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Ciudad de México.- El pleno del Senado de la República aprobó, en la sesión del 13 de diciembre pasado, un dictamen para urgir a los congresos locales de 24 entidades federativas, a fin de que armonicen su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, también conocida como Ley Monzón.
Esta ley surge con el propósito de no dejar desprotegido a las víctimas indirectas del delito de feminicidio, en específico de los menores de edad que se encuentran frente a este tipo de situaciones en las que el padre está siendo investigado por el delito de feminicidio, en donde se le suspenderá el derecho a la patria potestad.
La Ley Monzón que nació en Puebla, en respuesta al asesinato de la abogada y feminista Cecilia Monzón Pérez, ha sido presentada en 17 de las 32 entidades federativas del país, de las cuales en 4 ya fue aprobada, de acuerdo con el seguimiento que ha dado a la propuesta la autora de la misma, la diputada local del PT, Mónica Silva Ruiz.
Mónica Silva denominó la iniciativa Ley Monzón, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla identificó como presunto autor intelectual del atentado que acabó con la vida de Cecilia Monzón, el 21 de mayo de 2022, a su expareja sentimental y padre de su hijo, el excandidato del PRI a la gubernatura Javier López Zavala.
El dictamen aprobado por el pleno senatorial que solicita a 24 entidades federativas a armonicen su legislación con la Ley Monzón, que fue promovida por la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, urge a los congresos locales a que hagan las adecuaciones normativas correspondientes en su legislación en materia de suspensión de la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, desde el momento de la vinculación a proceso.
Concretamente, las entidades a las que se les hace el llamado son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.
También a Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
En el documento, las y los senadores detallaron que el pasado 2 de marzo fue avalada una reforma al Código Penal y Civil del estado de Puebla, iniciativa bautizada como Ley Monzón que consiste en suspender la patria potestad a las personas que hayan estado involucradas en casos de feminicidio y retirarles si se confirman las sentencias.
Con ello, la entidad poblana se convirtió en el primer estado del país en promulgar una ley de este tipo y sentó un precedente que activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas esperan que se convierta en ley nacional.
Por ello, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de que se discuta y analice este tipo de modificaciones en los códigos penales de todas las entidades federativas.
Con este exhorto se busca impulsar la modificación del marco legal del sistema jurídico mexicano, con el propósito de legislar en favor de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la violencia en casos de feminicidio.
Además de proteger no sólo a las mujeres ante la violencia extrema que se ejerce contra ellas por razón de género, sino también garantizar la seguridad e interés superior de la niñez, de sus hijas e hijos que quedan en la orfandad por el delito de feminicidio.
La Ley Monzón no solo modificó el Código Civil estatal en materia de patria potestad, sino que también reformó el Código Penal para agravar las sanciones del feminicidio, cuando el delito se cometa frente a los hijos de la víctima. En ese supuesto, la pena mínima pasó de 40 a 50 años de cárcel y la máxima de 60 a 70 años.
Las entidades que ya cuentan con esta Ley son Puebla, Sinaloa, Colima y Ciudad de México. Además, ha sido presentada en Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Durango.
Los estados del país donde ha avanzado la iniciativa y que reportaron las tasas más altas de feminicidio son Morelos, Colima, Campeche, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Chiapas.
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