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Ciudad de México.- Se ha vuelto común encontrar en las redes sociales mensajes e incluso videos de personal médico ejerciendo violencia obstétrica contra pacientes adolescentes por medio de frases y gestos que degradan, menoscaban y minimizan el temor, dolor y la preocupación de las mujeres jóvenes antes, durante y después del parto.
Pareciera que para el personal médico se ha convertido en un hobbie cuestionar a las adolescentes por la edad en la que están gestando, su capacidad para amamantar o incluso el conocimiento o desinformación que pueden tener sobre el uso de métodos anticonceptivos.
Todas estas conductas son expresiones de la violencia obstétrica y en un contexto como el de México, es necesario reconocerlas como tal. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh 2016), 31.24 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años que reportaron un embarazo acusaron haber sufrido violencia de este tipo.
Esta cifra indica que, “lejos de recibir atención especializada por el riesgo que representa un embarazo temprano, así como la especial protección que se debe garantizar a las personas menores de edad, las niñas y adolescentes embarazadas enfrentan la violencia sistemática por parte de los servicios de salud”, señala el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asociación feminista que aboga por la justicia reproductiva.
¿Cómo identificarla?
En Twitter o Facebook, publicaciones como “Voy por la tercera cesárea en menos de ocho horas. ¿Y los métodos de planificación de plano no los conocen? Pura niña de 14, 15, 18 que ni senos tienen para amamantar” dan muestra de la violencia obstétrica digital ejercida por personal médico.
En los consultorios, este tipo de agresiones son aún más evidentes. En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora de investigación en GIRE, Verónica Esparza Pérez, detalló que las manifestaciones de la violencia obstétrica pueden ser tanto físicas como psicológicas.
“Las primeras incluyen prácticas que resultan invasivas como las cesáreas –cuando se practican sin justificación–, la esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso en la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto. Entre las segundas se encuentran actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado”, afirmó la especialista.
En ese sentido, las mujeres con discapacidad, indígenas y las adolescentes son los grupos más afectados por este tipo de violencia, refirió la vocera de GIRE. Esto aun cuando las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Al hablar específicamente de América Latina, las adolescentes menores de 16 años tienen un riesgo de muerte materna cuatro veces más elevado que las veinteañeras. Además, las muertes perinatales son 50 por ciento más altas entre las y los bebés nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres entre 20 y 29 años, puntualiza el informe La pieza faltante. Justicia reproductiva, elaborado por GIRE.
Por lo anterior, se ha exigido que haya una atención especial y mayor cuidado para las adolescentes desde el personal de salud, pero en México la justicia reproductiva avanza a pasos lentos y la violencia obstétrica revela cifras de impunidad crecientes.
La utopía de la normatividad.
En la Ley General de Salud se expresa de forma clara que es responsabilidad del personal médico identificar y erradicar los factores de riesgo en quienes presentan un embarazo, así como mejorar en el acceso y la calidad de la atención durante las diferentes etapas del proceso, incluidos el parto y puerperio. Sin embargo, aunque existe en la normatividad, dichas condiciones están lejos de la realidad.
“Existe una brecha importante entre lo que dice el marco normativo y su implementación, una muestra de ello es el mecanismo de acceso a la justicia, ya que las quejas administrativas y ante las comisiones de derechos humanos son procesos lentos”, denunció
Actualmente Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán regulan este delito de manera autónoma, mientras que Guerrero sanciona la violencia obstétrica como parte del delito de violencia de género.
Los códigos de Coahuila, Ciudad de México y Oaxaca regulan una conducta similar bajo el tipo de “violencia contra los derechos reproductivos”, en el delito de violencia familiar. Pese a esto, la violencia obstétrica no se detiene.
Como uno de los caminos viables para reducir la violencia contra las adolescentes, Verónica Esparza destacó la importancia de destinar presupuesto suficiente para asegurar una atención de calidad, mejorar la infraestructura y también transformar la actitud del personal médico desde las universidades.
Algunos estados penalizan la violencia obstétrica, pero hemos advertido que esta no es la medida adecuada para zanjar un problema que tiene que ver con fallas estructurales en todos los niveles.
En ese sentido, la investigadora reiteró que para lograr una transformación de raíz es necesario entender las expectativas y exigencias de las sobrevivientes, quienes buscan “que se garantice la no repetición de los actos que constituyen violencia obstétrica, que el personal de salud cuente con capacitación adecuada, que los hospitales o centros de salud tengan insumos suficientes, que se implementen vías de acceso a la justicia que no representen una revictimización y que el Estado se responsabilice en caso de que esto no suceda”.
Un problema que nos concierne a todas y todos
El primer paso para erradicar una problemática es visibilizarla y no perpetuarla, como ocurre a través de redes sociales y en diferentes espacios donde las personas –en este caso, las y los profesionales de la salud– se colocan en lugares de superioridad para juzgar a las adolescentes que viven un embarazo y sus procesos de parto.
Por ello, lejos de alentar la violencia, es trascendental informar sobre los tipos de agresiones que puede vivir una adolescente durante un embarazo, el parto o puerperio, además de brindarle acompañamiento y herramientas que le permitan acceder a la justicia cuando sus derechos son violentados.
“Lo que viviste no es normal, no está bien, es una violación y, como tal, puedes exigir que haya una reparación integral”, es el mensaje de Verónica Esparza Pérez.
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Foto: César Martínez/CIMAC Noticias
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