Redacción El Coahuilense
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena y cercano colaborador de la presidenta Claudia Sheinbaum, expresó que se mantiene a la espera de la iniciativa que el Ejecutivo Federal presentará en materia de competencia económica.
Destacó que dicha propuesta representa un paso firme hacia la construcción de mercados más justos, eficientes y equitativos, donde el bienestar de la población mexicana sea el eje central de la política pública.
Ramírez Cuéllar subrayó que es alentador observar cómo distintos poderes del Estado avanzan en una agenda común que impulsa una economía competitiva e incluyente.
Así mismo, recalcó que esta iniciativa representa una oportunidad clave para establecer un marco jurídico actualizado, robusto y alineado con los estándares internacionales más exigentes.
Ramírez Cuéllar subrayó que la falta de competencia en los mercados impone sobrecostos equivalentes al 15.7% del gasto total de los hogares, impactando con mayor dureza a quienes menos tienen. El decil más pobre del país sufre una pérdida relativa de ingresos cuatro veces mayor que el decil más rico, y en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la pérdida de bienestar es 47% mayor que en la región noroeste. Esta situación no solo castiga a las familias mexicanas, sino también a las micro, pequeñas y medianas empresas, que enfrentan barreras injustas impuestas por actores dominantes. Por ello, fortalecer la competencia no es solo una tarea económica, sino un acto de justicia social que protege tanto a los consumidores como al motor productivo del país.
El legislador indicó que el TMEC establece que en cada país habrá una Autoridad u organismo encargado de regular la regulación asimétrica (Art. 18.17) para los Agentes Económicos Preponderantes, designados como «proveedores importantes» (Art. 18.1). Además, define los requisitos para esta autoridad, especificando que debe gozar de independencia en sus decisiones y funcionamiento, evitando ser juez y parte.
Asimismo, dijo que el TMEC (Art. 21.1) no establece las bases para garantizar que cada país miembro (México, Estados Unidos y Canadá) cuente con un ordenamiento jurídico sólido y autoridades de competencia independientes que supervisen y promuevan mercados justos y eficientes.
Señaló que a esto se suma el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, que otorga a la autoridad encargada de promover y vigilar la libre competencia y concurrencia la facultad exclusiva de establecer, imponer y supervisar el cumplimiento de la regulación asimétrica, la cual está estrechamente relacionada con la Preponderancia. Esta autoridad, que opera a través de un organismo descentralizado con independencia técnica y operativa, no solo garantiza eficiencia administrativa y solidez técnica, sino que también cumple con los requisitos mínimos establecidos para dar cumplimiento al T-MEC.
Ramírez Cuéllar subrayó que cumplir con estos estándares internacionales no es sólo un compromiso con nuestros socios comerciales, sino una oportunidad para empoderar a las y los ciudadanos frente a los abusos del mercado. Una autoridad verdaderamente independiente podrá frenar prácticas como precios excesivos o restricciones injustas al acceso a servicios básicos. En palabras del legislador, “hablamos de competencia no como un tecnicismo, sino como una herramienta para lograr precios justos, más opciones y un mercado que sirva a las familias mexicanas, no a intereses particulares”.
El legislador destacó que esta es una gran oportunidad para modernizar la legislación en materia de competencia económica, incorporando elementos clave que fortalezcan la protección al consumidor y promuevan mercados más justos:
* Nuevas herramientas contra abusos de mercado: Se plantea sancionar prácticas como precios excesivos y condiciones de transacción inequitativas, alineando el marco legal mexicano con estándares internacionales como los de la Unión Europea. Esto permitiría al regulador actuar con mayor eficacia en sectores de alta concentración y en mercados sin regulación activa, cerrando espacios a prácticas que hoy quedan impunes.
* Investigaciones más rápidas: La reducción de plazos en procedimientos por prácticas monopólicas fortalecerá la capacidad de respuesta del Estado y brindará mayor certeza jurídica tanto a consumidores como a empresas.
* Mayor vigilancia en concentraciones económicas: Disminuir los umbrales de notificación permitirá al regulador supervisar desde etapas tempranas fusiones y adquisiciones que podrían poner en riesgo la competencia efectiva.
* Multas más severas: Se propone un aumento significativo en las sanciones por conductas anticompetitivas, como medida disuasoria y como defensa directa de las y los consumidores, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas.
“México no puede seguir permitiendo que unos cuantos dominen los mercados mientras millones enfrentan precios injustos y barreras de acceso. Fortalecer la competencia es proteger el bienestar de las familias, impulsar la equidad y consolidar un sistema económico donde nadie quede atrás”, concluyó el legislador.
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