2023 por irregularidades en el proceso legislativo.
«No va a ser fácil porque habrá, como en el caso de los otros órganos autónomos que desaparecieron, un forcejeo burocrático, administrativo, no hay nada que la gente defienda más que su espacio de poder burocrático. Va a estar complicado, pero es necesario hacerlo. Vamos a ver si inmediatamente se aprueba empezando el año, vamos a tener un contexto muy interesante por toda la presión que vamos a recibir de otros temas del Gobierno de Trump de Estados Unidos», dijo Jaime Cárdenas, exconsejero electoral (1996-2003) e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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El presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña dijo en diciembre que la Reforma Electoral se tiene contemplada hasta la segunda mitad de 2025 cuando se haya concluido la elección de personas juzgadoras, pues se debe escuchar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Incluso no descartó la realización de un parlamento abierto como sucedió con la Reforma Judicial.
INE cambia a INEC
Los 33 órganos electorales, el INE y los 32 OPLEs, tuvieron en 2024 un presupuesto conjunto de 49 mil 838 millones de pesos para la organización de las elecciones más grandes de la historia donde se eligieron más de 20 mil cargos, entre ellos, la Presidencia.
Sin embargo, desde la Reforma Electoral de 2014, el INE ha asumido diversas funciones de los OPLEs e interviene en sus procesos cuando lo estima necesario por lo que coordina prácticamente todas sus actividades significativas.
En ese escenario, la propuesta legislativa plantea que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sustituya al INE y absorba las funciones de los 32 OPLEs de las entidades federativas, es decir, el árbitro electoral no será eliminado, solo se ajustará su estructura. Asimismo, se propone reducir el número de consejeros electorales de 11 a 9 integrantes, y el periodo de su cargo disminuiría de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.
«Sí hay en el IFE y ahora en el INE estructuras burocráticas que no se trata de desaparecerlas por desaparecerlas, sino ver cuáles de ellas deben permanecer. Estoy a favor de que exista una racionalización de las estructuras burocráticas del actual INE ahora que se transforme en un INEC, como propone la reforma, porque supongo que hay exceso burocrático. Los OPLEs cada vez tienen menos sentido porque las principales funciones electorales ya las desempeña el INE. Además los OPLEs tienen un problema de relación muy fuerte con los gobiernos estatales, con los gobiernos locales, no les autorizan presupuesto», afirmó el exconsejero electoral Jaime Cárdenas.
Actualmente, el Consejo general del INE enfrenta una crisis interna de falta de nombramiento de direcciones por falta de consenso entre los 11 consejeros, ya que algunos vienen del periodo de la presidencia de Lorenzo Córdova, muy cercano a la marea rosa (PRI, PAN, Claudio X. González).
Respecto al Tribunal Electoral –también con divisiones entre magistrados– se plantea que absorba las funciones de los 32 Tribunales Electorales locales del país, y también se reduce el periodo de los magistrados electorales de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.
Ambos, tanto consejeros como magistrados, deberán ser elegidos por voto popular en una elección organizada por el propio INE. Los actuales consejeros y magistrados podrían ser elegibles en esa primera ocasión.
«En el INE muchos de los problemas que observamos entre algunos que apoyan a la actual consejera presidenta (Guadalupe Taddei) y otros que no la apoyan tiene que ver con la procedencia de los consejeros. Algunos de ellos provienen de épocas previas donde tenían posiciones dominantes el PRI, el PAN y el PRD. Ahora eso ya no existe, esos tres partidos ya no tienen la fuerza política de antaño, pero hay consejeros electorales que son nostálgicos del pasado y no quieren entender que estamos en una nueva circunstancia; fueron designados en una lógica política distinta a la actual por partidos que ya no tienen la fuerza que tuvieron en el pasado y nuevos consejeros que responden a un tiempo donde Morena tuvo un papel muy importante en el nombramiento», observó el investigador Cárdenas.
