Ethel ArredondoDoce rostros, una misma lucha
Por Ethel Arredondo
Torreón, Coahuila.– Por años –que han representado dolor y angustia para sus madres, esposas e hijos– las fotografías con sus rostros han acompañado marchas silenciosas, memoriales, pancartas y mantas que sus seres queridos sostienen con manos firmes, aunque cansadas.
Son 12 nombres, 12 historias inconclusas y una misma exigencia: no olvidarlos, saber qué fue de ellos y garantizar que se respeten sus derechos laborales en beneficio de sus familiares. En Torreón, Coahuila, un grupo de familias mantiene viva la memoria de 12 policías municipales desaparecidos entre 2009 y 2011 durante uno de los periodos más violentos que ha enfrentado la región de La Laguna.
La Asociación de Familias por Policías Municipales Desaparecidos está integrada por madres, esposas, concubinas, hijas e hijos que, además de enfrentar la ausencia, han tenido que aprender a organizarse, a tocar puertas de instituciones y a defender derechos que, durante años, les fueron negados.
Las desapariciones ocurrieron mientras los elementos se encontraban en funciones. Pese a ello, el tiempo pasó sin respuestas claras, sin investigaciones concluidas y sin un reconocimiento pleno de su situación laboral. Para las familias, la desaparición no sólo arrancó a un ser querido de casa, también fracturó la estabilidad económica y emocional de hogares completos.
De la vida doméstica a la organización colectiva
La Asociación de Familias por Policías Municipales Desaparecidos se conformó de manera paulatina, a partir de la necesidad compartida de entender lo ocurrido, de buscar justicia y de defender derechos que, con el paso del tiempo, comenzaron a ser vulnerados. La mayoría son mujeres que pasaron de la vida doméstica a los juzgados, a las protestas y a la organización colectiva.
En varios casos los policías desaparcidos fueron detenidos dentro de instalaciones oficiales; en otros, simplemente no regresaron a casa. Con el tiempo, además de la ausencia, las familias enfrentaron bajas administrativas, suspensión de pagos y la amenaza de perder derechos laborales, lo que profundizó la afectación económica y emocional. Pese a ser víctimas, las autoridades han querido simplemente borrarlos de una lista que representa recursos, que genera gastos, cantidades ínfimas comparadas con el sacrificio que representó para sus familias no volver a ver su hijo o esposo.
Al inicio, muchas de las familias no se conocían entre sí. Fue en juzgados, trámites y gestiones donde comenzaron a encontrarse. Ahí comprendieron que el problema no era individual, sino estructural. La asociación se convirtió en un espacio de acompañamiento, de información legal y de resistencia ante decisiones institucionales que, en lugar de protegerlas, las revictimizaban.
El colectivo no sólo exige la localización de los policías desaparecidos, también demanda el reconocimiento pleno de sus derechos laborales, la integración al sistema de pensiones municipales, y garantías para un futuro digno, ante el temor constante de que alguno de los elementos sea localizado sin vida durante búsquedas o exhumaciones.
En 2024, tras años de insistencia, el ayuntamiento de Torreón entregó al colectivo un memorial en el Bosque Venustiano Carranza, un espacio que simboliza el reconocimiento institucional de la ausencia y la memoria. Sin embargo, para las familias, la lucha está lejos de concluir.
Voces que sostienen la búsqueda
Luz Flores Peña, madre de Julio Alberto Villagrana Flores y representante de la asociación, comparte su historia:
“Mi hijo Julio Alberto Villagrana Flores va a cumplir 15 años de desaparecido. Era elemento de la Dirección de Seguridad Pública. Desapareció el 21 de marzo del 2011. Fue arrestado en las instalaciones por el entonces director de Seguridad Pública. Esta desaparición en nuestra familia ha causado dolor y angustia por no saber qué fue de él. Gracias a Dios el municipio, aunque nos ha revictimizado, no nos ha quitado lo que recibimos por quincena y pues la intención es seguir en esta lucha. Hoy afortunadamente nos reunimos con el secretario del ayuntamiento y pues al parecer nos están prometiendo que nos van a poder ingresar a pensiones. Y como mensaje para la sociedad, pues que tengan un poquito de empatía hacia las familias y que se unan a esta gran lucha que son las desapariciones forrzadas, ya sea en redes, en las protestas, en las manifestaciones; que no nos vean como un bicho raro. Y pues más que nada, que el día de mañana no les vaya a pasar a ellos”.
