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Ciudad de México.- Cerca de 300 colectivas y activistas feministas se manifestaron el miércoles en el Senado de la República para pedir la destitución de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Lo anterior, luego de que la titular presentó una acción de inconstitucionalidad para permitir que los deudores alimentarios ocupen cargos públicos a nivel local en Yucatán, algo que hoy está prohibido en el estado.
En una conferencia de prensa, activistas leyeron un posicionamiento firmado por alrededor de 300 organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres. En él, exigieron a Rosario Piedra Ibarra renunciar a su puesto y, en caso de no hacerlo, pidieron que el Senado inicie el proceso pertinente para su destitución.
De igual forma, solicitaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas en Yucatán para impedir que tanto deudores alimentarios como agresores y acosadores sexuales ocupen cargos públicos.
Al término de esta conferencia, Olga Sánchez Cordero —actual presidenta del Senado— declaró a los medios que podría pedir a la Comisión de Derechos Humanos que cite a Rosario Piedra a comparecer. También añadió que no está de acuerdo con la acción de inconstitucionalidad presentada por la funcionaria, pues viola derechos a la alimentación de niñas y niños.
Cabe destacar que ésta no es la primera acción de inconstitucionalidad a favor de los deudores alimentarios presentada por la titular de la CNDH. El 28 de julio de 2021, Piedra Ibarra presentó otra acción similar en el estado de Hidalgo, donde la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que los deudores alimentarios no pueden ocupar cargos públicos.
No obstante, esta otra acción no se ha sometido a votación y tampoco está en el listado de la SCJN. De acuerdo con Diana Luz Vázquez Ruiz —comunicóloga y principal impulsora de la Ley Sabina—, se espera que ambas acciones se conjunten en los próximos días.
Rosario Piedra, con un completo desconocimiento del tema: Diana Luz Vázquez Ruiz
Según la argumentación de la titular de la CNDH, impedir que los deudores alimentarios morosos funjan como funcionarios públicos es un acto discriminatorio, pues afirma que su situación familiar no tiene nada que ver con la forma en la que desempeñan su cargo. Además, agrega que negarles una fuente de trabajo pone en riesgo sus ingresos para pagar deudas.
En entrevista con Cimacnoticias, Diana Luz Vázquez Ruiz —activista que ha luchado a favor de los derechos de las infancias desde 2018— declaró que estos supuestos argumentos demuestran un completo desconocimiento sobre la situación de los deudores alimentarios en México.
De acuerdo con la defensora, el país cuenta con el porcentaje más alto en América Latina en cuanto a paternidades ausentes. Aquí, el 40 por ciento de la población infantil tiene un padre ausente.
Vázquez Ruiz aseveró que este problema está presente en las esferas de poder en la República mexicana. Muestra de ello –aseguró– es el caso del ex presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel.
En 2013, Góngora argumentó que sus dos hijos vivían con autismo y por lo tanto no tenían derecho a la recreación como para recibir una pensión alimentaria. Por otro lado, de acuerdo con la impulsora de la Ley Sabina, el ex presidente de la Suprema Corte usó sus redes de poder para argumentar que recibía el salario mínimo.
La acción promovida por Rosario Piedra Ibarra no contempla, precisamente, que los deudores alimentarios muchas veces hacen uso de sus posiciones laborales para burlar sus responsabilidades. Tampoco toma en cuenta que detrás del incumplimiento de la pensión es frecuente que haya otras violencias cometidas contra las mujeres desde antes de la separación de sus parejas.
Desde la perspectiva de Diana Luz Vázquez, permitir que los deudores ocupen cargos públicos contribuye a la normalización de la violencia contra las mujeres e infancias en México; más aún: acrecienta la posibilidad de que las mujeres sean revictimizadas incluso desde las esferas gubernamentales.
Acciones de Piedra Ibarra ponen en riesgo legislaciones locales contra deudores
Durante la conferencia de prensa realizada este 17 de agosto en la Cámara, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez recordó que el artículo 4 de la Constitución Mexicana establece que se debe cumplir con el principio de interés superior de la niñez.
Para Diana Luz Vázquez, dicho interés –vertido en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez– debe cumplirse sobre cualquier otro de acuerdo con el principio de ponderación de derechos. Sin embargo, Piedra Ibarra intenta sobrepasarlo con sus propuestas.
Además, estas acciones ponen en riesgo las iniciativas que Vázquez Ruiz y otras defensoras promueven en diferentes estados de la República para evitar que los deudores alimentarios sean funcionarios públicos. Ahora, las iniciativas dependen de la decisión que la SCJN tome respecto a lo planteado por Rosario Piedra.
Por ello, Diana Luz Vázquez aseguró que el movimiento feminista dará una fuerte lucha para evitar que las acciones de inconstitucionalidad se aprueben. La activista agregó que si esto último sucediera, 35 millones de madres quedarían en situación de vulnerabilidad y habría un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.
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