En un acto inédito, a través de insaculación, la Cámara de Diputados declaró electos a cuatro consejeras y consejeros que integrarán el Consejo General del INE, del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032; como consejera presidenta se eligió por tómbola a Guadalupe Taddei Zavala. Los designados fueron Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza. En contraste, desde el periodo de Lorenzo Córdova, ya estaban los consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey o Dania Ravel.
Adiós a las pluris
La propuesta de Reforma Electoral presentada en febrero expone la eliminación de 200 diputados y 64 senadores plurinominales (representación proporcional para equilibrar el pluralismo). El Congreso tendrá 300 diputados y 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que representen, lo que «garantiza arraigo territorial, legitimidad y rendición de cuentas», plantea.
También aplica en los congresos estatales: se eliminan 459 diputados locales plurinuminales. Los Congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales. Los estados con menos de un millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán incrementarse en uno por cada 500 mil habitantes, hasta un máximo de 45.
Se reduce el número de regidores y concejales. Sólo habrá una sindicatura por Ayuntamiento, y hasta nueve regidores y concejales, en función al número de habitantes del municipio o la alcaldía.
El exconsejero electoral Jaime Cárdenas está en desacuerdo con la eliminación de los plurinominales, ya que –aunque la ciudadanía los rechace– eso permitiría un poder «descomunal» a Morena y aliados, lo cual perjudicaría la democracia.
«Yo no soy muy partidario de eso. Estoy más a favor de los sistemas de representación proporcional. Creo que un sistema electoral de mayoría podría generar hasta problemas políticos porque fortalecería a Morena de manera enorme. Si en 2024 no hubiesen existido diputados y senadores de representación proporcional, el peso de Morena en Diputados y Senadores sería descomunal. Hoy Morena tendría más del 90 por ciento de los espacios legislativos, entonces sería una fuerza muy poderosa y tal vez eso no sea conveniente para el país. Es una idea atractiva para el país, a la gente no le gusta los legisladores de representación proporcional, pero es necesario que exista algún tipo de equilibrio en las cámaras. Un sistema electoral de mayoría, tal como están las circunstancias políticas, lo único que haría sería fortalecer enormemente a Morena», expuso.
Sin embargo, el académico de la UNAM ve viable la eliminación de diputados y senadores a 200 y 64, respectivamente. «Hay una demanda social de que son muy grandes y muy costosas las cámaras. Hay ese reclamo, muchos sectores sociales, sobre todo las clases medias y populares, ven con malos ojos las estructuras burocráticas en general. Si Morena quiere seguir impulsando la reducción de las cámaras se puede hacer, siempre y cuando no sea muy drástico y se mantenga la representación proporcional», aseveró Cárdenas.
Facilitar consultas populares
Para facilitar la validez de consultas populares y la revocación de mandato, se propone reducir de 40 a 30 por ciento el porcentaje de participación requerido para que los resultados sean vinculantes; es decir, el equivalente a 30 millones de votos.
Las consultas se realizarán el mismo día de las elecciones ordinarias (cada tres años en consultas populares, y cada elección intermedia en revocación de mandato). Y, ahora sí se permitirá que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados.
En 2021, en la consulta sobre investigar y enjuiciar a los expresidentes, un 97 por ciento votó por el «sí», pero en plena pandemia solo participó un 7 por ciento del electorado. En ese ejercicio, la pregunta final quedó modificada por la Suprema Corte para garantizar el derecho a la presunción de inocencia, por lo que no se mencionó el nombre de los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, como en un inicio lo promovió Morena.
En 2022, el 91.85 por ciento de los mexicanos votó por la permanencia del Presidente López Obrador en el también inédito proceso de revocación de mandato. Sin embargo, no fue vinculante porque participó menos del 18 por ciento del electorado, muy lejos del 40 por ciento requerido en la actual ley.
La oposición aprovechó ambos casos para criticar el bajo interés de la ciudadanía en participar en un proceso promovido por Morena, pero esta nueva reforma político-electoral busca quitarle obstáculos y «boicot del INE» para que las próximas consultas sean vinculantes.
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