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Ciudad de México.- A pesar de que 23 estados del país cuentan con una alerta de violencia de género y que la violencia contra las mujeres va al alza, con 11 mujeres asesinadas diariamente, cuatro estados: Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco, no etiquetaron ningún recurso para atender la violencia de género en los servicios de salud pública. Otros asignan presupuestos raquíticos como Hidalgo que en el 2021 y 2022, asignó menos de mil pesos a este tema.
Así lo reveló una investigación de Fundar. Centro de Análisis e Investigación, al revisarlos presupuestos que destinan las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33.
Para la organización la violencia contra las mujeres es un grave problema de salud pública con consecuencias sociales que afecta directamente el disfrute de sus derechos, por ello consideran importante que se asignen recursos suficientes para un país con altos niveles de violencia contra las mujeres.
“En realidad todo el tema de presupuesto para atención de la violencia está desfinanciado. Existen otros análisis que hemos realizado, como el del Anexo 13 [Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres], y en realidad todos los los programas para violencia de género, tienen un retroceso”, indicó Matilde Pérez, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate la Corrupción e integrante del Grupo de género de Fundar.
La federación, así como los 32 estados del país deben asignar recursos suficientes para atender la violencia de género en los servicios de salud, así quedó asentado desde el 2003, cuando la Secretaría de Salud (SSA) creó el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual para prevenir, detectar y atender la violencia en los servicios de salud. Dentro de este programa existe un componente de violencia de género, que es el primer punto de contacto de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia con las instituciones.
Sin embargo, el presupuesto para este componente disminuyó en más de la mitad entre 2020-2022 (-55 por ciento), al pasar de 236.9 millones de pesos (mdp) a 106.2 mdp en 2022.
“Estamos hablando sólo de los recursos que se aprueban, si nos metemos a las adecuaciones presupuestarias, ahí está otro problema. Los recursos de programas para la igualdad entre mujeres y hombres y para grupos vulnerables no están sujetos a este tipo de modificaciones; sin embargo se hacen. Legalmente, el Ejecutivo, durante el año, tiene la facultad de hacer adecuaciones presupuestarias a la baja o a la alta, pero al mismo tiempo, la la Ley de Responsabilidad señala que los programas que promueven la igualdad no tendrían que modificarse”, señaló.
Los gobiernos locales y municipales deben distribuir los recursos federales del Ramo 33 en siete áreas prioritarias para el desarrollo nacional como son: educación básica y normal, salud, seguridad pública, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura básica y educativa y fortalecimiento de las entidades federativas y municipios.
Los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales (que incluyen el FASSA) que se indican en el Presupuesto de Egresos de la Federación incluyen un monto equivalente al 0.1 por ciento de dichos recursos y dan cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
Los recursos del FASSA permiten fortalecer las acciones para garantizar una vida sana, que se traduzca en el bienestar para toda la población sin seguridad social, con acceso a atención médica de profesionales de la salud, medicamentos gratuitos, atención psicológica, médica, número de profesionales de la salud, insumos y calidad en los servicios.
Las 32 entidades federativas a través del FASSA, deben destinar este recurso para acciones de prevención, promoción, detección y tratamiento en todos los niveles de atención; atención a la comunidad y a la persona; sin embargo no ha sucedido así.
“A los recursos del FASSA se le tienen que colocar reglas o algún candado mínimo, porque si bien, es decisión de cada entidad cuánto le asigna, sí se tendrían que poner ciertos límites, no puedes etiquetar menos del 1 por ciento”, comentó la experta en temas de género.
Por lo anterior, para Fundar es urgente que las entidades asignen mayores presupuestos a la atención de la violencia de género en los servicios de salud y se transparenten los criterios utilizados para asignar estos recursos.
A la fecha, hay tres fuentes de financiamiento público para temas de salud sexual y reproductiva:recursos de salud del Ramo 12; recursos de lo que antes era el Seguro Popular y ahora es IMSS-Bienestar y de los recursos del Ramo 33, que son los Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Sin embargo, sólo existe información pública disponible del presupuesto asignado de dos de ellos: del programa presupuestal “Salud, Materna, Sexual y Reproductiva (SMSyR)” del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) adscrito a la Secretaría de Salud (SSA) y, de los servicios de salud estatales que asignan recursos del FASSA Ramo 33.
Desde 2021, no es posible conocer lo que el IMSS-BIENESTAR (antes INSABI), destina para este componente a través del programa presupuestario U013.
Además, el monto destinado a cada componente del programa SMSyR, como aborto seguro, violencia, salud materna, no aparece desagregado, la única forma de conocerlo es a través de los convenios para elFortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), pero hasta el cierre de este informe, el CNEGSR reportó, a través de solicitudes de información pública realizadas por Fundar, que los convenios correspondientes al 2023 no se habían firmado. Posiblemente, no se tendrán esos datos desagregados, ni datos del 2024, pues se preve que ya no se firmen dichos convenios.
Senadores buscan eliminar el FASSA
El 5 de diciembre, la bancada de Morena en el Senado de la República, votó una iniciativa de ley para reformar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud, para concentrar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en la federación, así, dijeron, “las entidades que no suscriban el convenio con los servicios de salud del IMSS-Bienestar, podrán acceder a dichos recursos”.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la Federación absorbería una bolsa de más de 120 mil millones de pesos que está en manos de los estados.
El senador José Narro Céspedes, quien presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, señaló que en esta reforma se detallan aspectos como la asignación del monto del fondo y los criterios relativos a la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales a favor del IMSS-Bienestar, de los servicios de salud muchos estatales y que estaban a manos de otros, en manos de la Secretaría de Salud Federal.
“Hoy el IMSS-Bienestar que ya había funcionado en una época, hoy se revitaliza, se busca mejorar la coordinación, eficiencia y financiamiento del Sistema de Salud para el Bienestar. Este dictamen propone únicamente que el Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud resulte aplicable para aquellas entidades federativas que no suscriben el convenio con el IMSS-Bienestar”.
Por su parte, el senador Gabriel García, de Morena:
“La salud es universal, es un derecho para todos, y lo que se está planteando es armonizar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud. Se trata de una reforma que evitará la corrupción, de ahí, salían los fondos para las campañas, de ahí se servían con la cuchara grande las administraciones del viejo régimen. Y eso se terminó: ahora con el IMSS-Bienestar se va a federalizar para que se evite la corrupción”.
Contra la decisión del Grupo Plural, la senadora Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano) votó en favor de la reforma, mientras que los senadores de oposición señalaron que “esta reforma despojará a 23 estados de sus fondos para salud”.
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