Redacción El CoahuilenseLa percepción de inseguridad en las principales ciudades del país registró su sexto descenso mensual consecutivo y pasó de 63.8 a 59.8 por ciento entre diciembre de 2025 y junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Para el Gobierno federal, el comportamiento del indicador comienza a reflejar el impacto de la estrategia de seguridad implementada desde el inicio del sexenio.
Durante su conferencia matutina en Cuernavaca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la reducción muestra un cambio en la percepción ciudadana sobre las condiciones de seguridad.
“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, afirmó.
La mandataria colocó el dato en perspectiva al recordar que en diciembre de 2018 el 73.7 por ciento de la población de las principales ciudades declaró sentirse insegura. También señaló que en septiembre de 2024, al cierre de la administración anterior, el indicador descendió a 58.6 por ciento, el nivel más bajo de ese periodo.
La evolución de la ENSU se suma a otros indicadores que el Gabinete de Seguridad ha utilizado para respaldar la estrategia federal. Hace unas semanas, el Gobierno informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 49 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 86.9 a 44.3 casos diarios, con base en cifras preliminares.
En el mismo balance, las autoridades reportaron la detención de cerca de 54 mil 300 presuntos responsables de delitos, así como de 85 funcionarios y exfuncionarios relacionados con actividades ilícitas. Además, informaron el desmantelamiento de alrededor de 2 mil 400 laboratorios clandestinos y el aseguramiento de más de 400 toneladas de droga y casi 30 mil armas de fuego.
El Gobierno federal sostiene que la disminución en la percepción de inseguridad y en los delitos de alto impacto forma parte de una misma tendencia. El reto, sin embargo, será mantener ese comportamiento durante la segunda mitad del sexenio y trasladarlo a entidades donde la incidencia delictiva continúa por encima del promedio nacional.
