Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Como en el trienio anterior, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dado trámite a denuncias judiciales contra sus principales rivales políticos. Y ahora, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, estaría en la ruta del desafuero: después de una indagatoria de la Auditoría Estatal, la fiscalía de justicia ha emprendido causas legales contra funcionarios de la administración municipal —de sello morenista— por presuntos daños al erario.
Han pasado 72 horas de que la petición formal del juicio de procedencia contra el Vargas Landeros fue recibida por la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso sinaloense, María Teresa Ochoa Guerra.
En el primer tramo de su sexenio, Rocha Moya emprendió sendas ofensivas contra los alcaldes de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico y Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que fueron secundadas la mayoría morenista en el Congreso local. Los alcaldes sustitutos, apadrinados por el gobernador, fueron incapaces de hacer frente a la inseguridad que desde entonces padece la capital sinaloense, y al parón económico, ahora agravado por la sequía y la imposición de aranceles, que agobian a los productores agropecuarios.
En medio del pleito entre el Ejecutivo estatal y el alcalde de Ahome, la reaparición del exgobernador Mario López Valdés se ha interpretado localmente como un intento priista de recuperar presencia en aquella entidad del noroeste y coincide con un reacomodo en las estructuras del tricolor —pactado por Malova y el dirigente nacional, Alito Moreno Cárdenas— que beneficiaría a la actual senadora, Paloma Sánchez y al diputado local, Bernardino Antelo.
La sustitución de Paola Gárate como lideresa del PRI en Sinaloa sería la señal más evidente de este acuerdo, que se materializó con la unción de César Emiliano Gerardo, cercano a López Valdés.
A dos años de que concluya el sexenio de Rocha Moya, la agitación entre la clase política es extendida, mientras crece la zozobra de los sinaloenses, por la violencia y los problemas económicos.
Vargas Landeros ha surgido como un prospecto para la sucesión, igual que el ex secretario de gobierno y actual senador, Enrique Inzunza, quien también ha tenido que afrontar críticas por su desempeño como funcionario estatal y demandas pendientes, convenientemente congeladas en el Poder Judicial local.
Efectos secundarios
MONSTRUOSO. Además del burdo intento de censura, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones criticó la concentración de poder que conlleva la iniciativa del Ejecutivo federal. Ese organismo especializado valoró como indispensable una reforma a la legislación vigente, frente a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la competencia desleal. La propuesta aprobada en comisiones unidas, en la Cámara Alta —a su juicio— resultó un remedo de la reforma peñista de 2014 agravado por la instauración de la Agencia para la Transformación Digital, que de prosperar sin cambios anularía indebidamente facultades constitucionales que deben cumplir las secretarías de Economía y Gobernación.
SOMBRAS. Caduca, por la intrascendencia de los liderazgos partidistas, la coalición PAN-PRI tuvo escaso éxito en los comicios del 2024. En el norte del país, sólo en Coahuila, Durango y Nuevo León consiguieron derrotar a Morena en las urnas y para las locales en Veracruz y Durango han apostado por la misma fórmula, aunque con pronósticos reservados. Y es que los alcaldes aliancistas han sido polémicos. En la capital duranguense. En Monterrey, la capital más importante gobernada por un abanderado frentista, el priista Adrián de la Garza prometió un cambio, pero su gestión ha sido calamitosa, sobre todo en seguridad y medio ambiente. Los malos resultados son inversamente proporcionales a la injerencia de la mandamás del despacho Integra Consultores y exvocera presidencial, Alejandra Sota, quien llegó a estos terruños de la mano de Paco Cienfuegos.
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