Redacción El CoahuilensePor Valeria Cämun
Un buzón de denuncias puso al descubierto una red de acoso, distribución de pornografía y hasta violaciones sexuales en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). De este hecho delictivo y vergonzoso nació el Tribunal Universitario para los Casos de Violencia de Género, que este 2025 cumple cinco años en funciones.
Primero adscrito a la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios y hoy autónomo, el Tribunal a cargo de Nadia Libertad Salas Carrillo, ha tenido grandes avances al activar el Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género dentro de la máxima casa de estudios.
A la fecha, de los 212 procedimientos llevados a término, 28 han derivado en la baja definitiva de alumnos y académicos que incurrieron en actos graves contra universitarias. Sin embargo, aún falta mucho camino que recorrer.
Un oscuro pasado
En marzo de 2019, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, un grupo de alumnas de Jurisprudencia instaló una urna con la frase “la denuncia es libre y secreta”, para animar a sus compañeras a exponer, de manera anónima, delitos como acoso sexual, discriminación, intimidación, chantaje, hostigamiento y hasta violaciones; y aunque sabían que las chicas responderían, no se imaginaron la cloaca que estaban a punto de destapar.
Se expusieron 36 casos, entre ellos: dos de violación, 20 de acoso y 11 de violación a la intimidad.
Las víctimas narraron haber sido violentadas por sus compañeros, quienes no sólo fueron solapados por docentes, sino que los mismos maestros también participaban en actos de violencia de género.
El asunto escaló a escala nacional y se descubrió la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Ubi packs ibi societas”, en alusión al lema de la Facultad: ubi ius ibi societas, que se traduce como “donde hay derecho, hay sociedad”.
En el grupo, conformado por más de 70 alumnos y catedráticos de varias facultades como Psicología, Música y Sistemas, se compartían fotos y videos con contenido sexual de, al menos, 30 estudiantes, algunas menores de edad.
La investigación
Las estudiantes en contra de la violencia hacia las mujeres dentro de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, realizada por dos alumnas, reveló que la exposición de los casos condujo a cinco denuncias interpuestas ante el Ministerio Público.
Se lograron algunas bajas definitivas de alumnos, pero de ningún docente, y el entonces rector Salvador Hernández Vélez impulsó una serie de cambios al estatuto universitario que derivaron en la creación del Protocolo y del Tribunal.
“Sin embargo, las víctimas fueron sometidas a revictimización: burlas, críticas, señalamientos e incluso, amenazas de represalias académicas o contra su integridad en los pasillos y las aulas”, se lee en el estudio.
“Fue una etapa muy oscura para la Facultad de Jurisprudencia, que se jactaba de ser de las más prestigiosas del país”, dice Ángela, una de las víctimas. “Saber que los abogados, muchos de ellos destacadísimos y miembros honorables de la sociedad, formaban parte de ese grupo vil, que veían fotos íntimas mías que se filtraron, y que distribuían contenido pornográfico, es vergonzoso, condenable… es horrible, no tiene nombre”.
Pasos de justicia
Tuvieron que pasar más de cinco años para vislumbrar algo de justicia.
En 2024, al llegar Octavio Pimentel Martínez a la rectoría, dotó de autonomía al Tribunal para garantizar la imparcialidad en los casos, y en octubre se dictó una baja histórica: Aldo “N”, docente de Jurisprudencia, fue cesado por ejercer violencia contra su esposa –que también trabajaba en la UadeC– y por acoso sexual contra una estudiante de primer semestre, menor de edad, lo cual incrementó la confianza de la comunidad universitaria en el Tribunal.
“La universidad tendrá cero tolerancia contra los agresores de mujeres, y llevaremos los casos hasta las últimas consecuencias”, afirmó el rector cuando la Fiscalía General del Estado detuvo a Aldo “N”, quien fue vetado y despedido de la máxima casa de estudios.
En este sentido, Nadia Libertad Salas Carrillo afirma que uno de los principales avances del Tribunal radica en la confianza generada para atreverse a denunciar, que nunca es fácil.
“Como sociedad normalizamos durante muchos años un sinnúmero de conductas” que ejercían violencia de género, recuerda Salas Carrillo. “Era lo que nos enseñaban y lo que imponía el sistema social; por eso, deconstruir esas formas de relacionarnos implica un reto, y ese reto lo ha asumido el Tribunal Universitario desde el momento de su creación”, destaca.
“En estos cinco años hemos llevado a fin 212 procedimientos, casos que han sido resueltos con alguna resolución; y hemos emitido en este tiempo 28 bajas definitivas y 29 suspensiones temporales, más aparte disculpas y otro tipo de sanciones previstas en el Protocolo, como amonestaciones, inhabilitación para ocupar cargos de elección, y en términos generales, estos resultados te dicen que se está atendiendo la problemática al interior de la Universidad”, detalla.
La difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona, el hostigamiento sexual, acoso y el acoso cibernético son las conductas que más bajas definitivas han derivado, pero también se denuncian la ridiculización, humillación, burlas en razón de género o preferencia sexual, y hostigamiento.
“Te podría decir que 85% de las denuncias atendidas este año, de las resoluciones que hemos emitido, 85% son condenatorias”, afirma Salas Carillo. “A veces solamente es una disculpa, que pareciera poco, pero es una sanción”.
Gracias a esto, más estudiantes, maestras y trabajadoras administrativas se han acercado al Tribunal que respeta la confidencialidad, no emite prejuicios, garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y resuelve con perspectiva de género y perspectiva victimológica.
En este sentido, esta instancia celebra el aumento de casos y no la disminución: el que antes no hubiera denuncias no significaba que no hubiera víctimas, sino que eran silenciadas.
“Ahorita tenemos 38 procesos abiertos que esperamos cerrarlos antes de concluir el año”, dice Nadia Salas. “Denunciar no es un proceso fácil, requiere de mucha valentía por parte de la víctima, de nosotros generar confianza para que se acerquen, por eso trabajamos mucho en la difusión del Protocolo, para recordarles que la violencia no debe normalizarse”.
Destaca: “Somos la primera universidad en el país que tiene un Tribunal Universitario especializado en la atención de los casos de violencia de género”. Y señala que “universidades de Latinoamérica nos han pedido y hemos participado en eventos académicos para presentar nuestro modelo de atención y Protocolo”.
La comunidad universitaria puede interponer denuncias en el correo [email protected]
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