Redacción El CoahuilenseAutoridades federales y estatales recorrieron comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez tras la liberación de bloqueos registrados en la zona, con el objetivo de atender a familias desplazadas y reforzar las acciones de seguridad.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, visitaron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde sostuvieron encuentros con habitantes afectados por la situación de violencia en la región.
Durante la jornada, las autoridades escucharon las demandas de las familias que abandonaron sus viviendas y plantearon medidas para facilitar un retorno seguro a sus comunidades.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales, integradas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Además, el gobierno federal anunció el envío de brigadas para acercar programas sociales de Bienestar a la población de la zona. También se prevé la realización de ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, así como jornadas del Tianguis del Bienestar.
La secretaria de Gobernación señaló que la atención a los conflictos debe construirse mediante acuerdos entre autoridades y comunidades.
“Desde el Gobierno de México, creemos firmemente que la resolución de conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos”, expresó Rosa Icela Rodríguez.
En el recorrido también participaron mandos militares y funcionarios federales, entre ellos el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez.
Las acciones forman parte de la estrategia conjunta entre los gobiernos federal y estatal para reforzar la presencia institucional en comunidades de Chilapa y atender a la población afectada por el desplazamiento.
