AgenciaRamos Arizpe, Coahuila.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que autoridades penitenciarias y ministeriales incurrieron en diversas omisiones relacionadas con la muerte de un interno del Centro Federal de Reinserción Social No. 18, en Ramos Arizpe, ocurrida en febrero de 2023, por lo que emitió la recomendación 19/2026.
El organismo acreditó responsabilidades tanto del centro penitenciario federal como de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, al identificar fallas en la atención médica, deficiencias en las labores de custodia y una investigación que no agotó líneas consideradas relevantes para esclarecer el caso.
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De acuerdo con la resolución, la persona privada de la libertad, integrante de la comunidad LGBTTTIQ+, ingresó al penal en diciembre de 2020 con antecedentes de trastorno bipolar e ideación suicida. Sin embargo, durante más de dos años únicamente recibió una valoración psicológica y no contó con tratamiento psiquiátrico ni suministro de medicamentos especializados.
La recomendación también recupera reportes elaborados por el propio interno, quien manifestó sentirse vulnerable dentro del centro penitenciario debido a que había expresado abiertamente su orientación sexual. Además, un mes antes de su fallecimiento solicitó ser reubicado tras denunciar amenazas de otro interno, petición que no fue atendida.
La madrugada del 22 de febrero de 2023 fue localizado sin vida en su celda. Peritajes analizados por la CNDH determinaron que permaneció al menos dos horas sin supervisión de personal de custodia antes de ser encontrado.
En cuanto a la actuación de la Fiscalía estatal, el organismo señaló que la investigación no se desarrolló bajo los criterios del Protocolo de Minnesota para muertes ocurridas bajo custodia del Estado. Entre las irregularidades detectadas figuran la falta de entrevistas a posibles testigos, así como la omisión en el aseguramiento de grabaciones de videovigilancia consideradas relevantes para el caso.
La CNDH también observó que la carpeta de investigación se integró sin perspectiva de diversidad sexual y sin explorar posibles responsabilidades por omisión de personal médico y custodios. Asimismo, familiares de la víctima reportaron desconocer avances sustanciales en las indagatorias.
Como parte de la recomendación, el organismo instruyó a las autoridades competentes a reparar el daño a los familiares, fortalecer la capacitación de servidores públicos y colaborar en procedimientos administrativos y penales dirigidos a determinar responsabilidades por los hechos documentados.
(Con información de Vanguardia). DA
