Redacción El CoahuilenseReplantear el modelo de elección judicial es una de las tareas que, junto con evitar recortes presupuestales que pongan en riesgo la organización electoral y enfrentar de manera directa la intervención del crimen organizado en los comicios, debe asumir la próxima reforma electoral, advirtió Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La posibilidad de que la ciudadanía vote en libertad plena fue identificada por el magistrado, en entrevista, como el principal reto del sistema electoral, por lo que consideró indispensable que la reforma incluya medidas legales firmes para impedir cualquier tipo de injerencia criminal.
Al referirse a experiencias concretas, De la Mata afirmó que el sistema electoral debe “tomar el toro por los cuernos” frente a la influencia del crimen organizado, al advertir que existen casos documentados de secuestro de urnas en comunidades, las cuales son sustraídas el día de la elección y devueltas posteriormente ya llenas.
En ese contexto, advirtió que no será viable avanzar hacia mecanismos como el voto por internet o el uso generalizado de urnas electrónicas mientras no se garantice, en primer término, que el sufragio sea libre y sin coacción.
Respecto al financiamiento partidista, el magistrado reconoció que el sistema de fiscalización es sofisticado, aunque consideró necesario reforzar la revisión del origen y destino de los recursos de los partidos políticos para cerrar el paso al dinero ilícito.
Sobre la elección judicial, De la Mata planteó la necesidad de replantear de manera integral este sistema, incluida la posibilidad de modificar su fecha para evitar que coincida con procesos políticos y quede sujeta a dinámicas partidistas.
Un diseño apresurado y reglas deficientes caracterizaron el proceso actual, señaló, por lo que propuso evaluar cambios como la aplicación de exámenes que acrediten conocimientos jurídicos mínimos a los candidatos y la simplificación de las boletas, que resultaron complejas para el electorado.
Desde su perspectiva, la reducción del gasto destinado a las autoridades electorales puede comprometer la adecuada organización de las elecciones, aun cuando exista la obligación de administrar los recursos con eficiencia.
“Reducir el gasto público o el que tienen las autoridades electorales a un punto que no puedan organizar las elecciones sería un error. No hay democracia más cara que aquella que no existe y, para que exista, se tiene que hacer una inversión, un gasto”, expresó.
La participación de fuerzas políticas minoritarias en el Senado, indicó el magistrado, ya se encuentra garantizada mediante los escaños de primera minoría, por lo que se mostró a favor de reducir los legisladores de representación proporcional.
“Si lo que queremos es que haya participación de los partidos minoritarios en la Cámara de Senadores, pues eso se encuentra garantizado a través de los senadores de primera minoría o —digamos así— de segundos lugares. Pero los senadores de representación proporcional son una cuestión un tanto artificial. Exclusivamente tiende a que los partidos puedan introducir a personas específicas”.
“Por otro lado, la representatividad en la Cámara de Diputados, hay que hacerse dos preguntas: ¿podría haber menos diputados? Mi respuesta, como constitucionalista, es, evidentemente, sí. ¿Queremos mantener este sistema mixto de mayoría relativa con alguna minoría de representación proporcional o queremos adoptar, por ejemplo, un sistema de proporcionalidad pura?”.
En el caso de la Cámara de Diputados, señaló que es viable disminuir el número de legisladores y revisar el sistema mixto actual, incluso con la posibilidad de transitar hacia una sola circunscripción nacional o un modelo que reduzca la sobrerrepresentación.
Finalmente, De la Mata subrayó que la reforma electoral debe centrarse en fortalecer la integridad de los procesos, garantizar su viabilidad operativa y evitar cambios que debiliten la calidad democrática del país.