Guadalupe Espino Villanueva, madre de Sergio Abel Mireles Espino, relata una herida que no se cierra:
“Mi hijo se llama Sergio Abel Mireles Espino. Era elemento de la Policía Municipal de Torreón. Desapareció el 25 de junio de 2010. Fue arrestado. Llegaron a avisarme que él no estaba y ya no me dieron más razón de mi hijo. A esta fecha estoy con la lucha en su búsqueda, en espera, porque para mí él está y hasta que yo ya no exista él seguirá estando. Pues aquí estamos en la lucha invitando también a las personas que no están enteradas, que no saben, que tienen esta misma situación, que se arrimen, que hay varios grupos en los que pueden integrarse para empezar con la búsqueda de sus seres amados, porque son personas que nos hacen falta en la mesa, como hoy en Navidad, es su cumpleaños, lo seguimos esperando”.
Sonia Gabriela Molina Serrano, esposa de Raúl Berumen Dávalos, habla del vacío permanente que dejó la desaparición:
“Mi esposo desapareció en mayo de 2009 y pues a mi familia, a mis hijos, a mí nos ha hecho mucha falta y nunca se nos va a olvidar. Siempre vamos a estar recordándolo”.
María Inés Herrera Alvarado, madre de Laura Patricia Flores Herrera, la única mujer policía desaparecida del grupo, expresa un dolor que no disminuye con el tiempo:
“Mi hija era policía municipal. Me la arrebataron el 12 de julio de 2010, y hasta la fecha no hemos sabido nada de ella. Yo sigo con este dolor muy grande de mi hija, pero aquí estamos y seguimos buscándola. Estamos al pendiente y no queremos que haya más gente desaparecida.
Juana María Saavedra de Cruz, esposa del comandante José Gabriel Cruz Urzúa, resume el espíritu del colectivo:
“Mi esposo desapareció el 4 de marzo de 2010. Desde entonces hemos estado buscándolo en vida y desafortunadamente lo tenemos que buscar también en muerte y no vamos a descansar hasta encontrarlo vivo o muerto. Entonces seguimos en la lucha, nos apoyamos en muchos grupos. Nuestra asociación es una base muy importante de apoyo, de ayuda, de lucha, que nos ha abierto muchas puertas para que se dé a conocer nuestros casos y nuestras historias, y aquí seguimos y vamos a seguir siempre hasta encontrarlos”.
“Presunción de muerte”
A más de una década de la desaparición de los 12 policías municipales, sus familiares continúan una lucha que va más allá de la búsqueda de sus seres queridos: exigen el reconocimiento pleno de sus derechos laborales y prestacionales, así como certeza jurídica frente a un futuro marcado por la incertidumbre.
Así lo expuso Cristian Eduardo Castro Cigala, asesor jurídico del colectivo de familias de policías municipales desaparecidos, quien explicó que el grupo se conformó formalmente hace siete años, luego de que las beneficiarias coincidieran en juzgados y trámites legales, al enfrentar de manera individual problemáticas similares derivadas de la desaparición de sus familiares.
El abogado señala que uno de los episodios más críticos ocurrió en 2019, durante la administración municipal encabezada por Jorge Zermeño: se intentó obligar a las familias a iniciar juicios de presunción de muerte, con el argumento de que los policías desaparecidos representaban una carga económica para el municipio.
Castro Cigala subraya que esa posición contraviene el marco legal vigente en el estado, ya que Coahuila fue pionero en la legislación sobre desaparición forzada, con la promulgación en 2014 de la Ley de Declaración de Ausencia, la cual “faculta a las familias a realizar actos de administración y de dominio, además de conservar el sueldo, ya que los policías son considerados ausentes con permiso. En ningún momento se les puede obligar a solicitar la presunción de muerte”.
Resalta que actualmente el principal objetivo es lograr la integración formal de los elementos desaparecidos al sistema de Pensiones Municipales.
“Al momento de su desaparición, los policías fueron dados de baja sin ningún beneficio: sin pago, sin pensión y sin ningún derecho laboral, hasta la entrada en vigor de la ley publicada en 2014”.
Subraya que las familias participan de manera constante en búsquedas y exhumaciones, lo que genera un temor permanente ante la posibilidad de que alguno de los elementos sea localizado sin vida.
“Es fundamental que las familias cuenten con una pensión digna y seguridad económica. Existe el temor fundado de que, en algún momento, se localice a algún elemento desaparecido sin vida, y las familias deben tener garantizado un futuro digno”.
El asesor jurídico hace un llamado a la sociedad civil y a otras familias de trabajadores municipales o estatales desaparecidos en esos periodos para que se acerquen a los colectivos existentes, los cuales “pueden brindar acompañamiento para acceder a una vida digna y a los derechos laborales que corresponden a todos los trabajadores municipales y estatales. Como colectivo, también brindamos acompañamiento jurídico a familias en situación de desaparición forzada”.
