Redacción El CoahuilenseSiete grupos empresariales mantienen el control del mercado del gas LP en México, a pesar de las investigaciones y sanciones impuestas por prácticas anticompetitivas. Su dominio persiste incluso dentro de la contratación pública, donde continúan obteniendo convenios millonarios con dependencias federales.
De acuerdo con una investigación publicada por El CEO, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) documentó entre 2017 y 2022 una red de acuerdos entre las principales distribuidoras del país. El organismo acreditó una estructura de colusión que fijó precios, delimitó zonas de operación y redujo la posibilidad de competencia real.
Los grupos involucrados son Tomza, Uribe, Global Gas, Soni, Simsa, Gas Metropolitano y Gas Express Nieto. A través de al menos 49 razones sociales, estas compañías manipularon el mercado y violaron las normas de libre competencia. Según la Cofece, sus prácticas ocasionaron un perjuicio de 12 mil 566 millones de pesos a los consumidores de la Zona Metropolitana del Valle de México entre 2009 y 2019.
Pese a las sanciones, el dominio de estas firmas continúa. En 2025, el ISSSTE adjudicó un contrato de 109.2 millones de pesos a G.G. Gas, subsidiaria del Grupo Global Gas. El IMSS, por su parte, mantiene asignaciones con el Grupo Tomza. Los casos reflejan la limitada efectividad de las sanciones y la opacidad en los procesos de licitación pública, donde los mismos actores conservan su posición de privilegio.
El reciente accidente en Iztapalapa, en el que explotó una pipa de gas LP de Tomza y murieron 32 personas, reavivó la preocupación sobre la seguridad en el transporte de hidrocarburos. En respuesta, el gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, emitió el 2 de octubre un decreto que regula el traslado de combustibles y busca incentivar la competencia. Sin embargo, persisten las dudas sobre el alcance y la eficacia de las medidas.
El gas LP es un insumo básico para millones de hogares, pero el mercado continúa cerrado a nuevos participantes. La desaparición de organismos autónomos como la Cofece y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ahora bajo control del Ejecutivo Federal, plantea nuevas interrogantes sobre la imparcialidad y la supervisión del sector. Mientras tanto, los siete grupos siguen obteniendo contratos y conservan el control del negocio, mientras los consumidores asumen el costo de su poder económico.
